Comodoro Py 2002 | El nuevo mapa de poder en manos de las fiscalías, pese a las vacantes y la falta de liderazgo
La aplicación del nuevo Código Procesal inaugura un nuevo orden; en el edificio de Retiro hay desconfianza sobre la implementación formal, pero el gobierno insiste con su aplicación desde el 11 de agosto
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LA NACIONHernán Cappiello
A partir del 11 de agosto, la poderosa justicia federal de Comodoro Py 2002 experimentará un cambio clave: ya no será como se la conoce ahora porque el poder pasará de los jueces a los fiscales federales. Sin embargo, este nuevo orden -uno de los legados que aspira a dejar el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- encuentra a la jefatura de los fiscales, la Procuración General de la Nación, en condición vacante.
En 2017, renunció al cargo Alejandra Gils Carbó y la reemplazó como subrogante Eduardo Casal, que era el fiscal más antiguo. Desde entonces, el macrismo y el albertismo fracasaron en nombrar a un nuevo procurador titular que sea jefe de los fiscales y lidere esta transformación, que por ahora lleva adelante Casal con escasos recursos.
El presidente Javier Milei prometió enviar al Senado los pliegos de su candidato a procurador, pero aún no lo hizo. Es materia de una negociación que incluye los votos para los jueces de la Corte Suprema. Los candidatos son el juez Mariano Borinsky, el fiscal de la Ciudad Juan Bautista Mahiques y hasta hay quienes arriesgan el nombre de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia.
La situación de las fiscalías es compleja: tienen vacantes de casi el 30 por ciento en sus estructuras, no gozan de un liderazgo político claro, cuentan con pocos empleados en comparación con los juzgados y transmiten mucha desconfianza sobre la efectivad de ese mecanismo procesal.
Las vacantes no se cubrieron por diversos motivos. Algunos concursos llegaron a su fin y las ternas con los candidatos están en manos del Poder Ejecutivo, que debe designar a sus candidatos. Y en otros casos los concursos no se hicieron porque se privilegiaron las vacantes del interior del país, donde comenzó la puesta en marcha del sistema acusatorio.
Algunos de estos fiscales tienen su historia: dependiendo de la circunstancia, consintieron sobreseimientos cuando afectaban al poder o apelaron y recurrieron en otros casos para ir a fondo y llevar a juicio casos de corrupción que parecían imposibles. También hicieron fintas y tiempismo con causas de alta sensibilidad política que se llevaban al ritmo del momento.
El procurador Casal tiene la facultad de dictar la política criminal y dar instrucciones generales, pero tiene vedado el dictado de instrucciones particulares en cada causa. Y esa línea no se cruza.
La contracara de este diagnóstico es la transparencia y publicidad de un sistema que se sobrepone a los funcionarios que lo tienen que poner en práctica. Un mecanismo donde lo que se decide debe ser en audiencias públicas, en el que las decisiones de consentir una libertad o desestimar un caso se deben tomar de cara a la gente.
Una recorrida de LA NACION entre los integrantes del Ministerio Público Fiscal ante la implementación del Código acusatorio permitió palpar que hay acuerdo de fondo con el nuevo mecanismo procesal, pero prima la desconfianza.
El nuevo Código Procesal de arranque contempla el establecimiento de fiscalías de casos sencillos, de casos complejos, de atención temprana y de asuntos residuales, donde irán a parar todas las causas actuales, incluido, por ejemplo, el caso de los cuadernos de las coimas.
La asignación de las causas a estas fiscalías se determinará por su complejidad y los jueces que intervengan en cada incidencia provendrán de una “bolsa de magistrados” que se sorteará para cada asunto a resolver. Aparece la figura del “fiscal del caso” que lleva todo el proceso, de principio a fin, incluso el juicio oral.
Supervisión
Habrá fiscales coordinadores y de distrito que supervisarán la tarea de las unidades fiscales. Todo esto requiere, entonces, que los funcionarios judiciales que hasta ahora eran amos y señores de sus causas, estén bajo la mirada de otro fiscal.
El sistema federal en Comodoro Py 2002 cuenta con 12 fiscalías federales de primera instancia, de las cuales hay tres que están vacantes por el fallecimiento de sus titulares. Una de ellas está en disputa en la Justicia. La fiscalía de Cámara estaba ocupada por Germán Moldes, un icónico funcionario judicial que ostentaba una suerte de liderazgo político entre algunos fiscales de primera instancia. Otros lo cuestionaban.
Moldes falleció y la fiscalía de Cámara quedó a cargo de José Luis Agüero Iturbe. Se trata de un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas y por los camaristas, que no tiene el alto perfil de Moldes, que tallaba tanto en la política como en los medios y en la Justicia.
Algunos fiscales creen que habrá un verdadero cambio para mejor, otros desconfían de la oportunidad política del anuncio en vista de las elecciones, como si la Justicia moviera los sondeos de opinión electoral, y otros directamente ven en esta iniciativa una idea del ministro Cúneo Libarona para generar impacto político.
Los fiscales de primera instancia hoy son todos jugadores singlistas. Hacen su juego y de manera independiente unos de otros. En algunos casos hay recelos entre ellos, pero cada quien atiende sus asuntos.
Entre los fiscales de primera instancia, en la fiscalía 1, que es la lleva los temas electorales estaba el fiscal Jorge Di Lello, ya fallecido. Un peronista que llegó de la mano de Gregorio “Goyo” Corach -exjuez y hermano de Carlos Corach- en los años 90 y dejó huella entre sus empleados.
La subroga Ramiro González, que es también fiscal ante la Cámara Electoral. González es el fiscal que llevó el caso de violencia de género contra Alberto Fernández y es recordado en los tribunales por su fiesta de cumpleaños en la Costanera, con video y drones incluidos, salón y luces estroboscópicas.
El fiscal Carlos Rívolo, que llevó casos resonantes como las causas contra Amado Boudou o Ricardo Jaime o el intento de asesinato de Cristina Kirchner, es de los más experimentados.
Su vecino es Carlos Stornelli, fiscal duro que fue funcionario del Ministerio de Seguridad en la provincia y regresó a la Justicia. Impulsó casos de corrupción como los cuadernos de las coimas y fue objeto de ataques del kirchnerismo.
Tiene el despacho pared por medio con Eduardo Taiano, un veterano funcionario judicial que acumula causas sensibles: desde la muerte de Alberto Nisman, hasta el caso $LIBRA contra Javier Milei. Prefiere el bajo perfil.
La fiscal Alejandra Mángano, hija de un histórico secretario de la jueza María Servini, lleva los asuntos de su fiscalía y los casos de trata de personas de la Protex. Esa fiscalía la ocupaba el fallecido Patricio Evers.
Franco Picardi, que fue funcionario del Ministerio de Justicia en el kirchnerismo, es el titular de la fiscalía contigua, donde lleva casos de corrupción y ahora investiga al exmarido de Jessica Cirio. En su fiscalía está el caso Odebrecht.
Federico Delgado falleció en 2023 y su fiscalía está vacante. Era el favorito de Moldes: cuando se iba licencia para recorrer iglesias italianas lo dejaba a cargo de la fiscalía de Cámara.
Guillermo Marijuan maneja su fiscalía sin contacto casi con sus colegas y sorprende cada tanto con dictámenes de alto perfil e impacto político. Eterno candidato a la Procuración, un cargo que le es esquivo.
Paloma Ochoa, una aguerrida militante de la causa feminista, trabaja en la fiscalía con casos sensibles para el Gobierno.
Gerardo Pollicita, el fiscal que instruyó los casos Vialidad y Hotesur y Los Sauces, está curtido en asuntos de corrupción y acusó tanto al kirchnerismo como en algunos asuntos al macrismo. Está cerca de llegar a la edad en que se pregunta si debe seguir adelante o jubilarse. El cambio de sistema procesal le abre un escenario nuevo.
Por encima de ellos, en Comodoro Py 2002 están los fiscales de juicio, que llevan las causas que actualmente están en esa etapa, con audiencias en marcha o juicios por hacerse y, más arriba, los fiscales ante la Cámara de Casación.
Se cuentan Raúl Pleé, un experimentado que llegó a Comodoro Py desde la justicia federal de San Martín, que estaba en carpeta en el macrismo para ser procurador y sufrió un desaire a último momento, con ascendencia sobre algunos de sus colegas. Mario Villar, académico que orienta el Instituto de Derecho Penal de la UBA, y Javier de Luca, el más disruptivo en esa franja, al punto que sostuvo por ejemplo la inexistencia de delito en la causa por la firma del Memorándum con Irán, idea que compartió con los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner.
A ellos, el nuevo Código Procesal no los alcanza en el día a día, sino que atienden en la apelaciones de esos asuntos cuando llegan a la Casación. Todos en el sistema, desde la primera instancia a la Casación, tienen alguna aprensión, como siempre que se da un nueva etapa. Piden más tiempo para adaptarse, desconfían de que arranque el 11 de agosto y apuestan a que se correrá esa fecha.
Temores normales pero, desde el Gobierno, Cúneo Libarona tiene la decisión de avanzar con el sistema acusatorio, con lo que acaso sea la máxima y transformación de la justicia federal desde 1992, cuando Carlos Menem ideó Comodoro Py 2002 como una salida para sus problemas con la justicia federal.
Por Hernán Cappiello
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