Con Zannini, el Gobierno prepara la contraofensiva y busca darle forma al planteo que llevará a la Corte
El procurador del Tesoro y ex secretario de Legal y Técnica se reunirá con el Presidente para definir la nueva estrategia; no hay una fecha definida para la presentación del recurso que llevarán ante el máximo tribunal, pero explican que “lo más probable” es que sea la semana entrante
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LA NACIONCecilia Devanna
El día después del anuncio del Gobierno de que incumplirá el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en el Poder Ejecutivo Nacional se trabaja en los planteos que se harán ante el máximo tribunal. Pese a la envergadura del anuncio del jueves pasado aún restan varias precisiones sobre tiempos, contenido y forma. Según pudo saber LA NACION de altas fuentes del Balcarce 50 “lo más probable” es que la presentación se concrete la semana entrante, aunque de momento no hay una fecha definida.
Por lo pronto, la principal definición que tiene el Gobierno es que en la práctica no habrá modificaciones en el porcentaje que se le transfiere actualmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Es una decisión política del Gobierno. Se va a seguir transfiriendo lo que se transfiere actualmente”, recalcó un importantísimo funcionario de Casa Rosada. Desde este jueves, de acuerdo al fallo de la Corte, se debería estar transfiriendo un porcentaje mayor que el que se venía haciendo.
En el comunicado, dado a conocer en la noche del jueves, se consideró al fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Además, acusaron al máximo tribunal del país de no haber fundado “el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje [de la coparticipación para la Ciudad] al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Allí los gobernadores también advirtieron que al verse afectadas las provincias “en forma directa por la arbitraria decisión” de la Corte “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”, como recurso legal.
La decisión del Gobierno es que en el armado de lo que se presentará esté, fundamentalmente, en manos de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, y de la Procuración del Tesoro Nacional, cuyo responsable máximo es Carlos Zannini, hombre de Cristina Kirchner. A Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete, exasesor del presidente y conocedor de la órbita judicial, también se le otorga un rol central en lo que terminará llevando a Talcahuano al 500 el Gobierno. Olmos e Ibarra son considerados los “guardianes legales” del presidente.
Estrechos colaboradores de Fernández dieron por descontado que un contacto entre el mandatario y Zannini se daría en breve, porque el propio presidente quería encargarse de hacerlo. Tras lo que agregaban que desde la Procuración del Tesoro, de la que dependen todos los abogados del Estado, se trabajaría en sintonía con Legal y Técnica.
En Casa Rosada imaginan que el proceso podría ser de largo aliento y por eso aguardan para realizar determinados movimientos. En ese sentido explican que de momento decidieron avanzar con el planteo de recusación de los magistrados y no descartan a futuro la posibilidad de pedir el juicio político de los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Sobre el tema niegan que la imposibilidad de conseguir los votos en el Congreso para avanzar con la posibilidad de llevarlos a un jury sea lo que desalentó pedirlo en este momento. “No es algo que esté descartado a futuro”, aseguran.
Entre las cuestiones que faltan definir respecto de cómo será el planteo que se lleve al Palacio de Tribunales está si Estado Nacional y provincias irán juntas o por separado. En Gobierno explican que el punto no es determinante. “No está definido, pero es algo instrumental que se verá más adelante”, detallaban tras lo que destacaban que como el planteo “será el mismo, no varía cómo se hará”.
En el Gobierno explican mantiene una relación de “uno a uno” con los mandatarios provinciales y aclaran que no hay uno de ellos que sea quien lidera los reclamos o planteos. “Estaban todos muy enojados. La reunión de ayer fue en sintonía porque todos sentíamos la misma bronca por lo que se hizo”, aseguró uno de los asistentes al encuentro que tuvo a más de una docena de gobernadores entre los que estaban de forma presencial y virtual. “No es que hay un primus inter pares”, descartaron en referencia a la posibilidad de que uno de los mandatarios provinciales liderara el proceso.
Por Cecilia Devanna
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