Con un duro informe, una organización internacional cuestionó al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

Junto a la baja de la inflación, el recorte en el Estado y la eliminación del déficit fiscal, el Gobierno enseña como logro el haber extinguido los cortes de calles que solían acompañar a las protestas callejeras. Sin embargo, la expresión local de un organismo internacional difundió los resultados de un relevamiento que alcanzó a más de un docena de manifestaciones a lo largo de 2024, con el que pretendió hacerle un fuerte llamado de atención al Gobierno.

El informe, realizado por Amnistía Internacional Argentina y relativizado por las autoridades nacionales, advierte sobre un “uso excesivo de la fuerza”, contabiliza –de manera aproximada– más de mil heridos en las protestas y denuncia una comunicación por parte del Gobierno que avala la “represión”. “Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión”, señala el texto. “El 2024 no fue un buen año para expresar el disenso en las calles”, se afirma.

El informe reúne el testimonio de manifestantes afectados, las respuestas del Ministerio de Seguridad a muchos de sus pedidos de acceso a la información pública, y una línea de tiempo con las protestas relevadas, en las que se contabilizaron 1155 heridos. Se omiten, sin embargo, los desmanes que marcaron algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar frente al Congreso en rechazo a la Ley Bases, en la que, entre otros excesos, se prendió fuego un móvil de Cadena 3.

La receta del Ministerio de Seguridad para mantener la vía pública liberada durante las protestas callejeras contó con dos elementos claves. En el amanecer de su gestión y con el objetivo de desinflar el poder de fuego de las organizaciones sociales, la ministra Patricia Bullrich habilitó una línea telefónica para que los beneficiarios de los planes sociales que se sintieran forzados a marchar pudieran denunciar de manera anónima la presunta extorsión. Algunos de esos llamados cimentaron la causa que se encamina a juicio oral y tiene procesado a Eduardo Belliboni junto a más de una decena de dirigentes del Polo Obrero.

La otra pata del plan fue el “protocolo antipiquetes”, estrenado por la ministra Bullrich en primeras horas de gestión, y que se hizo cumplir a rajatabla en territorio porteño, epicentro de muchas de las protestas callejeras.

Su puesta en marcha fue objeto de rechazo por parte de Amnistía Internacional, que remitió sus preocupaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas en julio y octubre con sendas cartas, respectivamente. Para el organismo, el protocolo “parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden público”, dice una de las misivas, “y fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación, libertad de expresión y de protesta social”.

“Observamos el uso abusivo y desproporcionado de gases lacrimógenos y balas de goma, así como el uso de bastones o ‘tonfas’, por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, dice el informe.

Consultada por LA NACION, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo relativizó, sostuvo que se trata de un documento “ideologizado” y celebró el resultados de los operativos. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y logró que los ciudadanos puedan transitar las calles, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza, y lo hizo de una manera profesional”, dijo.

“Es un informe total y absolutamente fuera de lugar, y que además está totalmente en contra de lo que piensan 46 millones de argentinos”, sumó, en alusión a la favorable recepción que mostró tener en la opinión pública el uso del protocolo. “Hoy están los ciudadanos con libertad, y los que durante 25 años torturaron a la gente que no podía utilizar su ciudad, haciendo denuncias en la amnistía”, completó la ministra.

“Criminalización de la protesta”

Además del accionar de las fuerzas de seguridad, Amnistía puso en la mira algunos de los mensajes del oficialismo que, según sostienen en el documento, tendieron a “crimininalizar” la protesta social. Se toma como ejemplo un mensaje publicado en X por una cuenta oficial, en el que el Presidente felicita a la ministra Bullrich por aplacar los desmanes en las afueras del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases el 12 de junio y “reprimir a los grupos terroristas que intentaron perpetrar un golpe de Estado”.

Fue uno de las episodios más violentos de 2024. En la movilización participaron gremios, movimientos sociales, agrupaciones kirchneristas y otras ligadas a la izquierda, todas nucleadas frente al edificio parlamentario para protestar contra el megaproyecto del oficialismo.

Durante la jornada, que culminó con 33 detenidos, se vivieron momentos de extrema tensión, con múltiples enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Hubo, también, una gran cantidad de focos ígneos: además del móvil de Cadena 3, al que un puñado de manifestantes rociaron con un líquido inflamable, ardieron varios tachos de basura y una estación de bicicletas de la ciudad.

El informe destaca que 35 de las más de 1000 personas personas afectadas por ese uso indebido de la fuerza eran profesionales de la comunicación que cubrían las protestas. “Desde enero de 2024 han resultado heridos numerosos periodistas, movileros, camarógrafos y trabajadores de prensa, quienes estaban trabajando y cubriendo las distintas manifestaciones; solamente considerando las protestas en la plaza del Congreso mientras se debatía la ley ómnibus, se contabilizaron 35 periodistas o comunicadores sociales que fueron agredidos mientras cumplían sus funciones”, dice el documento.

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