Con la inflación en alza, los movimientos sociales y el Gobierno se preparan para otro diciembre caliente

Se acerca el fin de año y, con él, el avance de una de las principales preocupaciones del Gobierno: las tensiones que puedan llegar a producirse en las calles con las organizaciones sociales de izquierda. En un contexto en el que las urgencias apremian y marcan el ritmo de los reclamos sociales, en el oficialismo aseguran tener la situación bajo control y que no esperan mayores sobresaltos. Sin embargo, desde la dirigencia piquetera aseguraron a LA NACION que irán a un acampe si el ministerio de Desarrollo Social sigue sin cumplir con los compromisos asumidos, principalmente, en lo respectivo a la entrega de alimentos.

Al Gobierno también le llegaron advertencias de los intendentes del conurbano, quienes miden de cerca la temperatura social, y se han empezado a reactivar las conversaciones con supermercados y almacenes, que históricamente deben enfrentar reclamos de bolsones de alimentos por parte de las organizaciones.

La preocupación deriva esta vez especialmente de la imparable suba de precios en el rubro alimentos, que en general hacia fin de año se espiraliza. La semana pasada el Gobierno llegó a un acuerdo precario para sostener por el fin de semana los valores de la carne, ante la previsión de una remarcación del 25%. De hecho en la última medición del Indec, correspondiente a octubre, la inflación promedio fue del 3,5%, pese a la política de congelamientos que impulsa el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

Este año se suma un dato particular: se cumplen 20 años del diciembre más conflictivo, el de 2001, que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa. El aniversario de esa violenta revuelta que dejó 39 muertos agrega un factor adicional de inquietud en la mirada de la Casa Rosada.

“Cuando asumió Juan Zabaleta dijeron que iban a cambiar, que habían modificado el método de compra y que la variedad de 21 productos iba a llegar en diciembre. Ahora dicen que va a llegar en enero, pero nosotros sabemos que no va a suceder”, indicó Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST Teresa Vive, una de las dirigentes encargadas de las negociaciones. A la cuestión alimentaria se le suma la solicitud de altas para los programas Potenciar Trabajo, que las organizaciones le solicitaron al Gobierno y que, según señaló Sulle, también se encuentran demoradas.

Son circunstancias reconocidas por la cartera que comanda Zabaleta. Aunque sostienen que las condiciones para la compra, en última instancia, no las pone el ministerio, sino que las determina la lógica del mercado. Aducen, además, que tampoco estarían a su alcance las decisiones de política económica que permitirían la creación de puestos de “trabajo genuino”, tal y como lo demandan las organizaciones.

En ese sentido, durante las semanas previas a las elecciones legislativas, las organizaciones sociales opositoras habían mantenido reuniones con miembros de distintas carteras del Gobierno. Fueron encuentros pensados con el objetivo de avanzar en la “compatibilización de programas sociales en empleo genuino” y en el abordaje del problema de la vivienda, entre otras demandas que plantean las organizaciones. Sin embargo, según sostuvo Sulle, los intercambios terminaron siendo “más de lo mismo”.

Así y todo, si bien muchos de los pedidos de los piqueteros se diluyen en promesas y la posibilidad de un acampe está latente, las instancias de negociación parecen nunca terminar de agotarse, en parte también porque Zabaleta adoptó la política de no romper el diálogo en ninguna circunstancia (incluso después de un episodio violento que se generó cuando un grupo de militantes quiso entrar al Ministerio de Desarrollo Social, antes de las elecciones).

Lo demostró la decisión del Polo Obrero de no marchar a durante la semana previa a las elecciones. La voluntad del Polo Obrero de no atizar el fuego de la conflictividad social fue tomada luego de una reunión entre representantes piqueteros y funcionarios del propio Ministerio de Desarrollo Social, quienes habían garantizado un nuevo cronograma de entrega para recomponer la provisión de alimentos a los comedores barriales a partir del lunes pasado. Algo que, desde las organizaciones, aseguran que todavía no ocurrió.

Además, cuando despunta diciembre, el reclamo social se atomiza y aparecen facciones de agrupaciones más pequeñas para demandar alimentos. De hecho una importante cadena de supermercados con sucursales en buena parte del conurbano, ya empezó a activar un operativo para coordinar con el Gobierno acciones ante ese reclamo.

“Contra el FMI”

Con las elecciones formando parte del pasado y una expectativa inflacionaria en ascenso, la coyuntura política argentina se encuentra signada por un tema que pende como una espada de Damocles: la inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, anunciado por Alberto Fernández la noche de la “derrota triunfal” del Frente de Todos. En ese sentido, la Unidad Piquetera, que integran tanto el MST Teresa Vive como el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), anunció que marchará el próximo martes a Plaza de Mayo para oponerse al pago de la deuda externa y al ajuste que vendría aparejado.

“Vamos a movilizarnos por el problema de la deuda con el Fondo, que es el problema de los problemas, ya que de ahí van a derivar todos los presupuestos que nos vayan a dar o no”, analizó Sulle ante LA NACION.

Las organizaciones sociales de izquierda entienden que el monto designado para la política social estará directamente atado a las condicionalidades que imponga desde Washington el organismo multilateral. Por eso, sus dirigentes estarán atentos a la letra chica de lo que comenzará a debatirse en el Congreso el mes que viene. “En el Gobierno están convencidísimos de que el acuerdo está bien y lo van a firmar así nomás. Nosotros decimos que es un acuerdo de hambre, la situación ya está demasiado ajustada para la gente”, sostuvo la dirigente social.

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