Con un decreto, Axel Kicillof prorrogó el mandato de la mitad del directorio del Banco Provincia

“Siempre es más fácil firmar un decretazo y mandar una súper ley que dedicarse a laburar”. Este fue el modo con el que Axel Kicillof criticó a Javier Milei luego del megadecreto con el que el presidente pretende resetear la economía. Apenas un puñado de días después, el gobernador de la provincia de Buenos Aires eligió la misma vía para puentear al Poder Legislativo bonaerense y realizar una maniobra que despertó especulaciones: a través de un decreto renovó cargos de la cúpula del Banco Provincia, en donde recalan propios y extraños.

Más allá de la controversia en torno a las formas y la diferencia en el alcance de ambos decretos, la maniobra del gobernador generó ruido, fundamentalmente, por el momento elegido. Apremiado por la situación económica de su provincia, hasta hace pocos días Kicillof estuvo labrando acuerdos con la oposición para darle luz verde a dos de sus iniciativas de cara al nuevo mandato: la ley impositiva 2024, que incluye una fuerte suba de impuestos; así como también la posibilidad de que la provincia contraiga deuda por más de 2000 millones de dólares.

Llamativamente, la iniciativa del gobernador cosechó el suficiente apoyo parlamentario y, con el aval de la oposición en ambas cámaras, los dos proyectos que buscan llevar alivio a las ajustadas arcas provinciales fueron aprobados en la noche del jueves. Con este antecedente inmediato, la sospecha recae en que la renovación de los mandatos de los jerarcas del Banco de la Provincia, en donde hay tres figuras de la oposición -dos de las cuales fueron alcanzadas por el decreto-, formó parte de las negociaciones que el oficialismo mantuvo con la exbancada de Juntos por el Cambio (Pro, UCR + Cambio Federal) que junto a algunos libertarios –en este caso en el Senado- sumaron su apoyo a la medida. En noviembre, la oposición -unificada- le había rechazado al gobernador un pedido de endeudamiento por 150 millones de dólares.

Como parte de esa negociación previa, el gobernador debió, en medio del tironeo con la oposición, atemperar el alcance de las leyes. En un principio, el aumento que el oficialismo proyectaba sobre el impuesto inmobiliario rural, un gravamen que tiene al campo como principal blanco impositivo, era de hasta un 300%. Finalmente, con la oposición mediando, se fijó un tope de 200% y un piso del 130% para el impuesto. La moneda de cambio con la que el gobernador sedujo a los jefes comunales del arco opositor fue la creación de un Fondo para Intendentes, un bolsón de 116.000 millones de pesos.

Sin embargo, el decreto del gobernador sugiere que las concesiones a la oposición no se agotaron en ese auxilio financiero. El directorio del Banco Provincia, que encontró nueva vida por la sola firma del gobernador, está integrado por nombres de su riñón, pero también por figuras de la oposición.

Fuentes del banco precisaron que los directivos que renuevan sus cargos son tres: la camporista Laura González, cercana a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y dos por la oposición: el radical Carlos Rodríguez -próximo a Bruno Screnci, ministro del exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, que también ocupa una banca en el directorio del banco- renovó su mandato al frente de la entidad financiera con el gancho de Kicillof, al igual que el exdiputado bonaerense Santiago Nardelli, que ocupa una silla en el directorio desde mediados de 2022 y pertenece al Pro. Sus mandatos vencían a fin del año pasado. “Estamos garantizando el funcionamiento del banco hasta que empiece el año legislativo”, remarcan fuentes del banco.

Desde 2019, quien preside el directorio del Banco Provincia es Juan Cuattromo, uno de los referentes en materia financiera en el equipo de Kicillof. Daniel Barrera, vicepresidente de la entidad, es un exconcejal de La Matanza, cercano a Fernando Espinoza -jefe comunal del territorio- y a Verónica Magario, que secunda al gobernador en la provincia desde su primera gestión. El director secretario, Humberto Vivaldo, fue funcionario de Hacienda en el municipio de Almirante Brown, bajo el mandato de Mariano Cascallares, del exFrente de Todos. Completan el directorio, el massista Sebastián Galmarini, Alejando Formento -de perfil técnico y ligado a Cuattromo-, y Rubén González Ocantos, extitular de banca agropecuaria de la entidad.

La justificación del gobernador para avanzar por sobre el Poder Legislativo, plasmada en el decreto, estuvo asociada a que el “normal funcionamiento” de un organismo clave se vería afectado si esos cargos no fueran cubiertos. “Las designaciones de los aludidos funcionarios deben ser dispuestas con acuerdo del Honorable Senado”, se lee en el decreto, que continúa: “Que hasta tanto se obtenga dicho acuerdo se torna necesario proveer las medidas tendientes a mantener la regularidad del funcionamiento del Estado provincial, cuya normal actividad podría llegar a verse impedida mientras no fueran cubiertos los cargos en cuestión, teniendo en cuenta las importantes competencias asignadas constitucional y legalmente a los mismos”.

La endeble situación financiera de la provincia se explica, en parte, con el hecho de que hasta antes del arribo de Milei, el gobernador recibía transferencias discrecionales giradas por el gobierno nacional, un desembolso que la nueva administración prometió reducir al mínimo. A su vez, la provincia, siendo la que más recauda y más aporta al Tesoro nacional, es la más perjudicada en el reparto de los fondos coparticipables, algo que Kicillof no pierde oportunidad de remarcar.

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