Con varios proyectos frenados, Macri enfrenta su peor año legislativo

Como ocurre con la economía, este ha sido el peor año de Cambiemos en el Congreso . Al ritmo de la creciente inflación y la devaluación del peso , el oficialismo vio fracasar o quedar empantanados un importante número de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Tal vez el caso más emblemático del cambio de humor legislativo sea la postulación de la jueza porteña Inés Weinberg de Roca a la Procuración General de la Nación. La magistrada espera hace semanas que el PJ acceda a firmar su pliego en la Comisión de Acuerdos.

Pero la lista es más larga y contempla proyectos como el de regularización de tierras en villas y barrios de emergencia, muchas de las iniciativas del paquete denominado Justicia 2020 y los proyectos de reforma laboral y del Ministerio Público.

Todos se encuentran estancados o, en el peor de los casos, solo mantienen vida por una cuestión reglamentaria. Pero desde el punto de vista político han caído en vía muerta, de manera definitiva.

En esa última categoría hay que anotar el proyecto de reforma electoral que Mauricio Macri impulsó durante su primer año de gestión y que tenía como principal novedad la introducción del sistema de voto electrónico.

Aprobada en octubre de 2016 por la Cámara de Diputados con el apoyo del massismo y del peronismo, que acababa de divorciarse del kirchnerismo, la propuesta terminó fracasando poco menos de un mes después en el Senado , luego de que varios gobernadores, con el pampeano Carlos Verna a la cabeza, alertaran sobre las peligrosas consecuencias que el voto electrónico tendría para el peronismo. El proyecto aún tiene vigencia y perderá estado parlamentario el 28 de febrero próximo.

Más allá de aquel lejano pero estruendoso fracaso, este año se ha convertido en una pesadilla para las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, mucho más a partir del agravamiento de la situación económica y su lógico correlato y desgaste de las chances de Cambiemos de alcanzar un segundo mandato en la Casa Rosada.

De este escenario de alta inflación y devaluación del peso se encuentra prisionera Weinberg de Roca. Su pliego para ocupar la vacante dejada por la kirchnerista Alejandra Gils Carbó ingresó a fines de mayo y dos meses después, el 31 de julio, la postulante se sometió a la audiencia pública para defender su candidatura.

Sin embargo, el pliego se encuentra a la espera de la firma del dictamen de la Comisión de Acuerdos, lo que habilitaría su tratamiento en el recinto. Ya hubo dos intentos fallidos de Cambiemos de avanzar, pero el problema radica en la resistencia del PJ a aportar sus firmas, sin las cuales el pliego no podrá alcanzar dictamen de mayoría.

"Veo difícil que se puedan alcanzar los dos tercios", afirmó el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), haciendo hincapié en la mayoría agravada que se requiere para que el Senado designe a Weinberg de Roca. Con la negativa del PJ a aportar sus votos para aprobar en un cargo vitalicio a la candidata del Gobierno, su futuro es una incógnita.

En la misma línea se anota el proyecto de regularización dominial de villas. Impulsada por el Gobierno y aprobada por la Cámara baja por unanimidad, la iniciativa chocó en el Senado con los devaneos del peronismo, que comenzó a plantear dudas sobre su fuente de financiamiento y su constitucionalidad, ya que en muchos casos regula la expropiación de terrenos de propiedad provincial o municipal. Resultado: el PJ sigue sin firmar el dictamen, a pesar de los esfuerzos de Cambiemos por anotarse un poroto para la gestión de la ahora ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Relacionada con el caso Weinberg hay que citar la reforma del Ministerio Público Fiscal. La idea, pergeñada para desplazar a Gils Carbó, murió el año pasado en Diputados, luego de que Elisa Carrió pateara el tablero y rompiera el acuerdo que Cambiemos tenía cerrado con el PJ y con el massismo.

Este año, ya con Gils Carbó fuera del cargo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), intentó reabrir el debate y a punto estuvo de alcanzar un acuerdo para modificar la estructura del Ministerio Público Fiscal. Pero, otra vez, diferencias de último momento con un PJ de fuerte vínculos con los fiscales hicieron fracasar el intento.

Similar escenario vivió la reforma laboral. Acordada entre el Gobierno y la CGT, terminó hundida en noviembre de 2017, luego de que Pablo Moyano agitara el fantasma de "la Banelco" y el pago de coimas por la reforma durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Los gremialistas se negaron a defender el proyecto en el Senado y Pichetto, que había dicho que sin el apoyo de la central obrera no avanzaría, dio por cerrado el tema.

Pinedo presentó este año la misma iniciativa, pero dividida en tres proyectos. Pero el contexto ya había empeorado. La relación CGT-Gobierno estaba más desgastada y el PJ se mantuvo en sus trece y no se preocupó por sentarse a debatir las iniciativas.

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