Con ausencia de la oposición, el kirchnerismo ratificó el último decreto del Presidente

Sin la presencia de la oposición, los legisladores oficialistas que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo impusieron su mayoría y avalaron el último decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó Alberto Fernández, el cual prorroga hasta el 21 de mayo las restricciones que dispuso el Poder Ejecutivo en virtud de la pandemia. Entre ellas, la suspensión de las clases presenciales en el área metropolitana.

Los legisladores de Juntos por el Cambio impugnaron la reunión por considerarla “inválida e improcedente”, ya que perdió vigencia el protocolo que habilita el funcionamiento remoto de la Cámara de Diputados. Así lo advirtieron en una nota dirigida al presidente de la Comisión Bicameral, el diputado kirchnerista Marcos Cleri.

“Consideramos que resulta un atropello institucional llevar adelante esta reunión e intentar dictaminar sobre la eventual validez de un DNU cuyo contenido viola las autonomías provinciales como ya advirtió el intérprete final de la Constitución Nacional (la Corte Suprema), enfatizaron los opositores.

El oficialismo desoyó la impugnación opositora y avanzó con el dictamen pese al contundente pronunciamiento de la Corte Suprema, que ayer sentenció que el Gobierno vulneró la autonomía porteña al imponer el cese de la educación presencial. A manera de revancha, los legisladores oficialistas que integran la Comisión Bicameral les dedicaron fuertes reproches a los miembros del alto tribunal y a Juntos por el Cambio.

El formoseño José Mayans, jefe del bloque oficialista del Senado, apuntó contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien consideró un “simple intendente”.

“Larreta, que es el intendente de la Ciudad, sale a contradecir al presidente marcando una posición contraria, diferenciándose, hablando de la libertad, de equilibrio, de la importancia educación, compitiendo con el presidente cuando en realidad es un intendente. El presidente es presidente porque lo eligió una mayoría de la población argentina, él tiene obligaciones constitucionales, una de ellas es el cuidado de la vida y la salud de la gente. Para ello tiene que utilizar todas las fuerzas legales. No hay que engañarse: esto es un problema político. Y la oposición quiere que “cuanto peor, mejor”. Ese es su discurso”, asestó.

Mayans apuntó contra la Corte. “La Justicia funciona de manera remota desde el año pasado. De hecho la Corte emitió el fallo de ayer de manera remota. Eso sí, dispone que los maestros den clases de manera presencial. Es incoherente”, reprochó.

Por su parte, la diputada Carolina Gaillard cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio de no asistir a la comisión. “Es una situación vergonzante. Esta no es una comisión más de este Congreso, es una comisión permanente con la potestad de sesionar en situaciones excepcionales porque debe controlar las facultades extraordinarias que tiene el presidente de la Nación para dictar medidas”, enfatizó.

En esa línea, Cleri recordó que, cuando se desató la pandemia en nuestro país en marzo pasado y no se había acordado todavía la aplicación de un protocolo de funcionamiento remoto en el Congreso, los legisladores de Juntos por el Cambio habían aceptado que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo funcionase, justamente, por el carácter excepcional de la pandemia.

“El artilugio de la oposición de no venir a la comisión no resiste el menor análisis”, coincidió el diputado tucumano Pablo Yedlin quien, en su condición de médico, justificó con argumentos sanitarios la decisión del Gobierno de restringir las actividades en el área metropolitana.

“Hoy la Ciudad tiene 1127 casos acumulados por 100 mil habitantes, es por lejos la peor en el ránking de las provincias en materia sanitaria. Además, la ocupación de camas alcanza al 95.79% -advirtió-. El gobierno porteño ahora desconoce al AMBA, pero cuando tiene que hablar de subsidios al transporte o a la energía, ahí sí se siente parte del AMBA. Pero cuando de pronto la Corte se pronuncia sobre la autonomía, dice que el AMBA no existe y se separa”.

En la misma línea, el senador kirchnerista Mariano Recalde enfatizó que hay “evidencia científica suficiente” que avala la necesidad de establecer restricciones en la Capital. Recalde fue más allá y enfatizó que el gobierno porteño debería cumplir con el nuevo decreto del Gobierno. “Todavía no fue cuestionado judicialmente, no hay razón para que la Ciudad no lo cumpla”, sostuvo.

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