Confirman a una ONG como querellante en un caso emblemático contra Cristina Kirchner
Bases Republicanas consiguió revocar el sobreseimiento de la exvicepresidenta en la causa conocida como “La ruta del dinero K”; la Casación rechazó un planteo de la defensa
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La Cámara de Casación denegó un recurso de la defensa de Cristina Kirchner en una causa donde la exvicepresidenta está siendo investigada a raíz de maniobras de lavado de dinero por las que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez.
Los jueces de la Casación Gustavo Hornos y Javier Carbajo, con un voto en disidencia de Mariano Borinsky, rechazaron el recurso de la vicepresidenta contra el fallo que había admitido como querellante a la ONG Bases Republicanas, que con su impulso logró revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “La ruta del dinero K”.
El fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal implicó denegar un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra la resolución de la Cámara Federal que admitió a la ONG como querellante en la causa por lavado de activos.
En mayo pasado, el fiscal Guillermo Marijuan había solicitado el sobreseimiento de Cristina Kirchner, a pesar de mencionar en ese mismo dictamen que se había reunido abundante prueba nueva sobre la relación de la expresidenta con Lázaro Báez. Ese criterio fue compartido por los querellantes estatales de la AFIP y de la UIF, de la gestión de Alberto Fernández. Frente a este panorama la asociación civil Bases Republicanas y solicitó que se la admita como querellante.
El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, rechazó la pretensión de la ONG y dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner por falta de acusación fiscal y de los querellantes del Estado. La ONG apeló la decisión y la Cámara Federal aceptó que esa organización sea parte de la causa. Por ello revocó posteriormente el sobreseimiento.
La defensa de Cristina Kirchner pretendía que la Cámara de Casación Federal intervenga en el caso y que aparte a la ONG del rol de querellante que le fue asignado, pero la Sala IV, con el voto de Hornos y Carbajo, no tomó el caso. Sostuvieron que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable, por lo que no correspondía la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
En disidencia, el juez Borinsky, sostuvo que el caso debía ser analizado por la Casación ante la demostración por parte de la defensa de un agravio de tardía o imposible reparación ulterior.
La causa comenzó en 2013 y gran parte de la investigación ya se debatió en juicio. En 2021, la Justicia encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Cristina Kirchner y Báez fueron condenados en la causa “Vialidad”, donde la Justicia dio por probada una defraudación multimillonaria al Estado encabezada por la exvicepresidenta, que recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, que no está firme.
Báez era entonces dueño de Austral Construcciones. La Casación confirmó la culpabilidad de Báez pero rebajó la pena a diez años. La Justicia condenó también por esta causa a los hijos de Báez, al arrepentido Leonardo Fariña y a un grupo de financistas.
La investigación contra Kirchner por su supuesta vinculación a esas maniobras de lavado, en cambio, nunca prosperó hasta ahora. Acusadores de la UIF del gobierno de Mauricio Macri consideran que el dinero de Báez, una fortuna equivalente a mas de 100 millones de dólares, es en verdad de los Kirchner, lo que nunca fue probado. En su dictamen, el fiscal Marijuan dijo que era innegable que Kirchner y Báez tenían una “estrecha y directa relación personal”, pero consideró que eso no alcanzaba para mantener la acusación contra la vicepresidenta.
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