Con apelaciones al “consenso”, la Justicia buscó exhibir fortaleza y gestión mientras avanzan los cambios en la Corte
Se realizó una audiencia de informes del Consejo de la Magistratura; todo concluyó con una foto del máximo tribunal en pleno, rodeado de los principales jueces y actores de la justicia federal
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LA NACIONHernán Cappiello
Con apelaciones al “consenso”, el Poder Judicial hizo este jueves una exhibición de fortaleza y gestión, al celebrar una audiencia pública de información del Consejo de la Magistratura, donde se destacaron los avances en la elevación de ternas para cubrir vacantes y las obras realizadas para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en Rosario.
Este acto, que culminó con una poderosa foto sacada en el Palacio de Justicia con la Corte en pleno, se dio en momentos en que el Poder Ejecutivo impulsa la incorporación del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla como nuevos miembros del máximo tribunal, una decisión que generó múltiples impugnaciones, pero que tendría apoyo en el Senado.
El acto, encabezado por el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, fue la oportunidad de la Justicia para poner en valor el trabajo realizado para lanzar el nuevo Código en Rosario, pues hasta ahora ese espacio lo había ocupado el Poder Ejecutivo.
Rosatti conmemoró además el 30° aniversario de la Reforma Constitucional en el acto realizado en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia. Estuvieron allí todos los jueces de la Corte: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
También participaron los consejeros Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Héctor Recalde, Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Jimena de la Torre, Sebastián Amerio, María Fernanda Vázquez, Roxana Reyes, Álvaro González, Eduardo Vischi y Guillermo Tamarit.
Acudió y se sacó la foto en primera fila el exjuez de la Corte y actual procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra; los integrantes de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Javier Carbajo; de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; de la Cámara Nacional de Casación, Horacio Días, y los jueces Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y María Eugenia Capuchetti, entre otros. Lijo no participó.
Asistieron jueces del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, juezas y jueces federales, nacionales y provinciales, exconvencionales constituyentes y exconsejeros de la Magistratura, y la presidenta de la FACA, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad.
Rosatti recordó cómo se gestó el Consejo, un organismo creado por la reforma realizada en la Convención Constituyente de 1994, donde junto con Maqueda fueron convencionales constituyentes. Se proyectó un video que mostró las principales obras de infraestructura y tecnológicas realizadas en el último año en todo el país y Rosatti resaltó la importancia de “cumplir con la obligación anual de rendir cuentas que tiene el Consejo”.
Allí calificó la reforma de 1994 como “la más participativa, plural y heterogénea de todas las que pudieron haberse hecho en el país”, que significó “la búsqueda de un consenso práctico destinado a transformar la realidad”.
Mencionó que antes y después “hubo grietas y enfrentamientos, pero pudimos poner entre paréntesis las diferencias de opiniones y dejarlas de lado en pos de un acuerdo”.
Señaló que “ese espíritu del ‘94 hoy lo estoy viendo en el Consejo: se dejan de lado muchas veces preferencias, opiniones o criterios sectoriales para lograr el consenso”.
En rigor, lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura es que el kirchnerismo perdió la mayoría y la capacidad propia para imponer sus candidatos, y hoy es el estamento de los jueces, asociado a los académicos y a un sector de los abogados y de la política los que tienen el mayor poder de negociación para cubrir las vacantes.
Así lograron aprobar 10 concursos para cubrir 30 vacantes de jueces nacionales y federales. Aún restan completar muchísimas vacantes, ya que un 25 por ciento de los jueces nacionales y federales está sin nombrar, pero un centenar de esos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo, que debe elevar los nombres de sus candidatos para que obtengan acuerdo del Senado. El Ministerio de Justicia avanzó en buscar consensos con los senadores, pero no mandó todavía los pliegos pues espera primero discutir los de Lijo y García-Mansilla.
Rosatti recordó que el Consejo “es hijo de esa reforma” y que su instauración permitió optimizar un mecanismo de designación de magistrados hasta entonces basado en la discrecionalidad presidencial sobre la base de pocos requisitos. “Hoy contamos con un proceso de selección que controla la idoneidad de los postulantes, perfectible, pero muy superior al anterior”, dijo, y destacó una serie de avances recientes en diferentes áreas.
El juez destacó la votación de los concursos anticipados que permiten tener jueces ya elegidos a la espera de que se abre una vacante. Asimismo, valoró los trabajos de infraestructura que abarcan una superficie de 13.600 m2 distribuidos en 80 pequeñas y medianas obras a lo largo de 14 jurisdicciones, con el foco en mejorar las condiciones de aquellos inmuebles que son propiedad del Poder Judicial. En tal sentido, mencionó además las próximas inauguraciones de juzgados en Morón, Villa Mercedes y 3 de Febrero, y la instalación de la Dirección de Asistencia y Control de la Ejecución Penal.
“En conjunción con el Ministerio de Justicia –añadió– se han hecho reformas importantes en Rosario para la implementación del sistema acusatorio, y seguiremos en la jurisdicción de la Cámara Federal de Mendoza”. En tanto, subrayó la modernización del parque tecnológico, plasmada en la renovación de 5000 computadoras en todo el país (3000 ya se hallan en distribución), que representan alrededor del 25% del equipamiento informático de los tribunales.
El lanzamiento de un programa de control de calidad en la gestión de los tribunales, la despapelización de trámites de superintendencia y el libro digital fueron otras de las iniciativas resaltadas por Rosatti en la búsqueda por garantizar “más celeridad, agilidad y transparencia, y aliviar la tarea no jurisdiccional de lo jueces para que puedan dedicarse más a la jurisdiccional”.
Finalmente, ponderó la aprobación, en la sesión plenaria del Consejo, de un conjunto de reglas orientadas a promover el uso del lenguaje claro en los pronunciamientos judiciales. La jornada prosiguió con los informes de las presidencias de las respectivas comisiones (Selección de magistrados y escuela judicial, Disciplina, Acusación, Administración y financiera, Auxiliar permanente de reglamentación) y las exposiciones de los consejeros relacionadas con las preguntas formuladas en los términos del artículo 9 del reglamento de audiencias públicas.
La jornada cerró con un panel sobre el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento a cargo de los exconvencionales constituyentes Carlos Corach, María Cristina Guzmán, Antonio María Hernández y Eduardo Menem, moderados por los consejeros Héctor Recalde y Miguel Piedecasas. El cierre estuvo a cargo de la vicepresidenta del Consejo, la jueza Agustina Díaz Cordero.
Por Hernán Cappiello
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