Córdoba: legisladores juecistas denunciaron por defraudación en grado de tentativa al ministro de Seguridad

CÓRDOBA.– Un intenso cruce se generó entre los legisladores cordobeses del juecismo (Frente Cívico) y el ministro de Seguridad del gobernador Martín Llaryora, Juan Pablo Quinteros, quien perteneció a esa fuerza. Los parlamentarios, junto a Gregorio Hernández Maqueda (exCoalición Cívica-ARI), denunciaron a Quinteros en la Justicia por “presunta defraudación a la administración pública en grado de tentativa” en la compra de vehículos para las guardias urbanas de prevención. El ministro, en una conferencia de prensa posterior, afirmó que ese proceso había sido dado de baja.

El legislador Walter Nostrala explicó que la compra era de 400 vehículos cero kilómetro para la guardia urbana. “Se llamó a subasta y se adjudicaron, a través de una resolución. Cada uno a un valor de $38.000.000, cuando en el mercado cuestan $23.000.000. El sobreprecio en cada vehículo es de más de $15.000.000. Lo que hay, por lo menos, es una intención de defraudar al Estado. Que no se concretó porque el Tribunal de Cuentas no aprobó el expediente”. De acuerdo a los números señalados por los denunciantes, ese sobreprecio de 15 millones de pesos por cada una de los 400 vehículos en danza habría implicado un desfalco de 6000 millones de pesos.

El juecismo controla hoy el Tribunal de Cuentas y los legisladores sostuvieron que la Provincia desistió de la subasta este mismo jueves. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Distrito 3, Turno 5. “Como funcionarios públicos, tenemos el deber de denunciar ante la Justicia la posible comisión de un delito, en este caso en grado de tentativa porque todavía el acto no se habría consumado”, enfatizó Hernández Maqueda.

Quinteros, quien tiene una larga historia de presentación de denuncias contra las administraciones provinciales de Córdoba por supuestos casos de corrupción, indicó que la presentación judicial de los opositores se hizo “con una copia certificada del expediente, porque lo advertimos nosotros. Nosotros mismos advertimos que el precio estaba desfasado”. Planteó que hay en marcha otra compra de 600 vehículos.

“Esto se hizo por un proceso de subasta electrónica, que es el mecanismo más transparente que tiene la administración pública, ya que durante una determinada cantidad de horas todos los oferentes que quieran van viendo qué precios van ofreciendo y van bajando”, añadió. Las adjudicatarias fueron Tagle, con los Renault Sandero y Grupo Quijada, con los Peugeot 208.

El ministro insistió en que el área financiera de Seguridad advirtió que las condiciones de mercado “habían cambiado por el segundo trimestre, con deflación. Los autos habían bajado de precio y efectivamente dimos de baja el proceso de compra”.

Dejó abierta la posibilidad de ir él a la Justicia, ya que “hacer una falsa denuncia es un delito”. Y añadió: “Yo puedo dejar que se cuestione el plan de seguridad, si vamos bien o mal, lo que no voy a dejar en manos de nadie es mi honorabilidad”.

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