¿Con qué argumentos intentará la oposición frenar la medida contra Fibertel?

El retiro del permiso a Fibertel para que siga prestando servicios de Internet fue interpretado por la oposición en el Congreso como un nuevo ataque del Gobierno a la libertad de expresión.

Por eso, prevén contrarrestar la medida oficial en dos frentes legislativos. Por un lado, la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, Pro y GEN presentaron ayer a última hora un proyecto de ley para dejar sin efecto la medida oficial contra la empresa del Grupo Clarín. Además, presentarán una resolución, a instancias de Margarita Stolbizer, que la declarará nula, por considerar que fue dictada de manera irregular.

El proyecto de ley, al que accedió lanacion.com, tiene un único artículo en el que se plantea dejar sin efecto la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones dictada el jueves último. Elaborado por Federico Pinedo (Pro) está además firmado por los radicales Oscar Aguad, Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra, Elisa Carrió y Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal).

A continuación, los principales argumentos de la iniciativa:

- Se plantea que el caso Fibertel podría vulnerar derechos constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso y el derecho a la libertad de prensa y expresión,

- Se afirma que, con la resolución 100/2010, el Gobierno "no sólo se ha permitido vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa de personas argentinas, sino que pretende generar un daño irreparable a su propiedad, limita la facultad de más de un millón de usuarios a la libre elección del prestador de sus servicios y vulnera expresamente la ley que le otorga las facultades decisorias que ejerce mediante ese acto administrativo".

- Se pone en duda que, tal como afirma la Casa Rosada, la caducidad de la licencia de Fibertel responda a una correcta aplicación del marco regulatorio de las telecomunicaciones. "La Administración no cumplió con el deber de conceder las autorizaciones de transferencias de licencias o derechos presentadas en forma. Es más, ni siquiera se expidió al respecto en más de un año, cuando el decreto 764/2000 le concede el plazo máximo de sesenta días para hacerlo".

- Se asegura que se decidió caducar la licencia "sin siquiera correr traslado al interesado". Este argumento fue reiteradamente rechazado por Julio De Vido, que afirma que Fibertel fue notificada de las irregularidades y conminada a regularizar su situación.

- Se cuestiona que al momento de anular la licencia de Fibertel la Secretaría de Comunicaciones no mencionara a modo de fundamento "ningún interés público afectado por el particular o defendido por el Estado". "Sólo hace uso o abuso de la palabra disolución para fundamentar una acción cuyo resultado evidente es generar un perjuicio económico millonario a un prestador de servicios y un tremendo daño a los usuarios de dichos servicios", ahonda el texto.

- Se detallan los vaivenes del Gobierno respecto de los cambios en la composición accionaria (fusión mediante) de las empresas Cablevisión y Fibertel.

- Los fundamentos comienzan con un fuerte pronunciamiento político. "El Poder Ejecutivo ha decidido utilizar todos los organismos del Estado que le permitan someter a su merced, o a la de sus jefes políticos, la fortuna, el honor y esperamos que no la vida, de personas que no concuerdan en todo con el punto de vista del Gobierno y tienen la osadía de publicarlo en medios de difusión", se sostiene. Además se alude a la caducidad del permiso para operar de Fibertel como "el último acto de la guerra personal y pública de quienes ejercen el poder político ejecutivo contra un grupo económico con intereses en medios de comunicación masivos".

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