Consejo de la Magistratura: el voto de una diputada clave puso en alerta a Juntos por el Cambio

La exclusión de la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura, un órgano clave en la selección y remoción de los jueces, se ha convertido en la nueva obsesión de Cristina Kirchner. Descontado que esta semana el Frente de Todos dará media sanción al proyecto en el Senado, todas las miradas apuntan a la Cámara de Diputados, donde Juntos por el Cambio se puso en alerta ante la posibilidad de que el oficialismo, que ya se lanzó a la caza de votos, consiga la mayoría para convertirlo en ley.

La iniciativa que aprobará el oficialismo en el Senado propone un Consejo de la Magistratura con 17 integrantes –en la actualidad son 13–, pero le cierra la puerta a la participación de la Corte Suprema. Así, mantiene incólume una de las piedras basales de la ley que se aprobó en 2006 a instancias de Cristina Kirchner y que fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal en diciembre último. En la vereda contraria, Juntos por el Cambio sostiene que la Corte Suprema –por medio de su presidente– no solo debe estar representada en el organismo sino que, además, debería presidirlo. Quién mejor que el titular de la Corte Suprema –un órgano rico en recursos– para administrar el desequilibrio presupuestario del Poder Judicial, aducen.

Una tercera alternativa es la que enarbola la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño, quien, además, se desempeña como miembro del Consejo de la Magistratura. Camaño propone que la Corte Suprema cuente con una silla en el Consejo pero, a diferencia de Juntos por el Cambio, insiste en que no debería presidir el cuerpo. No sólo eso: sugiere que el representante del alto tribunal sea rotativo por un año para que todos los jueces de la Corte y no solo su presidente ejerzan la representación en el Consejo.

En Juntos por el Cambio miran la propuesta de Camaño con desconfianza. “El único sentido que tendría que la Corte Suprema integre el Consejo de la Magistratura es para presidirlo; sería una humillación para un juez del máximo tribunal equipararlo al nivel de los abogados, de los académicos o de los jueces. Se desconocería la jerarquía que tiene la Corte Suprema”, esgrimen en la principal coalición opositora.

Camaño rebate estos argumentos. La diputada bonaerense no coincide en que el representante de la Corte Suprema asuma facultades omnímodas en el Consejo de la Magistratura por el solo hecho de integrar el máximo tribunal de Justicia. Advierte que no son buenos los antecedentes cuando en el pasado, previo a la reforma de 2006, el presidente de la Corte, a su vez titular del Consejo, concentraba el manejo de los millonarios recursos del Poder Judicial. “Había favoritismos”, desliza, y propone que la Corte participe de la administración del presupuesto de la Justicia pero dentro de una comisión integrada por los demás estamentos.

La postura de la diputada Camaño despertó todo tipo de suspicacias en sus colegas de Juntos por el Cambio. “Graciela está por acordar con el oficialismo para que la ley de modificación del Consejo de la Magistratura se apruebe con atribuciones recortadas para la Corte”, advierten. Antecedentes no le faltan a los opositores para su desconfianza: en 2020 Camaño votó con el oficialismo en el Consejo de la Magistratura para que el Poder Ejecutivo revise el traslado de diez jueces federales efectuado durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerar que el nombramiento de designación debía sortear el aval del Senado. Entre esos jueces figuraban Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal porteña, quienes habían ratificado el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Kirchner en varias causas en la que se investiga a la vicepresidenta por actos de corrupción, como la de los cuadernos de las coimas.

Camaño, veterana en las lides legislativas, hace caso omiso de las presiones y las sospechas que se despiertan sobre ella. “Hasta ahora nadie del oficialismo se contactó conmigo para negociar nada”, asevera. Y enfatiza: “La Constitución y las leyes son claras: en el Consejo de la Magistratura deben estar representados los jueces de todas las instancias, la Corte es una de esas instancias, pero en ningún lugar se establece que debe presidirlo”, sentencia.

Voto a voto

Lo cierto es que la postura de Graciela Camaño abrió una rendija que el oficialismo en la Cámara de Diputados podría aprovechar si está en su ánimo negociar una nueva redacción del proyecto proveniente del Senado. El oficialismo, en minoría con 118 miembros, necesita once diputados aliados para alcanzar el quorum. Se descuenta que contará con el apoyo de los cinco miembros del interbloque Provincias Unidas: allí revistan los diputados que responden al senador rionegrino Alberto Weretilneck, quien facilitará esta semana la media sanción en el Senado tras negociar algunos retoques al dictamen original. Con 123 legisladores asegurados, al Frente de Todos aún le falta asegurarse otras seis voluntades. Si los cuatro diputados de izquierda accedieran a sentarse en sus bancas –aún en su rechazo al proyecto oficialista–, el oficialismo estaría muy cerca de conseguir su objetivo.

Allí aparece el interbloque Federal, con sus ocho diputados, como la gran esperanza blanca para el Frente de Todos. En su seno las posiciones están divididas. Los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti sostienen, al igual que Juntos por el Cambio, que el presidente de la Corte Suprema es quien debe presidir el Consejo de la Magistratura. En el mismo sentido se expresa Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque, que hizo suyas las declaraciones de su jefe político, el exministro de Economía Roberto Lavagna.

La diputada Camaño afirma lo contrario y así lo plasmará en un dictamen en minoría cuando el tema se discuta en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, en las cuales ella actuará como única representante del interbloque.

Aunque logre acercar posiciones con Camaño, el oficialismo no necesariamente tendrá el camino libre de obstáculos alcanzar sus objetivos. La diputada bonaerense pretenderá sellar una eventual modificación de la media sanción del Senado con los dos tercios de los votos para impedir que los senadores que responden a Cristina Kirchner impongan la versión original cuando el proyecto retorne al Senado. “Solo conseguirán mi voto si se acepta que la Corte Suprema integre el Consejo de la Magistratura”, sentencia Camaño. Habrá que ver si la vicepresidenta se allana a aceptar sus condiciones.

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