Condena de Adepa por el espionaje y la criminalización de un editor periodístico de Santa Fe
Consideró un “grave atentado contra la libertad de expresión” los dichos del exministro de Seguridad provincial Marcelo Saín, en los que sugería que “en el gobierno caería muy bien que tuviera un problema legal”
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LA NACION
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado en el que “repudia enérgicamente el plan de espionaje y criminalización” contra el CEO y accionista mayoritario del diario El Litoral de Santa Fe, Nahuel Caputto, por parte del exministro de seguridad de esa provincia Marcelo Saín.
En los últimos días se conocieron dos audios del año 2020 en los que Saín ordena “ir perfilando” a Caputto, e “ir contra él”. También agregó que “a las autoridades del Gobierno le caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal”; a la vez que pidió “poner un grupo para trabajar esto”.
“Como Adepa ha sostenido en otras oportunidades, la utilización del poder del Estado, ya sea a través de sus servicios de inteligencia como de otros organismos, para perseguir y hostigar a medios, editores y periodistas, configura un grave atentado contra la libertad de expresión, además de un inadmisible abuso de autoridad que violenta garantías constitucionales básicas”, señala el comunicado de la institución.
La difusión de los audios de Saín generaron una gran controversia, al punto que legisladores opositores piden citar al secretario de Justicia provincial para que dé explicaciones y también solicitan al gobierno de Omar Perotti que abra un sumario para investigar cómo actuó la policía en función de los fuertes dichos del exministro.
Para Adepa, “el hecho resulta más serio por su indudable fin disuasorio, al configurar una represalia ante el ejercicio periodístico y al mismo tiempo una actitud persecutoria con fines de silenciamiento o condicionamiento editorial, todos hechos reñidos con la ley, que vulneran abiertamente la libertad de informar protegida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
El documento de las entidades periodísticas concluye en que “es necesario no solo condenar las autoritarias y violentas manifestaciones del exfuncionario, sino requerir su efectiva investigación y sanción judicial. Y al mismo tiempo, solicitar que Poder Ejecutivo provincial tome distancia de los dichos aludidos a través de un claro y contundente repudio”.
LA NACION
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