Constitucionalistas señalan que un decreto de necesidad y urgencia debilitaría al gobierno de Mauricio Macri

Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez una reforma previsional convertida en ley mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) le valdría al presidente Mauricio Macri “una suerte de suicidio político”. Según explicó a LA NACION, el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún fundamento avalado por la Constitución Nacional para realizar la reforma de esta manera.

Quizás por eso comenzó a circular en los últimos minutos la decisión de dar marcha atrás con una idea que podría costarle al oficialismo la pérdida de cierta legitimidad. “No tendría ningún fundamento utilizar un DNU porque el propio Presidente llamó a [sesiones] extraordinarias y el Congreso está funcionando”, dijo Gil Domínguez. Y enfatizó que no se dan ninguna de las causales que contempla la Constitución para que se dicte un decreto.

Para el abogado y ex diputado nacional por la UCR Ricardo Gil Lavedra un posible DNU no es admisible de ninguna forma. "Los problemas en el trámite ordinario de sanción de las leyes no justifican un DNU", dijo. Y agregó: "Con mayor razón en este caso que tiene media sanción y están habilitadas las extraordinarias".

El constitucionalista Félix Lonigro opina en igual sentido que sus colegas, aunque con algunas distinciones. Pero en lo que coincide plenamente con Gil Domínguez es en el grave error político en el que incurriría el Gobierno si avanza con un decreto. “No me parecería acertado, desde el punto de vista técnico el Presidente puede ejercer cualquier atribución del Congreso menos las impositivas, las penales y las vinculadas con el régimen electoral y con partidos políticos”, explicó Lonigro en un principio.

Ello está establecido en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Fuera de eso el Presidente puede ejercer cualquier atribución del Congreso, con algunos requisitos. Así, Lonigro explicó: “Pero para que el Presidente pueda hacer eso tiene que cumplir -además de con lo que mencioné anteriormente- con tres requisitos más. Tiene que haber circunstancias excepcionales, todos los ministros deben avalar el decreto y el Congreso debe aprobar ese DNU”.

Según el especialista, de esos cuatro requisitos que el Presidente debe cumplir, cumpliría con tres. “El único problema constitucional sería si hay realmente circunstancias excepcionales para sacar ese decreto, porque la Corte lo podría objetar, no es que el Congreso no se reunió. Para mí, circunstancias excepcionales… creo que a ese filtro no lo pasa”, enfatizó.

Gil Domínguez agregó que, desde el punto de vista político, el dictado de una medida de esta naturaleza tras lo acontecido hoy por la tarde tanto en las inmediaciones del Congreso como en el interior del recinto debilitaría al Presidente. “Mostraría a un presidente débil cuya legitimidad obtenida en las urnas se vería evaporada por esta medida totalmente infundada. Por el llamado a extraordinarias que él hizo se contradice y desconoce el funcionamiento del Congreso, sustituye a un Congreso que él mismo convocó. Es una suerte de suicidio político esto”, arrojó.

Si el DNU es firmado por Macri luego seguirá su curso hacia el Congreso donde, según Gil Domínguez, si una de las cámaras lo aprueba se lo da por válido. “Esto funciona así porque así lo estableció una ley de la época del kirchnerismo y que todos los constitucionalistas consideramos que es inconstitucional”, dijo. Si bien según la Carta Magna aprobar un DNU requiere el acuerdo de ambas cámaras, el kirchnerismo modificó aquello mediante la promulgación de la ley 26.122.

Si el Gobierno prosigue con la firma del DNU, en un futuro podría ser tildado de inconstitucional e incluso impugnado por la Justicia. Lonigro señaló que el Gobierno debería seguir insistiendo y negociando la ley previsional "porque hay media sanción, ésto se podría lograr en diputados con más tiempo”, dijo. El constitucionalista asumió que para Cambiemos la única ganancia al sacar esta reforma sería la económica. “Se estaría haciendo prevalecer una necesidad de ‘cuentas en orden’. Supongo que ellos habrán hecho los números y considerarán que esta reforma los ayuda fiscalmente; pero políticamente esa óptica no deja bien parado al Gobierno”.

Algunos puntos que Lonigro tildó como positivos de la posible reforma es que admitiría una "actualización" trimestral y no semestral como sucede ahora, y que se llevaría el 82% móvil a los jubilados que cobran la mínima. “Por otra parte ésta es una reforma que a los jubilados los podría beneficiar en el mediano y largo plazo con una economía sana, pero el problema es si la va a lograr o no”, añadió.

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