Rol protagónico del Estado, revisar las privatizaciones y rechazo al lawfare, el manifiesto progresista del Grupo Puebla
LA NACION
Con la asistencia de Alberto Fernández, el Grupo Puebla presentó hoy su manifiesto progresista, en el que se analizaron distintas temáticas y se fijaron posturas económicas, sociales y jurídicas con el fin de crear un documento que represente un "punto de partida" de "un proyecto político alternativo para América Latina y el Caribe".
El Grupo de Puebla fue fundado en 2019, en esa ciudad de México, en un intento por contrarrestar la hegemonía de fuerzas liberales en América Latina, y tiene como promotor principal al dirigente chileno Marco Enríquez Ominami, amigo del presidente argentino.
Entre los puntos más relevantes del pliego, se prevé como medida contra la pandemia, para enfrentar la crisis social, "establecer una Renta Básica Solidaria por el periodo que duren los efectos de la pandemia, asumir la salud como bien público global construyendo sistemas universales de salud pública".
A su vez, busca "recuperar el rol activo y protagónico del Estado" y que "la iniciativa privada" sea "solidaria con el Estado respecto del logro de sus metas en materia de inclusión social, generando trabajos dignos y mayor participación democrática. El mercado no puede seguir siendo el paraísos de unos pocos y el infierno de muchos".
En lo económico, el documento plantea "revisar las privatizaciones y promover más control público" y "menos mercado en el suministro de servicios y bienes públicos" y la implementación de "impuestos directos y progresivos dirigidos a grandes empresas y actores del sistema financiero".
En la misma línea, el manifiesto busca "promover la integración latinoamericana soberana", en este sentido considera indispensable que los países de la región "recuperen la autonomía" frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las instituciones de capital financiero internacional.
Actualmente, la Argentina se encuentra negociando el refinanciamiento de su deuda con el FMI que días atrás, puso paños fríos a la posibilidad de cerrar un acuerdo con el país antes de mayo dejando entrever diferencias con la Casa Rosada por la inflación al reiterar la importancia de las políticas fiscales y monetarias para controlar el costo de vida un día después de que el presidente Alberto Fernández ventilara la posibilidad de elevar retenciones y apuntara contra la "especulación" por la suba de los precios, en particular, de los alimentos.
Por otra parte, en el manifiesto, el Grupo rechaza las guerras jurídicas o lawfare, pues considera que estos procesos, iniciados contra dirigentes progresistas de la región "buscan impedirles elegir y ser elegidos mediante el recorte de sus derechos al debido proceso y a la estigmatización mediática por parte de poderes fácticos que han desplazado los espacios democráticos ocupados por partidos.",
"Los y las líderes y lideresas tienen pleno derecho a ejercer su liderazgo... el poder judicial pertenece al pueblo, por ende debe rescatarse como un servicio público con jueces que defiendan este poder popular de postulados sectarios en contra de la ciudadanía, líderes y lideresas opositores y en beneficio de los gobiernos de turno", resalta sobre el lawfare, el documento.
También, el manifiesto puso especial énfasis en defender de las "agresiones e injerencias de potencias o terceros estados" a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El documento plantea la solución pacífica de los conflictos, la no intervención y "el apoyo a soluciones democráticas, pacíficas y negociadas".
A su vez, entre otras temáticas, el documento plantea el apoyo al multilateralismo y a la multipolaridad mediante una reforma del sistema de Naciones Unidas para "fortalecerlo"; una convergencia de mecanismos de integración subregional.
Para finalizar el documento proclama; "Nos urge trabajar en un proyecto político que conmueva y convenza a las y los supervivientes del viejo modelo de que aún existen en América Latina y el Caribe utopías alternativas posibles"
También, participaron del encuentro, el presidente de Bolivia, Luis Arce y los cancilleres: Marcelo Ebrard de España, y Arancha González Laya de México. A su vez, el exjefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa; su par por España José Luis Rodríguez Zapatero; los expresidentes de Colombia y Panamá Ernesto Samper y Martín Torrijos; el exmandatario de República Dominicana Leonel Fernández; el expresidente de Paraguay Fernando Lugo y los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.
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