Opinión: control de precios, una herramienta para proteger a los consumidores
El 6 de abril presentamos ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley con el fin de otorgar facultades a los municipios para inspeccionar, controlar y sancionar abusos en los precios a consumidores, aumentando y actualizando los montos de las sanciones pecuniarias y endureciendo las penas en casos de emergencias o crisis como la que estamos viviendo a partir del aislamiento social y obligatorio producto del Covid-19.
En el marco de la convocatoria del presidente Alberto Fernández a trabajar en conjunto, oficialismo y oposición, dejando de lado grietas absurdas que sólo han generado enormes distanciamos y enfrentamientos constantes entre argentinos y argentinas que ningún beneficio ha generado para el desarrollo del país, desde la Cámara de Diputados y el Bloque Juntos por el Cambio, por un lado, y desde el Senado y el Bloque Frente de Todos, por el otro, impulsamos esta iniciativa. Es clara la sintonía con la voluntad expresada por el Presidente a partir del reclamo de diversos Intendentes ante la ausencia de herramientas para controlar abusos en los precios.
A través del Decreto 351 / 2020 (8 de abril) del Poder Ejecutivo Nacional, el presidente Fernández convoca a los intendentes e intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control de las disposiciones establecidas por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo -en su condición de Autoridad de Aplicación de la Ley de Abastecimiento-, relacionadas con la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general, principalmente aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene.
En los fundamentos del decreto se hace mención a la necesidad de adoptar medidas que garanticen a la población el acceso a ciertos bienes esenciales para cubrir necesidades básicas, todo ello en el marco de la protección de consumidores y consumidoras incorporados como nuevos derechos con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.
En definitiva, la norma nacional invita a los municipios a actuar como agentes de control e inspección para la posterior tramitación y sanción en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior.
En nuestro caso, y como legisladores de la provincia de Buenos Aires, ante los aumentos injustificados de precios que se verifican en bienes y servicios de todo el territorio bonaerense, venimos trabajando hace semanas en la ampliación de la Ley Provincial de Defensa del Consumidor, justamente para dotar de herramientas y facultades definitivas de control, inspección y sanción a los 135 municipios, ante el incumplimiento de toda la legislación nacional y provincial que vulnere los derechos de consumidores y consumidoras, incluyendo entre ellas la Ley de Abastecimiento, mediante la cual se consolidan esquemas de precios máximos y/o programas y acuerdos como Precios Cuidados.
De esta manera, y de lograrse la sanción del proyecto de ley presentado en ambas Cámaras de la Legislatura de la provincia por legisladores representantes de ambos bloques mayoritarios, los municipios tendrán, finalmente y por primera vez, atribuciones para avanzar en la protección del consumidor y sanción a quienes cometan abusos en los precios.
En el mismo proyecto se actualizan montos a las infracciones, ya que los mismos habían quedado completamente desactualizados con el paso del tiempo, y se prevén multas que van de los $10.000 hasta $10 millones, entre otras sanciones que podrán aplicar los municipios.
Es muy importante destacar que Buenos Aires hace tiempo cuenta con una Ley de Defensa de los Consumidores, en línea con la ley nacional, mediante la cual se prevé la creación de las OMIC -Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor-, cuya existencia y funcionamiento está más que consolidada y con probada eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, de la mano del inmenso trabajo que vienen realizando múltiples asociaciones dedicadas a hacer efectivo el mandato constitucional en defensa del consumidor.
Esto significa que el sistema imperante de coordinación entre Nación, provincia y municipios para dar acabado cumplimiento a la cobertura constitucional del consumo de ciudadanas y ciudadanos resulta ser uno de los más eficaces y mejor desplegados en todo el territorio.
Por eso entendemos que la mejor manera de evitar los abusos en los precios, es con del correcto aprovechamiento de esta herramienta existente que ahora pretendemos mejorar y ampliar con la delegación de atribuciones en manos municipales.
Arraigo
Venimos sosteniendo, principalmente desde el Movimiento Arraigo, cuya titularidad ejerce uno de quienes trabajamos en este proyecto de ley, que los gobiernos locales deben ser relevantes protagonistas en el diseño e implementación de políticas públicas y principales garantes de la ampliación de derechos, en momentos en que la demanda ciudadana es cada vez más amplia y compleja y recae sobre las autoridades de mayor cercanía y accesibilidad para dar respuestas inmediatas a los problemas concretos y cotidianos de la población.
Sin dudas es el Estado Nacional en general, y los Estados provinciales y municipales en particular, quienes deben cumplir el rol vital, no ya de arbitrar los desequilibrios, sino de garante máximo en la consolidación de la equidad e igualdad de argentinos, evitando los excesos que claramente se terminan naturalizando ante un modelo de excesiva concentración que se ha venido consolidando en nuestro país.
Concentración de la producción, de la población en pocos pero muy populosos núcleos urbanos (más del 50% de la población vive en menos del 3% del territorio nacional), de la logística y la distribución, de la tierra en manos de unos pocos evitando el acceso justo al hábitat y el suelo productivo, pero también de la política y los recursos públicos, definen uno de los grandes dramas de la Argentina y los países de la región.
La solución que encontramos es, justamente, la promoción del arraigo: repoblar los territorios con una mirada estratégica de aprovechamiento de la riqueza y diversidad que tenemos en cada región, sin importar la ubicación geográfica ni la cantidad de habitantes, haciendo realidad nuestro sueño federal, en el que vivir en los Valles Calchaquíes, en el Chaco salteño, en Pampa de los Guanacos o en las grandes ciudades implique el acceso pleno a derechos y posibilidades de desarrollo; en el que el desarraigo y la migración permanente dejen de ser un problema estructural.
Alimentos sanos y saludables a precios justos se garantizan con el fortalecimiento de los gobiernos locales en sus funciones y recursos pero también con planificación e incentivos para la producción local y agroecológica, diversidad de productos y marcas en góndolas, mercados concentradores y logistica regional, transporte, conectividad, titularidad de vivienda y tierra, universidades en los territorios con carreras afines a las capacidades productivas y tecnológicas zonales.
Tal vez esta pandemia que nos aísla y obliga a buscar consensos con fuerte respaldo popular nos permita construir una Argentina con desarrollo y posibilidades en cada rincón de nuestro bendito suelo.
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Francisco Durañona es senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos y titular del Movimiento Arraigo; Daniel Lipovetsky es diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio
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