Conflicto en puerta: un cambio introducido por el Gobierno en las cooperativas puso en alerta a las organizaciones sociales

El fuego vuelve a atizarse en el tirante vínculo que sostiene el Gobierno con las organizaciones sociales de izquierda. A comienzos de este año, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció que impulsará una iniciativa que considera clave: garantizar que aquellas personas inscriptas en el programa Potenciar Trabajo puedan optar por la unidad ejecutora en la que cumplir con las cuatro horas laborales diarias que, a cambio de $16.000 mensuales, se les exige como contraprestación.

La incipiente medida no tardó en encender las alarmas en los movimientos no alineados con el oficialismo. Es que mientras desde el ministerio se encargan de desvincular las tareas realizadas por los beneficiarios del programa de cualquier adscripción político-partidaria, los dirigentes piqueteros denuncian que se trata de una maniobra dirigida a dejar en un “limbo” a quienes cobran el Potenciar Trabajo (más de un millón de beneficiarios) y decidan irse del lugar en el que contraprestan. Un supuesto ardid que, lejos de buscar afianzar la autonomía de esas más de un millón de personas encuadradas en alguna actividad no registrada, los colocaría a disposición de lo que decidan los funcionarios de turno.

Para el dirigente trotskista, Eduardo Belliboni, no hay dudas: en el oficialismo estarían inquietos por contener el creciente “éxodo” de militantes de organizaciones como el Movimiento Evita o Somos-Barrios de Pie a las filas de la izquierda. “Quieren resolver la cuadratura del círculo, cuando el problema es la bronca que tiene la gente con la gestión del Gobierno y con los punteros de los municipios. Eso no se puede modificar con una resolución de tipo administrativa”, señala a LA NACION el referente del Polo Obrero, uno de las principales representantes de las agrupaciones en los despachos donde se gestiona la asistencia social.

Belliboni denuncia que la medida anunciada por la cartera que comanda Zabaleta “acepta por la mitad la voluntad de la persona”, ya que, en palabras del propio referente piquetero, “la libertad no puede ser solo para el compañero que decida irse de un lugar, también debería ser para el que quiera entrar a algún otro lugar que ya tiene visto”. Algo que, evalúa el dirigente, el ministerio “no permitiría”, dejando al beneficiario del Potenciar Trabajo a merced de los intendentes peronistas “que lo quieren utilizar como mano de obra barata en sus municipios”.

Una de las dirigentes sociales que coincide en la caracterización hecha por Belliboni es Mónica Sulle, del MST Teresa Vive. “Ellos tienen que intentar contener políticamente. Y son los intendentes quienes más necesitan hacerse con ese padrón de gente, que hoy lo ven magro, para que vaya a trabajar por dos mangos para ellos”, analiza en diálogo con LA NACION.

Según relataron desde las organizaciones piqueteras, el año pasado se realizó, en distintos distritos del conurbano bonaerense, un reempadronamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Es decir, todas las personas que contaban con un programa tuvieron que volver a llenar la planilla para inscribirse. La iniciativa se habría llevado adelanto por pedido de los propios jefes comunales. “Los intendentes estaban convencidos de que, de esa manera, la gente iba a irse de al lado nuestro para trabajar en los municipios. El resultado fue exactamente el inverso al que buscaban: en La Matanza, por ejemplo, [Fernando] Espinoza perdió 3 mil personas que se vinieron con nosotros”, precisa Belliboni.

Intermediaciones

El contrapunto entre los dirigentes y el ministerio de Desarrollo Social es total. En el centro de todo el debate se encuentra la intermediación que ejercerían las organizaciones a la hora de repartir los programas sociales. Sin embargo, desde el histórico edificio de 9 de Julio y Belgrano aclaran enfáticamente que el Potenciar Trabajo no tiene relación alguna con el lugar en el que el beneficiario decide llevar adelante su militancia. Y que cualquier trámite de traspaso de una unidad ejecutora a otra sólo puede iniciarse a partir del pedido individual de la persona titular del programa.

“Así se inicia un procedimiento que permite encontrar el lugar adecuado a sus intereses laborales o formativos”, apunta al respecto el ministro Zabaleta, quien subraya, al ser consultado por LA NACION, que la nueva medida permitirá “avanzar en un procedimiento de transparencia en la gestión”, en el camino hacia la tan mentada conversión de los programas sociales en empleo genuino.

Lo cierto es que, hoy por hoy, cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo cuenta con su propia tarjeta y los movimientos sociales intervienen únicamente al momento de disponer de los cupos. La cantidad de esos lugares es negociada con Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, quien se encarga de ejecutar las altas y las bajas correspondientes.

En ese sentido, hace tiempo que los piqueteros piden que se “universalicen” los programas, para terminar con los límites de cupos y que cualquier trabajador informal que se anote esté en su derecho de cobrar un Potenciar Trabajo, como ocurrió con el Ingreso Familiar de Emergencia implementado durante la pandemia. “Ese debe ser el primer paso para romper con toda intermediación y clientelismo”, sentencia Belliboni.

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