Confirman que Alberto Fernández inició los trámites para cobrar su jubilación de privilegio y Graciela Ocaña le pide a la Anses que no se la conceda
Fue a través de una petición de Change.org; la legisladora de CABA asegura que tiene un valor de 7 millones de pesos, lo que equivale a 66 jubilaciones mínimas
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Ailén Vila
“Basta de la verdadera casta”. Con esa frase compartió la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires Graciela Ocaña su petición para que el expresidente Alberto Fernández no reciba su jubilación de privilegio de 7 millones de pesos. A través del pedido de Change.org, que ya superó las mil firmas, Ocaña presentó un escrito ante la Anses para que no se le brinde el beneficio. “El otorgamiento de esta jubilación de privilegio significará darle un nuevo cachetazo a todos los argentinos”, señaló.
Alberto Fernández ya comenzó el trámite para su jubilación de privilegio, que se encuentra en proceso de liquidación según el expediente N°02420134826860261 al que accedió LA NACION. El valor de 7 millones de pesos se calcula porque es el monto que reciben los presidentes, que equivalen a la remuneración recibida por un juez de la Corte Suprema de Justicia.
“Alberto Fernández pretende cobrar una jubilación de privilegio después de haber dejado a los argentinos en la peor situación económica posible”, agregó. En una entrevista con Radio Mitre, remarcó los “130 mil muertos de Covid, la fiestita de Olivos, el vacunatorio VIP y sus más de 100 causas judiciales por denuncias que recibió en su mandato”.
Actualmente el valor de la jubilación mínima es de $105.712,61, valor que cobra alrededor del 65% de los titulares del régimen general. Aún así, con haberes y refuerzos -especialmente un bono de $55.000 para aquellas jubilaciones que no superen la mínima-, el valor sube a $160.000. Según el cálculo de la legisladora, la jubilación de Alberto Fernández sería de 7 millones de pesos por mes, lo que equivale a 66 jubilaciones mínimas.
Además, en su escrito a Anses, Ocaña asegura que los jubilados perdieron un 81% de su poder adquisitivo al compartir un cálculo realizado por el exsecretario de Seguridad Social y exdirector General de Anses Alejandro Chiti.
El reclamo de Ocaña surge porque para cobrar dicha jubilación se deben cumplir dos requisitos de la Ley 24.018, que instrumenta las asignaciones mensuales vitalicias para presidentes, vice y otros funcionarios como los jueces de la Corte Suprema. Fernández no cumpliría el correspondiente al artículo 5, que establece que para cobrar la jubilación “es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país”. Fernández se encuentra en España desde diciembre del año pasado. “Él ha dicho que se iba a radicar en España, ha abierto una cuenta bancaria allí y ha dicho que va a dar clases”, reclamó Ocaña.
Aún así, el 14 de diciembre de 2023, tras partir hacia España, el exmandatario aclaró que no tenía intenciones de vivir allí en su cuenta de X (exTwitter): “Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Con motivo de ese viaje busco lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas en España”.
“Alberto Fernández debería presentar una declaración jurada que informe su situación actual conforme al domicilio, es decir, si su permanencia en el extranjero será permanente o en forma transitoria”, escribió Ocaña en su pedido a Anses.
Otro foco en la discusión está en el proyecto de “Ley de Bases” que obtuvo la aprobación general en la Cámara de Diputados la semana pasada, y que hoy tratará sus modificaciones. La ley ómnibus establece la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes, aunque no será retroactiva. Esto significa que aunque el Congreso aprobara esta modificación, no afectaría a Alberto Fernández, sino a los presidentes y vices de ahora en adelante. Los actuales Javier Milei y Victoria Villarruel no percibirían este beneficio.
Por Ailén Vila
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