Control de precios: los intendentes advierten que tienen pocos inspectores
LA NACION
LA PLATA.- Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires se preparan de manera dispar para fiscalizar los abusos en los controles de precios, dispuestos por el decreto presidencial que se publicará en las próximas horas. Es parte de una estrategia oficial para evitar el incremento de los precios en medio de la pandemia del coronavirus.
Hay pocos inspectores. Y procedimientos disimiles para penalizar excesos, y hay distritos donde se confisca la mercadería y se reparte entre los más humildes. También hay otros municipios en los que el control de precios se limita a labrar un acta.
Hay otros distritos, como La Matanza, que ya dispusieron una clausura ejemplar a grandes cadenas de supermercados. En ese distrito se clausuró el supermercado Coto de Ramos Mejía por violación a la ley 18.284. Y decreto ley 8751/77 -por cuestiones de bramatología e higiene- hace cuatro días. En ese distrito ya se clausuraron 17 comercios en lo que va de la cuarentena. Todas vinculadas a seguridad e higiene.
Desde ahora se podrán imponer sanciones y multas por excesos en los precios, afirman los alcaldes, una facultad antes reservada a la Secretaría de Comercio interior. Pero muchos jefes comunales dudan de poder hacer un control exhaustivo por falta de personal.
"Para nosotros es muy difícil alcanzar a todos los comercios por la gran superficie que tenemos. No disponemos de personal para hacer esa tarea", informó a LA NACION Gastón Granados intendente interino de Ezeiza. "En cada barrio vamos a los comercios más grandes. A los que más gente reciben y los controlamos", dijo. "Nosotros no clausuramos ni multamos. Incautamos la mercadería que se excede en los precios y se la damos a la gente con menos recursos", dijo el alcalde. "Si clausuramos provocamos daño no sólo al comerciante. Más aún a los vecinos del barrio que van a comprar allí", añadió.
"Sin duda, nunca alcanzan los inspectores para tantas demandas, pero haremos lo mejor posible", se informó en Tres de Febrero, el distrito gobernado por Diego Valenzuela. "Tenemos un área de fiscalización y control que habitualmente fiscaliza habilitaciones de bramatología, seguridad e higiene y últimamente estaba colaborando con el control de precios máximos", se dijo en ese distrito.
Es que el gobernador Axel Kicillof ya dictó hace diez días un decreto que facultó a los intendentes para el control, tal como hará Alberto Fernández para todo el país, y creó un sistema integral de monitoreo centralizado.
Pero muchos intendentes no siguen los lineamientos del gobierno provincial. Los funcionarios del Ministerio de Producción bonaerense, a cargo de Augusto Costa, no conocían aún hoy texto del decreto que publicará la Nación. Algunos intendentes del conurbano tampoco conocen a fondo el decreto que dictó Axel Kicillof el 27 de marzo.
Si el decreto de Fernández va en línea con el de Kicillof, los municipios deberán informar de manera sistemática a los gobernadores a través de un sistema unificado y aplicar criterios fijados por la respectiva provincia. Hasta ahora, esa uniformidad de criterios no existe, lo que da lugar a que la ley se aplique con más o menos rigurosidad, según el municipio.
"Nosotros tenemos 20 inspectores que ya hacen controles de bramatología e higiene. A eso se suma el control de precios", dijo Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. "No teníamos hasta ahora facultades para clausurar. Así que hasta ahora labramos actas y notificábamos las infracciones a la secretaría de comercio interior. Nos adecuaremos ahora al decreto presidencial", dijo el intendente a LA NACION.
En la municipalidad de La Plata se informó que 15 equipos trabajan en el control de precios y ya se verificaron 246 supermercados. Se labraron 13 actas de infracción por abusos o faltas de precios.
En las comunas más chicas del interior, como en Tordillo sólo se comunica a los comercios que tienen una semana para adecuarse, según dijo el jefe comunal. "El lunes comienzan los controles", advirtió Héctor Olivera, alcalde , local.
Las clausuras aún no están previstas para casos de excesos en los precios. El caso de la clausura del local de Coto, en La Matanza, es acaso excepcional.
El Ministerio de Producción bonaerense determinó que la clausura definitiva debe ser el último recurso, para evitar problemas de abastecimiento en la zona fiscalizada. También hizo hincapié en el control de la lista de precios de las distribuidoras que venden sus productos a los comercios minoristas. La idea es que las denuncias no provengan solo de los consumidores, sino también de los comerciantes.
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