Consejo de la Magistratura: ahora el kirchnerismo acepta cambios al proyecto para poder aprobarlo

En un duro golpe político para el oficialismo y para la vicepresidenta Cristina Kirchner, el bloque de senadores del Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás e introducirle cambios al proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura al que, apenas una semana atrás, le había dado dictamen sin aceptar ninguna modificación.

Sin la mayoría absoluta de 37 votos afirmativos que requiere la Constitución para reformar el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo debió suspender la sesión que pensaba celebrar este miércoles y sentarse a negociar modificaciones al proyecto con el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El traspié oficialista quedó representado en una inédita puesta en escena. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, las mismas que la semana pasada habían firmado el dictamen, celebraron esta tarde un “reunión informativa” con el único fin de explicar los cambios que se le introducirán al despacho cuando se discuta en el recinto la semana próxima.

“Desde que se dictaminó se recibieron propuestas de distintos legisladores que hemos aceptado. Por eso hemos convocado a esta reunión, para que las expongan”, afirmó en el inicio del encuentro Guillermo Snopek (Jujuy), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sin embargo, el punto de inflexión fue la decisión de la peronista disidente Clara Vega (La Rioja) de tomar distancia del kirchnerismo en este tema. Sin su apoyo, al que en el oficialismo daban por descontado, el Frente de Todos se quedó sin los votos necesarios para aprobar el proyecto.

Así fue como, mascullando bronca y después de extensas y frenéticas reuniones, el bloque que preside José Mayans (Formosa) debió negociar y aceptar algunos de los cambios propuestos por Weretilneck.

Lo llamativo del caso fue que el rionegrino siempre estuvo predispuesto a votar con el oficialismo si le aceptaban algunas de las propuestas que había volcado en un proyecto de su autoría. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli (Neuquén), cumpliendo órdenes de Cristina Kirchner, se negó a modificar el proyecto redactado por el Poder Ejecutivo.

Todo esto redundó en la demora de una semana del tratamiento del proyecto, una cuestión que cobra relevancia si se toma en cuenta que el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura fijó un plazo de 120 días para que el Congreso dicte una nueva ley. Ese período vence el próximo 15 de abril. Esto significa que, en el mejor de los casos, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados menos de diez días antes de esa fecha.

Los cambios aceptados por el oficialismo no modifican la intención del kirchnerismo de mantener a la Corte Suprema de Justicia al margen del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces de tribunales inferiores.

El proyecto del Gobierno establece un Consejo de 17 integrantes, en la actualidad son 13, pero le vuelve a cerrar la puerta a la participación de la Corte, igual que la ley sancionada en 2006, redactada por Cristina Kirchner y declarada inconstitucional por el tribunal en diciembre último.

El proyecto original de Weretilneck le reconocía a un miembro del máximo tribunal la presidencia del Consejo, pero esto no fue aceptado por el kirchnerismo. Este cambio de postura quedó expuesto tras la intervención de Luis Naidenoff (UCR-Formosa). “Para nosotros, la intervención de la Corte es el debate, cada uno sabrá porque cede”, afirmó el jefe del bloque radical en alusión al senador por Río Negro.

Los cambios introducidos al proyecto están relacionados con “una mirada y una participación más federal”, según destacó Weretilneck. En esencia, establecen que los miembros los estamentos de jueces y abogados, cuatro cada uno, deben representar a cada una de las cuatro regiones (AMBA, Norte, Centro y Sur) en las que se dividirá el país. Además, el Consejo deberá sesionar al menos una vez por trimestre en el ámbito de alguna de esas cuatro regiones.

A estos cambios se sumó una propuesta de la misionera Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) para que el representante del Poder Ejecutivo se alterne entre un hombre y una mujer por períodos de un año.

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