Un reclamo por obras de arte de León Ferrari genera expectativa sobre una decisión de la Corte
Los ministros habilitarán esta semana la posibilidad de recurrir al Superior Tribunal de justicia porteño en los casos civiles; es un precedente que espera la defensa del expresidente Macri para llevar su caso a la Ciudad
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia resolverá esta semana una causa de la justicia civil donde los herederos del artista León Ferrari demandaron al periodista Gabriel Levinas. Curiosamente, el fallo sobre el pleito en torno a unas obras de arte puede ayudar al expresidente Mauricio Macri en la disputa que tiene con el Estado nacional por una supuesta vieja deuda del Correo Argentino.
El hilo que conecta el caso Levinas con el caso Macri involucra una decisión trascendental de la Corte Suprema de Justicia sobre las facultades de la justicia nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
En un fallo inminente, la Corte Suprema apunta a darle mayor preminencia y facultades a la justicia porteña. ¿Cómo? La habilitará a que las causas iniciadas en la justicia nacional de la Ciudad puedan ser recurridas ante el Superior Tribunal de Justicia porteño.
El caso Levinas es el leading case ante la falta de una ley o un convenio específico que haya regulado la transferencia judicial al ámbito local, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
La justicia nacional y federal se resiste a la transferencia a la Ciudad y las diversas administraciones porteñas avanzan con el traspaso, primero de competencias penales, y ahora con la creación del fuero laboral porteño, según una ley que acaba de ser aprobada en la Legislatura de la Ciudad.
El jefe de Gobierno porteño es Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri.
Los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tratarán este asunto en los próximos días Es uno de los últimos fallos de la Corte con cuatro votos, antes de la salida de Maqueda del tribunal, el 29 de diciembre próximo a los 75 años.
El caso en cuestión sobre el que resolverá esta semana la Corte, y sobre el cual ya dictaminó el procurador Eduardo Casa, nace de una demanda de la familia del artista León Ferrari contra el periodista de arte Gabriel Levinas. En esa causa, la Justicia civil condenó a Levinas a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y condenó a Levinas a abonar US$88.000, más intereses desde 2010.
Contra ese fallo, Levinas presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, recurrió a la Justicia porteña.
La Cámara Civil hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. El caso fue a la Corte Suprema de Justicia, que antes de decidir le pidió opinión al procurador Casal.
El debate es si la Justicia porteña puede ser tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia nacional. La reforma constitucional de 1994 -que reconoce la autonomía porteña- estableció la creación de una Justicia local en la ciudad de Buenos Aires, como ocurre en todas las provincias. Pero no se concretó aún la transferencia total de la Justicia nacional (que ya existía asentada en el territorio porteño) a la órbita local. Es más, los jueces nacionales se resisten a ese traspaso.
A falta de una ley o convenio específico y la demora de mas de 30 años desde la reforma constitucional, la Corte mediante, su jurisprudencia, fue avanzando y entendió que la competencia ejercida por la Justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires no es federal, sino que versa sobre la interpretación y aplicación del derecho común, cuyo conocimiento corresponde a la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, quienes se oponen a que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad revise los fallos de la Justicia nacional sostienen que la Justicia porteña no tiene potestad para revisar las sentencias de la Cámara Nacional en lo Civil, que solo pueden ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia. Hay convenios y leyes de transferencia parcial, que no alcanzan a la Justicia laboral, civil o comercial.
En este conflicto, Casal opinó en favor de la justicia nacional. Pero la Corte no compartiría sus puntos de vista. Casal dijo en este caso que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad”. Hacerlo implica modificar la estructura del Poder Judicial, escribió.
Recordó que el Congreso fue transfiriendo competencias de la Justicia nacional ordinaria a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante convenios específicos, y otros proyectos de ley en trámite. Por eso opinó que “no incumbe al Poder Judicial realizar por vía pretoriana [mediante sentencias] traspasos de competencias nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que equivale a arrogarse mayores facultades que las que le han sido conferidas expresamente, e invadir de ese modo la órbita de competencias exclusivas del Congreso de la Nación, al que los constituyentes encomendaron expresamente esa misión”.
Al igual que Levinas, los accionistas de Socma, la empresa fundada por la familia Macri, recurrieron al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad un fallo que les fue adverso y mediante el cual trataban de recusar a la jueza comercial que lleva el concurso del Correo Argentino. Esta medida hizo que la fiscal comercial Gabriela Boquín los acusara de buscar una justicia amiga y denunció que cometieron forum shopping, al elegir un tribunal mas permeable a sus deseos.
Socma rechazó esta acusación y señaló que hay fallos de la Corte que avalan su pretensión de recurrir a la Justicia de la ciudad contra un fallo de la Justicia comercial. Confía la empresa en que le irá mejor en la justicia porteña que en la nacional.
Ahora la Corte, en el caso Levinas, tiene la posibilidad de zanjar este asunto y decir la última palabra, que además de impacto institucional en la transferencia de la Justicia nacional a la local, tendrá un efecto político sobre la empresa de la familia Macri y su patrimonio.
Por Hernán Cappiello
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