Conflicto mapuche: la Cámara Federal porteña denunció a un juez de Bariloche por ignorar una orden y habilitar la entrega de tierras
El camarista Mariano Llorens apuntó contra el magistrado Gustavo Villanueva, que no anotó en el Registro de la Propiedad el impedimento de transferir terrenos del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
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Un juez de la Cámara Federal porteña denunció al juez federal subrogante de Bariloche y lo acusó de haber incumplido una orden judicial que frenaba la transferencia de tierras del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La indicación es del presidente de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, que intimó al juez Gustavo Villanueva a cumplir con una orden dada el 5 de octubre de 2022 de anotar la medida cautelar de “no innovar” dictada por el juez federal Daniel Rafecas y la propia Cámara Federal.
Llorens intimó a Villanueva a que inscriba en el Registro de la Propiedad la orden judicial que impide la transferencia de 180 hectáreas del Ejército a la orbita del INAI y que son reclamadas por una comunidad mapuche, anotación que también se le había ordenado al juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa en la Capital Federal.
A pesar de estar en vigor la orden de no innovar, el 17 de marzo pasado el juez federal de Bariloche intimó al Poder Ejecutivo Nacional a hacer la inscripción en 30 días, y de ese modo desconoció la orden dada de no modificar la situación para impedir que esas tierras sean transferidas, hasta tanto el juicio tenga una decisión definitiva.
Por eso, Llorens denunció “la inacción demostrada por el juez de grado quien, pese a las expresas indicaciones de su Superior, durante todo este tiempo ha omitido observar las mandas que le fueron dirigidas en ya dos ocasiones”.
La fiscal federal subrogante de Bariloche María Claudia Frezzini advirtió al procurador Eduardo Casal de esta situación y se notificó entonces al fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe, que advirtió al juez Llorens del incumplimiento y por eso el magistrado le recordó al juez Villanueva, de Bariloche “la obligación que pesa sobre su magistratura de adecuar su proceder a las indicaciones” de la Cámara.
Lo que demanda Llorens es evitar que se lleve a cabo cualquier alteración de los asientos del Registro de la Propiedad vinculado con las tierras en disputa, “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia y, consecuentemente, de remitir copia de lo aquí revelado al Consejo de la Magistratura de la Nación a efectos de que se analice la conducta” del magistrado.
El camarista advirtió de esta medida al presidente de la Cámara de Apelaciones de General Roca, Richar Gallego, para que “tome conocimiento en la esfera de su competencia”.
El juez Llorens señaló que la desobediencia a la resolución de la Cámara favorece la pretensión de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue que pretende las tierras del Ejército Argentino en la zona.
La Cámara Federal porteña había congelado el 16 de diciembre pasado la transferencia de 180 hectáreas de tierras del Ejército a la comunidad Millalonco Ranquehue. La cesión del predio había sido dispuesta por el Gobierno, pero debería haber quedado frenada hasta tanto se resuelva si es legítima. La decisión de fin del año pasado fue de los camaristas Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli.
La jueza federal subrogante en ese momento, Silvina Domínguez, había dispuesto entonces la transferencia inmediata a la comunidad, previo otorgamiento al INAI para su posterior adjudicación a comunidad Millalonco Ranquehue. El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el centro de un amplio territorio que pertenece al Ejército. Esa medida de la jueza Domínguez es la que había quedado congelada, hasta que su sucesor, el juez Villanueva, la intentó reactivar.
Un recurso fuera de término
El Ejército, mediante el Ministerio de Defensa, apeló el fallo de Domínguez pero lo hizo fuera de término por lo que la Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado. La Cámara dijo que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero, a las 12:11, y el recurso fue presentado cuatro días después, a las 20:25, cuando ya había expirado el plazo para poder hacerlo.
Las familias Millalonco Ranquehue aseguran que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.
A raíz de la mora en la apelación, un grupo de legisladores y dirigentes opositores denunciaron a los abogados del Ejército. En esa causa, que tiene el juez Rafecas, es que Stornelli, como medida cautelar, pidió que se suspenda el traspaso de las tierras.
El juez Rafecas no hizo lugar a la medida. Pero el fiscal apeló y la Cámara Federal le dio la razón. Los investigados son autoridades nacionales, por la apelación tardía del Ministerio de Defensa y también del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no impugnaron a tiempo en la Justicia el fallo que avaló la pretensión de la comunidad mapuche.
En la causa que se tramita en el juzgado de Rafecas, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de tres abogados del Ministerio de Defensa, una de la Procuración del Tesoro y uno del INAI.
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