Contradicciones del manual anticasta que ponen en duda la tregua de Milei con la CGT

La caída en prisión de un senador aliado con más de 200.000 dólares sin declarar en la triple frontera, el boicot de legisladores digitados desde la Casa Rosada al proyecto de ficha limpia y que se conozca ahora que es un evasor el jefe del organismo a cargo de la recaudación de los impuestos. Éste es el epítome de una agenda de fin de año incómoda para Javier Milei, quien estaría cada vez más dispuesto a virar hacia el pragmatismo y abandonar el perfil antisistema que lo impulsó a la Presidencia. En esta enumeración podría también caber la novedosa alianza con la casta sindical, que sigue por ahora vigente a pesar de una escalada de conflictos sectoriales que podrían alterar la tregua.

Luis Caputo ordenó que se moderen los aumentos salariales en línea con las proyecciones inflacionarias. El ministro de Economía reforzó su postura después de una reunión privada en el exclusivo Palacio Duhau con los empresarios más poderosos del país. Paolo Rocca, del Grupo Techint, retomó su pedido de “nivelar la cancha” como parte de su reclamo por una mayor baja de impuestos, incluidos los vinculados a los costos laborales.

La primera reacción corporativa de los empresarios tras este encuentro fue plantarse en el Consejo del Salario con una propuesta de aumento del salario mínimo, vital y móvil más moderada de lo que imaginaba el propio Caputo. La voz cantante la llevó Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina (UIA). Las centrales obreras reclamaron elevarlo de $270.000 a $572.000 en diciembre, mientras que la UIA propuso llevarlo a $295.000, pero recién en marzo, a efectivizarse en cuatro cuotas. No hubo acuerdo y por tercera vez, la gestión que hace culto de la libertad dispondrá el monto del aumento por decreto. Significa otro golpe para Julio Cordero, el secretario de Trabajo que se jacta de su espíritu querendón y dialoguista. “Yo no quiero que el funcionario me diga que me quiere mucho, pretendo que resuelva”, se enojó un dirigente gremial. Si la reunión con los empresarios y sindicalistas no hubiera sido virtual podría haber terminado en un escándalo. Alexandra Biasutti, que encabezó el encuentro por parte del Gobierno, evitó otra vez el cara a cara con los sectores. La funcionaria de Capital Humano pidió por “la institucionalidad” del Consejo del Salario, un comité desvirtuado, en el que últimamente hay más imposición que diálogo y negociación.

El malestar sindical venía acentuado porque apenas unas horas antes de la reunión del Consejo del Salario, la Secretaría de Trabajo, por orden de Caputo, había decidido no homologar la paritaria trimestral del gremio de la Sanidad para la rama clínicas y sanatorios por considerar que pone en riesgo la meta inflacionaria. Sanidad, cuyo referente es Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, pactó con las cámaras del sector un aumento de 11,4 en tres cuotas para el período octubre-diciembre.

Una situación parecida atraviesa Hugo Moyano. El jefe camionero bajó su demanda salarial de 15% a 8,5% por un trimestre y accedió a fraccionar en cómodas cuotas un bono de fin de año de $600.000. Sin embargo, hubo una fuerte presión del Gobierno a las empresas del transporte de cargas para no otorgar ese incremento. Se trata de un sector clave porque cualquier suba en este rubro impacta en los precios de prácticamente todos los productos. Moyano comenzó ayer con asambleas en todas las ramas y amenazó con un paro de camioneros para la semana navideña. Trabajo apuró entonces el dictado de la conciliación obligatoria. La pulseada salarial de los Moyano se reanudará en enero.

¿Está realmente en riesgo la tregua que sellaron el Gobierno y la CGT? Por ahora no, y tal vez más por una cuestión de calendario. Sin embargo, se anticipa una escalada de conflictos sectoriales. Abrieron el fuego camioneros, sanitaristas, estatales y ¿aeronáuticos? Los gremios que tallan en Aerolíneas Argentinas volvieron esta semana a la carga por su paritaria, pero también retomaron la batalla política: un dirigente influyente hizo circular ayer que Fabián Lombardo, titular de Aerolíneas Argentinas, había viajado a Miami a pasar las fiestas de fin de año a pesar del pedido de austeridad que se bajó desde la Casa Rosada. En la empresa estatal negaron la versión y afirmaron que Lombardo está en el país. Fue un contraataque de la guerra sucia: la compañía estatal había sido la que en pleno conflicto con los gremios mostró pruebas en septiembre de que Edgardo Llano había viajado de vacaciones a España junto con su esposa y cuatro hijas en clase turista.

Este tenso ida y vuelta entre empleados y empleadores, con el Gobierno muchas veces en un rol pasivo, frustró los planes que Cordero tenía para cerrar 2025. El secretario de Trabajo había convocado el miércoles pasado a los empresarios del Grupo de los Seis y a la cúpula de la CGT para escenificar el diálogo tripartito y coronar un diciembre sin conflictos de magnitud. Cordero hasta imaginó por un momento invitar al encuentro a Sandra Pettovello, la ministra que tiene el área laboral bajo su órbita. La CGT plantó finalmente al Gobierno en rechazo a la intromisión oficial en las paritarias y puso en duda, al menos desde lo retórico, su acuerdo de paz social a cambio de blindar el cobro de la cuota solidaria, no reformar la ley de Asociaciones Sindicales y mantener la fluidez de recursos en sus obras sociales. Había cierta expectativa por el encuentro porque aún resta definir la letra chica de la reglamentación del artículo 242 de la Ley Bases, que se refiere a los bloqueos como “justa causa” de despido. La CGT distingue en el secretario de Trabajo un aliado para mitigar el alcance de la normativa, que fue aprobada hace cinco meses en el Congreso, pero que aún tiene puntos sin precisar, con zonas grises abiertas a interpretaciones disímiles.

La sombra de Barrionuevo

“Decidimos apostar al diálogo, pero no hay eso, ni siquiera. Nos quieren debilitar e imponer una reforma laboral más amplia, como la del DNU 70″, alertó un jerárquico de la CGT que duda de las intenciones de Cordero y también de los empresarios. Su escepticismo trepó después de la frustrada negociación en el Consejo del Salario. Lo cierto es que Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original de reforma laboral que envió al Congreso. Como parte de su pacto con los gremios, excluyó los puntos que atentaban contra la recaudación y representación de los sindicatos, pero también evitó avanzar sobre los costos y penalizaciones. El cambio estructural más novedoso fue la posibilidad de acordar sectorialmente un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Salvo la Uocra, que tiene desde hace años este modelo, no hubo otro gremio que haya decidido abandonar el sistema de cese tradicional que está vigente en la legislación laboral. Hubo algún sondeo con el Sindicato de Comercio, el más numeroso del país, pero Pettovello no logró convencer al legendario Armando Cavalieri. También hubo conversaciones con Luis Barrionuevo, el líder gastronómico que mantiene intactos sus puentes con la gestión libertaria después de su fugaz alianza electoral del año pasado.

La sombra de Barrionuevo se proyecta en dos sindicatos en los que el Gobierno tiene un particular interés. Uno de ellos es la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), que reúne a vigiladores privados, policías exonerados, patovicas, barras bravas y en menor medida a personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Después de años de intervención y padrones nublados de sospechas, la Secretaría de Trabajo habilitó las elecciones y el histórico Ángel García, aliado del gastronómico, retuvo esta semana su poder.

El otro caso en el que influye Barrionuevo, pero que esconde una trama de intereses de alcance inimaginable, es el de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio que administra $9000 millones mensuales mientras que su obra social llegó a tener $1300 millones de superávit. La pelea por el control de la Uatre y su obra social se dirime en la Justicia, pero también en los despachos oficiales. El Gobierno detectó una serie de irregularidades y designó nuevo interventor en la prestadora médica de los peones rurales. Marcelo Carlos Petroni está ahora al frente de la institución. Petroni respondería a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, según deslizaron fuentes cercanas a José Voytenco, el jefe de la Uatre que teme ser desbancado por Pablo Ansaloni, un dirigente opositor que es además diputado nacional de La Libertad Avanza.

Aacorralado por una denuncia judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, Voytenco les abrió las puertas del gremio y la obra social a empresarios vinculados a Barrionuevo y tendió puentes con la gestión libertaria porque siente amenazado su poder. Voytenco le quitó el servicio de seguro de sepelio al grupo Néspola para cedérselo a El Surco, de Jorge Giani y Julio Comparada, casi un hijo para el jefe gastronómico. Comparada fue presidente de Independiente y entre sus clientes tiene a gremios, aunque su gran negocio es con el fútbol, gracias al acuerdo que selló hace años con la AFA en los tiempos de Julio Grondona. La Uatre le paga a El Surco $400 millones mensuales por los seguros de sepelio, según fuentes de la entidad ruralista. Comparada fue hasta hace poco socio del ministro de Salud, Mario Lugones. Lugones fue presidente hasta hace algunos meses de la Fundación Sanatorio Güemes, una clínica en cuyo paquete accionario coinciden el sindicato de gastronómicos, es decir, Barrionuevo, y Comparada. Ahora, a esa mesa se sumó Lule Menem, a través de Petroni, el interventor que dispuso Lugones para la obra social de los ruralistas. La de Uatre es una caja codiciada para los tiempos electorales que se aproximan.

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