Conflicto mapuche: Salud busca garantizar el derecho al parto respetado de una de las detenidas en Villa Mascardi

En el marco de una escalada tensión en el Gobierno nacional por el desalojo de usurpadores en Villa Mascardi, el ministerio de Salud de la Nación se comprometió a garantizar el derecho a parto respetado de una de las detenidas en el operativo. Se trata de Romina Rosas, quien cursa la semana 39 de un embarazo.

“El Ministerio de Salud de la Nación tomó conocimiento de un posible incumplimiento de la Ley 25.929 de Parto Respetado que involucra a una mujer de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que cursaba un embarazo con fecha cercana de parto y fue detenida”, advirtieron desde la cartera que conduce Carla Vizzotti en un comunicado al que tuvo acceso LA NACION.

Desde el Gobierno informaron que, tras su detención, la mujer fue trasladada al hospital de Bariloche: “En efecto se trata de una gestante cursando la semana 39 que fue internada por razones de salud sin ningún signo de riesgo clínico ni de inicio de trabajo de parto”, señalaron.

En este contexto es que el equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado se puso en contacto con los integrantes de la comunidad mapuche “para que se garantice una atención de la salud perinatal con pertinencia cultural”.

“Se solicitó al hospital que se respete el derecho a estar acompañada previsto en el artículo 2 de la Ley 25.929, petición que a su vez ya había sido presentada por las autoridades del hospital al juzgado interviniente, y que redundó en el efectivo ingreso de su püñeñelchefe, partera empírica y una autorización para permanecer acompañada”, indicaron autoridades.

Desde la intervención del ministerio de Salud, el Gobierno -según se aseguró en el comunicado- ha estado en “comunicación permanente” con la comunidad mapuche monitoreando la situación y el estado de la persona para que se dé pleno cumplimiento de la Ley N° 25.929 de Parto Respetado.

La Ley N° 25.929 de Parto Respetado fue sancionada en 2004 y reglamentada en 2015 y expresa no sólo los derechos que deben estar garantizados durante el parto, sino también durante el embarazo, nacimiento y puerperio.

Según datos del Gobierno, desde octubre de 2020, momento de la creación del equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado, se recibieron, a través de la Línea 0800 de Salud Sexual, la Línea 144 de Contención, atención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, defensorías y organizaciones de la sociedad civil, 98 reportes por incumplimiento de la ley.

Situación de las detenidas

Cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi recibieron prisión domiciliaria por su condición de madres, mientras que las tres restantes permanecen en la unidad regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la ciudad de Bariloche luego de que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara las excarcelaciones.

Las tres mujeres que siguen detenidas en la sede regional de la PSA son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ayer por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche por decisión de la jueza.

Junto a ellas retornó Martha Luciana Jaramillo, que también es madre, por lo que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria junto a Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas, las dos primeras por tener hijos y en el caso de Rosas, por cursar un embarazo de 39 semanas.

Tras concedérseles la prisión domiciliaria, Jaramillo, Collhuan, Guenumil y Rosas fueron llevadas en la madrugada de hoy, en un operativo que se prolongó desde las 3 hasta las 5 de la mañana, hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en las afueras de Bariloche, hacia el oeste de la ciudad.

La decisión de volver a llevar a Bariloche a las detenidas fue de la jueza federal subrogante Domínguez, la misma que había dispuesto que sean llevadas desde Mascardi a Ezeiza con el argumento de que no había lugar en ningún centro de detención de mujeres en la provincia patagónica.

El abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) señaló que desde la defensa presentaron el viernes pasado una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por “violación a los derechos humanos” que ya fue consignada bajo el número MC-773-22.

Con información de la agencia Télam

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