De qué Congreso hablamos

El Congreso, como órgano representativo y deliberativo por excelencia, es una pieza esencial del gobierno democrático. Según el Latinobarómetro 2011, el 80% de los argentinos piensa que "sin Congreso no puede haber democracia". Es la cifra más alta en América latina y refleja un claro compromiso ciudadano con la democracia. Muy bien, pero la pregunta es: ¿qué Congreso?

Un Congreso democrático es el espacio para el estudio serio y participativo de los proyectos que han de transformarse en leyes. Se trata, en una república, de un poder independiente que dicta las normas generales, pero que tiene como función esencial el control y equilibrio del poder. Ese es el Congreso indispensable para la democracia.

No le sirve a la república un Congreso parado como el que tuvimos desde 2009. Tampoco le sirve un Congreso que se transforma en una máquina de aprobar cualquier iniciativa que mande el Poder Ejecutivo, sin importar su razonabilidad, su constitucionalidad o su corrección técnica.

Dijo bien la Presidenta al asumir su segundo mandato que la calidad de un Congreso no se mide por la cantidad de leyes que aprueba. Lo que hay que tener en cuenta es la calidad de esas leyes. Y la calidad de las leyes es producto del estudio serio, el debate civilizado, la deliberación amplia y el consenso político.

Mayoría y razón

Tener mayoría no significa tener razón. Ni cuando la mayoría es oficialista ni cuando la mayoría está en manos de la oposición. La historia está plagada de ejemplos en que mayorías democráticamente elegidas han puesto en peligro las libertades ciudadanas y el valor de las instituciones republicanas e incluso han terminado por desvirtuar la democracia misma.

No es mejor el Congreso que tenemos desde el 10 de diciembre porque haya aprobado en menos de dos semanas un presupuesto basado en una pauta de inflación dibujada; un conjunto de normas de emergencia que delegan en el Ejecutivo un sinnúmero de facultades a pesar de que el relato oficial habla de éxitos y no de emergencias; una ley sobre terrorismo que parece orientada –como ya adelantó un alto funcionario– a penalizar la protesta social o la simple disposición de la propiedad privada; otra ley que faculta al Gobierno a controlar un insumo indispensable para la libertad de prensa, violando la Constitución y los tratados internacionales.

No es mejor el Congreso por haberle otorgado a la Presidenta la facultad de determinar por decreto quién paga y quién no paga impuestos, violando el principio básico y originario de la democracia. No han mostrado los legisladores de la mayoría la misma celeridad para aprobar la ley de acceso a la información pública, la eliminación de los superpoderes o la regulación de la publicidad oficial, por sólo mencionar algunos ejemplos.

Hace mucho que en la Argentina el Congreso no funciona como es debido en una república seria. Tan estéril para la democracia es un congreso que impide todo como aquel que aprueba cualquier cosa.

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