Balance del Congreso: las sesiones extraordinarias desnudaron diferencias en el oficialismo

La sanción de la legalización del aborto, de la nueva fórmula jubilatoria y del impuesto a la riqueza parecen mostrar un balance más que positivo para el oficialismo en el Congreso durante los casi tres meses de sesiones extraordinarias habilitadas por el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Es que el Frente de Todos fracasó en su intento por aprobar los proyectos más conflictivos de la agenda, lo que deja al descubierto las diferencias internas que campean al interior de la coalición oficialista y, sobre todo, las distintas agendas que manejan los líderes del Frente de Todos.

Así, mientras Alberto Fernández pudo celebrar en diciembre la legalización del aborto como un triunfo propio y el cumplimiento de una promesa electoral; Cristina Kirchner sigue esperando que la Cámara de Diputados avance con la reforma del Ministerio Público Fiscal.

No es el único tema surgido de la usina del Instituto Patria sin consulta con la Casa Rosada que duerme en Diputados. La misma suerte corren los cambios en la ley de Defensa de la Competencia, que busca colonizar el tribunal que debe resolver diferendos comerciales; y la suspensión de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), iniciativa que busca bloquear una de las "joyas" legislativas del macrismo.

La otra cara de la moneda es Máximo Kirchner, quien logró sancionar en estas extraordinarias el impuesto a la riqueza y la controvertida modificación a la ley del manejo del fuego para impedir la venta de tierras afectadas por incendios. El jefe de lo diputados del Frente de Todos es uno de los grandes ganadores del período.

Otro tema que se mantiene empantanado por las diferencias internas en el oficialismo es la modificación del cronograma electoral de este año como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores peronistas, con apoyo de sus pares radicales, lanzaron en diciembre el tema de la suspensión de las primarias con aval de Fernández. Pero en el camino se encontraron con el obstáculo del rechazo de Máximo Kirchner y La Cámpora.

Si bien ahora se barajan alternativas que podrían alinear al Frente de Todos detrás de una única posición sobre las PASO, el tema no pudo ser tratado en febrero ya que la Cámara baja, tras la reunión que celebró el pasado 11 del corriente, no pudo volver a sesionar. Recién podrá hacerlo después de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Por esta misma razón tampoco quedó tiempo para que el Congreso apruebe en extraordinarias la reforma en el Impuesto a las Ganancias presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sin embargo, esta demora es toda un éxito para el oficialismo, que pretende mantener en cartelera el mayor tiempo posible un tema que pretende explotar electoralmente.

Números

El Poder Ejecutivo habilitó 35 temas para tratar en sesiones extraordinarias entre el 10 de diciembre y el próximo 28 de febrero, período en el que se sancionaron 14 leyes hasta la fecha.

Desde que el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de diciembre, la Cámara alta sesionó en seis oportunidades, el doble de las reuniones celebradas por los diputados.

Esta diferencia se explica en varios factores. A la mayoría que ostenta el Frente de Todos en el Senado se le opone el hecho de que el oficialismo necesita de aliados para habilitar una sesión en la Cámara baja.

Pero, además, Massa debe lidiar con la agenda de Cristina Kirchner, que provoca tanto el rechazo de Juntos por el Cambio como de los bloques filo-opositores que suelen ayudar al oficialismo a reunir quorum.

Como si esto fuera poco, el Gobierno ayudó a enrarecer el panorama político al negarse a incluir en el temario de extraordinarias la prórroga de los beneficios de la ley de biocombustibles.

Los bloques "lavagnista" y Federal, con quienes se había cerrado el acuerdo para sesionar, vieron en esa negativa un incumplimiento de la palabra empeñada por el oficialismo y esto dinamitó el acuerdo que había alcanzado el Frente de Todos para aprobar un protocolo que prorrogaba las sesiones virtuales en Diputados.

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