Conflicto en el PAMI: peligra la atención de 30.000 pacientes con diálisis
La atención de los más de 30.000 pacientes con insuficiencia renal a nivel país se encuentra en estado crítico por un conflicto entre el PAMI y las asociaciones que prestan servicio de diálisis, quienes solicitan la necesidad urgente de ajustar el valor del tratamiento. La obra social del Estado representa a un tercio de los pacientes que reciben diálisis en la Argentina, por lo que la falta de acuerdo económico impacta en la atención y la supervivencia de los 470 centros nacionales que proporcionan el servicio.
Tras intentos fallidos de diálogo con las autoridades del PAMI –conducido por Luana Volnovich–, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires y otras agrupaciones afines advirtieron que dejarán de incorporar nuevos pacientes a partir del 20 de noviembre, a fin de preservar la atención de aquellos que están en curso. Se estima que, por mes, se incorporan al tratamiento entre 100 y 300 pacientes, a nivel país.
"Es un problema que atañe no solo a los 10.375 pacientes de diálisis que dependen del PAMI, sino al universo total, ya que han desaparecido muchos centros, y, otros tantos, tienen riesgo de cerrar", explicó a LA NACION Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis, quien indicó, también, que más entidades públicas deben dinero a los prestadores: "Incluir Salud Buenos Aires tiene un año de atraso en los pagos, y debe más de 400 millones de pesos. En mayo, el IOMA nos prometió un aumento del 10% en las prestaciones y la inclusión de un módulo Covid-19; nunca lo hicieron ni nos volvieron a recibir".
Esta especialidad tiene cuestiones económicas que son innegables, y en este contexto no podemos avanzar. Todos los meses gastamos más de lo que recibimos
Según explican los referentes de las asociaciones médicas, existe un desfasaje del 40% entre el monto que reciben del PAMI por las prestaciones y el valor real de las mismas. "Tenemos un desajuste cercano al 40% porque todos nuestros insumos son importados y están sujetos al dólar; por las paritarias; por la inflación acumulada, y por el impacto de la pandemia", indicó Miguel Discépolo, presidente de Cadra, en diálogo con LA NACION. El médico sostuvo que los gastos que han tenido en los últimos meses se agravaron por el protocolo estricto que deben tomar frente al coronavirus, dado que "la tasa de mortalidad de los pacientes que reciben diálisis es de un 20%".
Sin mesa de diálogo
Discépolo afirmó que han solicitado tener instancias de negociación con el PAMI, pero la respuesta de la agencia es nula. "No hay diálogo con el PAMI. Hemos pedido audiencias con Volvonich y solo nos concedieron una reunión virtual, hace unas semanas, en la que representantes administrativos nos dijeron que hasta enero no van a darnos una respuesta", se lamentó el médico, y agregó: "Esta especialidad tiene cuestiones económicas que son innegables, y en este contexto no podemos avanzar. Todos los meses gastamos más de lo que recibimos".
Por su parte, Casaliba calificó a la situación del sector como "desesperante", y explicó que los centros de diálisis en los que se atienden grandes porcentajes de pacientes con obras sociales del Estado tienen deudas "muy importantes" y su continuidad es "riesgosa e inestable".
El conflicto repercute, además, en el personal sanitario asociado a este tipo de tratamientos. Según indicó Casaliba, cada tres pacientes con diálisis, existe un empleo directo –que incluye médicos, enfermeras, personal administrativo, entre otros–. Esto se traduce en 10.000 empleados sanitarios que podrían estar afectados por la falta de acuerdo con la obra social, si se contempla el universo total de pacientes en el país. Al personal sanitario, se suman empleados tercializados, como bioquímicos, psicólogos, nutricionistas y personal de logística. "Esto es muy grave y complejo", insistió Casaliba.
Fuentes del PAMI aseguraron a LA NACION que agendaron una reunión con las asociaciones médicas involucradas para la semana próxima para intentar resolver el conflicto. Sin embargo, los referentes médicos niegan haber sido notificados. De hecho, días atrás, enviaron una carta documento al organismo para ratificar su reclamo y anunciar el cese de servicios para nuevos pacientes; sostienen que no han recibido respuesta.
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