Consejo de la Magistratura: aprueban el presupuesto para la Justicia sin los nuevos cargos previstos en la reforma
El Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana el anteproyecto del presupuesto para el Poder Judicial en 2021, que no contempla los nuevos cargos que se crearían si se concreta la reforma de la justicia que impulsa el kirchnerismo. El presupuesto aprobado esta mañana en el plenario del organismo asciende a $70.829 millones, $5800 millones más que los fondos que se tiene previsto gastar durante 2020.
Se trata del primer número calculado por la Administración General del Poder Judicial, que hoy fue aprobado por el Consejo, luego será modificado por la Corte Suprema (que agrega a este número su presupuesto) y, luego, enviado por el máximo tribunal al Poder Ejecutivo, que es el que dispone qué cantidad de fondos finalmente se le otorga a la Justicia. El 98% de los gastos de este anteproyecto se destinará al pago de los sueldos para unos 4574 empleados del Poder Judicial.
El Consejo es el organismo responsable llevar adelante la administración del Poder Judicial, es decir, se ocupa en la práctica del pago de sueldos y de las cuestiones de infraestructura como las reformas o arreglos edilicios en los juzgados, entre otras cosas. La Corte Suprema, en cambio, tiene su propio presupuesto. Por este motivo, el Consejo es el encargado de realizar la proyección anual de los gastos para el Poder Judicial, que suele hacerse durante agosto.
El primer anteproyecto, que fue tratado en comisión del Consejo, proyectaba la creación de 137 nuevos cargos de jueces federales que estaban previstos en la reforma judicial impulsada por el oficialismo que hoy mismo sería aprobada en el Senado. Pero esa estimación oficial sobre el presupuesto fue modificada a pedido de la oposición la semana pasada -acordada con el oficialismo-, lo que hizo modificar el anteproyecto en $850 millones menos.
El plan presupuestario para 2021 aprobado hoy en el Consejo no contempla aumentos salariales, pero los $5800 millones extra que se pidieron en comparación a 2020 contemplan más gastos por la inflación y, sobre todo, por las nuevas condiciones laborales impuestas por la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, está prevista la compra de cientos de computadoras portátiles para el trabajo remoto y también la adquisición de materiales para la prevención en los juzgados.
La planificación presupuestaria no incluye la creación de los nuevos juzgados previstas en la reforma judicial, pero sí se habilitarán fondos para cubrir cientos de cargos vacantes en juzgados y tribunales que ya fueron construidos en distintos lugares del país, pero que todavía no han sido habilitados para funcionar.
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