Congreso | Fuerte rechazo al decreto de necesidad y urgencia que habilita al Gobierno a renegociar la deuda

El decreto de necesidad y urgencia 846/24, que habilita al Gobierno a renegociar títulos de la deuda sin el permiso parlamentario, suma críticas en ambas cámaras legislativas, donde las principales fuerzas de oposición se preparan para rechazarlo por considerar que viola la Constitución -que establece que el arreglo de las acreencias del país es potestad del Congreso de la Nación- y la ley de Administración Financiera.

El kirchnerismo hizo punta en su rechazo con una conferencia de prensa conjunta de los líderes de los bloques de diputados y senadores. Pero el repudio al DNU también cosecha adhesiones en bancadas como la UCR, Hacemos Coalición Federal y otras fuerzas menores, lo que anticipa que el decreto podría seguir la misma suerte que el que inyectó $100.000 millones en gastos reservados para la SIDE, que se convirtió en el primero en su especie en ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

“Nuestra postura es llevar el DNU al recinto lo más rápido posible para rechazarlo”, anunció el santafesino Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, antes de pedirle a las otras fuerzas de oposición, por lo general más tendientes a mostrarse condescendientes con el Poder Ejecutivo, que “tengan la misma convicción para no dejarse atropellar”.

Las objeciones al decreto de necesidad y urgencia son claras y coincidentes en gran parte de las fuerzas de oposición. El instrumento viola la Constitución al permitirle al Poder Ejecutivo sortear la autorización del Congreso para renegociar los títulos de la deuda, amén de violentar la ley de Administración Financiera en varios artículos, sobre todo en lo referente a la disposición que habilita el canje a precios de mercado y no al nominal con el que fueron emitidos.

Sobre este punto hizo hincapié José Mayans, jefe de la bancada de senadores de UxP, al denunciar que, de acuerdo a lo establecido en el DNU cuestionado, el Gobierno “va a vender bonos argentinos que valen 96 a un precio de 56″ dólares. “Imaginen el negocio que van a hacer y el perjuicio para los argentinos que van a hacer con esto de pagar al precio de mercado”, remató el líder de la primera minoría de la Cámara alta.

En el radicalismo también se escucharon fuertes críticas a la decisión del Poder Ejecutivo. “Este decreto le da amplísimas facultades de endeudarse a un ministro (por el jefe de la cartera económica, Luis Caputo) que ya mostró su poca capacidad de gestión, claramente voy a votar en contra, como debería hacerlo todo aquel que respete la institucionalidad”, afirmó el senador Martin Lousteau ante una consulta de LA NACION.

“En todo caso, si quiere facultades tan amplias, que Caputo venga a exponer por qué y para qué y traiga una ley”, agregó Lousteau, quien destacó que el decreto “modifica cuestiones a contramano de la Ley Bases que el mismo Gobierno mandó al recinto”, destacando que vulnera la ley de Administración Financiera y que alterará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, ya que permitirá vender o canjear los bonos de empresas que hoy integran esa cuenta que funciona como respaldo de las jubilaciones.

Por su parte, Mayans reclamó la presencia de Caputo en el Congreso. “Tiene que venir el ministro a explicar qué hizo con la deuda”, afirmó el senador, quien denunció que en los ocho meses de gestión de Javier Milei la deuda pasó de U$S 377.000 millones a U$S 458.000 millones. “Esto es gravísimo”, sentenció.

La oposición del radicalismo se extiende incluso a aquellos sectores que han mostrado su respaldo al Gobierno nacional. “Este decreto es indefendible; además, esto excede los márgenes de darle al Gobierno las herramientas para hacer frente la situación que le dejaron”, le dijo a este diario un legislador que integra la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, órgano legislativo que tiene a su cargo controlar la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia.

La misma postura decidió en la última reunión de bloque Hacemos Coalición Federal, que ya decidió que rechazará el decreto por considerarlo contrario a la Constitución Nacional. El representante de este conglomerado en la comisión parlamentaria que analiza los DNU es Nicolás Massot.

Sin el apoyo del radicalismo y de otras fuerzas como Hacemos, la Coalición Cívica y la izquierda, el DNU 846/24 se encamina a un rechazo seguro ya que el respaldo del Pro -que ha guardado silencio sobre la postura que adoptará en torno a este decreto-, y de otras fuerzas provinciales no le alcanzaría al oficialismo para evitar un rechazo en ambas cámaras.

De todas maneras, todavía falta tiempo para que la ofensiva opositora pueda avanzar. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 20 de septiembre último por lo que, según la Ley de Trámite Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para comunicarlo al Congreso. Ese plazo se cumpliría el viernes 4 de octubre.

Una vez cumplido este plazo, la Comisión Bicameral tendrá otros diez días hábiles, que vencerían el próximo 18 de octubre, para tratarlo. Si en ese tiempo el órgano parlamentario no emite una opinión, el DNU queda habilitado para su discusión en el recinto de ambas cámaras legislativas.

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