Córdoba: empleados judiciales no aceptan vacunarse ni hacerse un PCR cada 72 horas y denuncian mobbing laboral
El Superior Tribunal de la provincia ordenó que retomen la presencialidad y que serán licenciados sin goce de sueldo si no cumplen esas condiciones
PARA LA NACION
CÓRDOBA.- Tres grupos de empleados del Poder Judicial de Córdoba -unas 60 personas en total- presentaron recursos de reconsideración (dos en la órbita provincial y uno en la federal) y advierten que están dispuestos a llegar a la Corte Suprema en rechazo de un acuerdo reglamentario del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, que ordenó que desde este miércoles deben regresar a trabajar de forma presencial quienes tienen el carnet de vacunación completo o recibieron una dosis pero no tienen comorbilidades. La medida obliga a quienes no están vacunados a presentar un PCR negativo cada 72 horas, o serán licenciados sin goce de sueldo.
La disputa, por ahora focalizada en los tribunales cordobeses, podría generar un antecedente para las pulseadas que los grupos antivacunas encaren a futuro en otros ámbitos, cuando el operativo de vacunación nacional comienza a dejar en evidencia la reticencia de un sector de la población a inmunizarse contra el Covid-19, pese a las campañas de concientización y promoción.
Según el acuerdo 1712 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, solo quedan dispensados de ir de manera presencial los empleados que recibieron la primera dosis y tienen comorbilidades con certificado y también quienes sean pacientes oncológicos, trasplantados e inmunodeprimidos. Desde el tribunal indicaron a LA NACION que las presentaciones están “a estudio y, por lo tanto, el TSJ no puede adelantar postura”.
La abogada Mariela Pérez Cesaratto representa a un grupo de, hasta ahora, 14 empleados entre los que hay objetores de conciencia y gente con comorbilidades que rechazan la decisión del máximo órgano judicial cordobés. La exigencia de vacunación es independiente de la edad y de la situación de riesgo.
“Es una práctica coactiva por parte del Estado, en mobbing laboral”, define a LA NACION la abogada y asegura que quienes tomaron esa decisión son “los mismos que el 30 de abril pedían un vacunatorio vip para los jueces”.
En esa fecha se abrió un debate porque los jueces federales pidieron una “pronta inclusión” en los turnos de vacunas contra el Covid-19 de 47 empleados jerárquicos, pero desde la Justicia provincial se despegaron de ese planteo y recomendaron pedir turnos como el resto.
Para Pérez Cesaratto el pedido de un PCR negativo cada 72 horas es “anticientífico, violatorio de las libertades personales”. Los empleados piden que se cumpla el “mismo procedimiento que para un supermercado o un comercio: usar máscara completa, guantes de nitrilo y toma de fiebre”.
Cuestionan también el proceso exprés en el que se elaboraron y testearon las vacunas contra el coronavirus y advierten que a otros visitantes de los tribunales -por empezar, a los abogados- no se les exige la vacunación. Pérez Cesaratto sostiene que ha consultado y a una persona con rinitis alérgica, sinusitis o desviación de tabique “ese examen le hace sangrar la nariz y es susceptible a cualquier tipo de infección”.
En contacto con este diario, el secretario general de los Judiciales, Federico Corteletti, dijo que “hay que profundizar la concientización y explicación sobre los efectos positivos de la inmunización, apelar a la persuasión o medidas de estímulo positivo más que la coerción contra quienes aún no dieron el paso, convenciéndolos de que se trata de una cuestión de solidaridad social”.
“Rechazamos esa medida y aún sin estar de acuerdo con la posición individual de quienes optan por no inmunizarse ,el gremio está a disposición de dichos afiliados o afiliadas para canalizar sus planteos administrativos a la patronal”, añadió.
A comienzos de este mes la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba declaró abstracta una acción de amparo presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra las normas nacionales y provinciales, emitidas el año pasado, que regulaban el retorno a la presencialidad de los empleados públicos provinciales.
El amparo pretendía, como medida cautelar, que la Provincia suspenda la convocatoria a trabajar de manera presencial a personas de riesgo con una sola dosis y al personal de Salud con comorbilidades aun con las dos dosis. Como la Provincia extendió el receso para esos grupos, el amparo quedó en vía muerta. La camarista María Inés Ortiz determinó que la dispensa de presencialidad laboral debe ser solicitada en cada caso particular.
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