“Compre argentino” vs. “compre caro”: un proyecto que le permite al PAMI pagar más desató una dura polémica

El proyecto de ley de “Compre Argentino” que promociona el oficialismo para favorecer a la industria nacional recibió, de inmediato, un irónico mote de Juntos por el Cambio, que lo rebautizó como el proyecto “Compre Caro”. No se trata solo de un duelo semántico: oficialistas y opositores están duramente enfrentados en torno a una iniciativa del Gobierno que, de prosperar, permitirá que el Estado pueda comprar sus insumos hasta un 20% más caro. Incluso bienes tan sensibles como los medicamentos que adquiere el PAMI.

El debate comenzó la semana pasada en las comisiones de Industria y de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El oficialismo confiaba en que la oposición no opondría reparos a una iniciativa que mantiene el espíritu de la ley Compre Nacional que se sancionó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta norma fue concebida para priorizar a los proveedores nacionales en las compras públicas mediante un mecanismo de preferencias, esto es, la posibilidad de que empresas argentinas puedan ofertar más caro sus bienes al Estado que los de origen extranjero. El proyecto del Gobierno pretende elevar estas preferencias del 15% al 20% para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme) y del 8% al 15% para las grandes empresas.

No solo eso: en su iniciativa el Poder Ejecutivo incluyó al PAMI en el régimen para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico. Este punto terminó por convencer a Juntos por el Cambio de rechazar el proyecto. Advirtió que esta ley, de ser sancionada, no sólo habilitaría al PAMI a comprar los medicamentos que luego vende a los jubilados un 20% más caro, sino que favorecerá con negocios millonarios al ya poderoso lobby de los laboratorios nacionales.

En el oficialismo se mostraron sorprendidos por la reacción de Juntos por el Cambio y defendieron el espíritu de la norma que, reiteraron, fue sancionada durante el gobierno macrista.

“Esta no es una ley que busca comprar caro –respondió, vehemente, la diputada Victoria Tolosa Paz–. Aquí lo que se pretende es que la proporción de empresas que participen del régimen de “Compre Nacional” sea cada vez más importante, porque queremos generar trabajo y empleo”.

El argumento oficialista no convenció a los opositores. “Estamos elaborando una ley para que el Estado compre más caro –retrucó Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio–. Se tendría que llamar ley de compre caro y la verdad que sería muy bueno que hagamos una ley de compre barato, porque estamos comprando con la plata de la gente. Cuando el Estado compra más caro, los salarios de todos los trabajadores son más bajos”.

En la misma línea, el diputado Alejandro Cacace insistió en que el oficialismo no justifica por qué amplía las preferencias ya dispuestas por la ley. “Con esta iniciativa se permitiría que la gente gaste hasta un 20% más a lo que correspondería a los precios de mercado, cuando el objetivo en las compras y contrataciones es adquirir bueno y barato”, enfatizó.

Julián Hecker, director nacional del programa “Compre Argentino”, relativizó las advertencias opositoras. “No necesariamente que haya un margen de preferencia de 15% o 20% hace que el Estado pague de más ese porcentaje. Ese margen de preferencia aplica solamente en las comparaciones entre oferta importada y oferta nacional, no entre oferentes nacionales, entre oferentes nacionales siempre gana el más barato”, insistió.

Sobre este punto, el radical Hugo Romero señaló que la ampliación de los márgenes de preferencia que propone el Gobierno favorecerán, en una mayor proporción, a las grandes empresas y no tanto a las pequeñas.

Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, tomó el guante. “Cuando se aumenta más a las grandes, se trata que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras”, sostuvo y apuntó que “hay rubros en los que las pymes no pueden competir”.

“Yo a lo que le tengo miedo es a la silla de (José Alfredo) Martínez de Hoz, y creo que en lo que no tenemos que caer es en una falsa cuestión de que ‘si es más barata la importada, no me importa, que venga la importada’. A nosotros nos importa que se desarrolle la industria nacional”, respondió.

El PAMI, eje de disputa

La cuestión de la incorporación del PAMI en el régimen del “Compre Argentino” mereció otro fuerte intercambio de opiniones entre oficialistas y opositores. Hecker insistió: su inclusión ampliará el efecto multiplicador del programa, además de generar una mayor producción de los laboratorios nacionales y de las empresas de equipamiento y productos médicos.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Paula Oliveto advirtió que, por su capacidad de compra, el PAMI es el principal regulador en la compra de medicamentos del país. “Con el tema de los medicamentos en un área tan sensible con el PAMI requiere una reflexión mayor. Cuando lo vi incorporado en el proyecto, lo asocié con los propietarios de los laboratorios argentinos que hacen negocio en perjuicio de los ciudadanos. Son los mismos empresarios de siempre, los que condicionan a los gobiernos y los que terminan perjudicando a los más débiles, a los jubilados”, advirtió.

A esta altura, las posiciones parecían irreconciliables. La diputada Silvia Lospennato lo sintetizó sin vueltas. “Hay una ley de compre nacional que propuso el gobierno de Cambiemos; sin ningún análisis técnico, ahora el Gobierno pretende modificarla: el Congreso no puede seguir funcionando en torno a intuiciones y lindas consignas. Cuando uno cambia una ley que funciona y fue votada por unanimidad deberíamos tener los motivos claros”, espetó.

“Ustedes, que todo el tiempo critican que las grandes empresas han sido las beneficiarias, que en la pandemia se han llenado de dinero, que el problema de la inflación es la concentración oligopólica de las grandes empresas alimentarias, ¿y le van a seguir pagando un sobreprecio? ¿Por qué? Explíquenlo”, disparó.

La reunión de las comisiones finalizó como empezó: sin acuerdo. El martes próximo el oficialismo procurará darle dictamen para llevarlo rápidamente al recinto. Se trata de una ley clave para el Gobierno y para su promotor principal, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Sin embargo, por ahora su aprobación no está asegurada.

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