Con mayoría oficialista, la Convención empieza a tratar la reforma de la Constitución de La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avanza con su plan de reforma de la Constitución provincial: firmó el decreto para que la Convención Constituyente, de mayoría oficialista, empiece a sesionar el lunes próximo.

Los constituyentes, entre otros puntos, revisarán la “periodicidad de los jueces” y la integración del Tribunal Superior de Justicia. También, la duración de los mandatos ejecutivos y legislativos. Y buscarán garantizar, según anunció el gobierno riojano, una “renta básica universal” para los riojanos.

La oposición denuncia que Quintela apunta a concentrar aún más poder y que, tal como está redactada la ley que declaró la necesidad de la reforma, podría intentar habilitar más de una reelección para el mandato de gobernador (y aprovecharlo para él mismo).

Quintela publicó un hilo de tuits, en el que anunció que había firmado el decreto de convocatoria a la Convención Constituyente. “La enorme labor a realizar por las y los convencionales en esta reforma parcial de la Constitución estará enmarcada en la ampliación de derechos vinculados con el acceso al agua, a la energía y a la conectividad. A un rol más activo del Estado en la inclusión social y económica. A una convivencia democrática basada en el respeto y en la tolerancia”, afirmó Quintela, gobernador y presidente del peronismo provincial. Y dijo: “La reforma constitucional es una oportunidad para pensarnos como pueblo, que quiere consolidar su historia, sus derechos, su identidad en el devenir de una mejor democracia para todas y todos”.

“Perpetuarse en el poder”

La oposición, en cambio, sostiene que el objetivo de Quintela con esta reforma es perpetuarse en el poder.

El diputado provincial Gustavo Galván (UCR) dijo a LA NACION: “Es un sinsentido: quiere incluir derechos que ya están contemplados, como el tema del agua y cambiar el preámbulo para hacerlo con un lenguaje inclusivo, pero lo que más nos preocupa es lo relativo a la periodicidad de las tres funciones del Estado. Nuestra Constitución establece una sola reelección para el gobernador. Además, la ley de necesidad de la reforma se trató sobre tablas”.

El gobernador fue reelegido este año con el 50% de los votos y consiguió hacerse de 27 de los 36 constituyentes que van a modificar la Constitución.

Entre los puntos a modificar está “la periodicidad de las tres funciones del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial”, con “limitación temporal y alternancia de los mandatos y cargos”. Sobre la “función legislativa” establece que se fijen “límites a la reelección” (hoy no hay); sobre la “función ejecutiva”, habla, de forma genérica, de una “actualización de facultades y atribuciones”.

En cuanto a la “función judicial”, plantea la necesidad de una reforma amplia, que incluye revisar “requisitos y condiciones para ser juez/jueza, la integración del Tribunal Superior de Justicia, el control de convencionalidad, la jurisprudencia obligatoria, la periodicidad de jueces/juezas y del Ministerio Público, la reformulación de la competencia originaria, la escuela judicial, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento”.

A finales de diciembre, con la ausencia de la oposición, el oficialismo aprobó en la última sesión del año de la Legislatura la ley que declaró la necesidad de modificar la carta magna provincial. El plan de reforma incluye el “reconocimiento de los siguientes derechos: al agua, a la energía generada por fuentes renovables y no renovables; a Internet y a los derechos de cuarta generación; a fortalecer al medio ambiente, con la incorporación del desarrollo sostenible y el compromiso del Estado, junto con la sociedad, en la lucha por el cambio climático y la soberanía alimentaria”. También, el “derecho al deporte”.

Por ley se estableció que la Convención Constituyente sesionará en la capital provincial, “con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes” y se regirá para su funcionamiento por el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la provincia, quedando facultada para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias, a los fines de su adecuación.

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