Cómo sigue la causa penal de la que excluyeron a Martín Soria antes de ser designado como ministro

Su nombre todavía no sonaba para el Ministerio de Justicia de la Nación, pero Martín Soria arrastraba una investigación en su pago chico que podía incomodarlo. Eso cambió durante la primera semana de febrero. La pesquisa era por aportes “voluntarios” a su carrera política de decenas de funcionarios de la Municipalidad de General Roca. Lo excluyeron de la pesquisa, que pasó a enfocarse en dos de sus entonces subalternas, según reconstruyó LA NACION.

La investigación se había iniciado en marzo de 2019, cuando un abogado rionegrino vinculado a Pro, Nicolás Suárez Colman, denunció que más de cuarenta funcionarios de la Municipalidad de General Roca le entregaron el 6% de sus salarios al por entonces intendente Martín Soria, durante meses y de manera “secreta”, por casi medio millón de dólares.

Durante los meses que siguieron, numerosos funcionarios y empleados municipales declararon en tribunales. Coincidieron en que esos aportes eran “voluntarios”, por lo que la fiscal con asiento en Roca a cargo de las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, Julieta Villa, desestimó la denuncia a fines de 2020. Concluyó que la operatoria era “desprolija”, pero no delictiva.

“Si bien fue administrativamente ‘desprolija’ la manera de recaudar los fondos para solventar el proyecto político de Martín Soria, no se reúnen los elementos típicos necesarios para encuadrar los hechos investigados, en por lo menos una figura penal típica”, estimó la fiscal.

Villa fue más lejos en su dictamen. Indicó que “no se pudo probar que el destino de los fondos sea para provecho personal del exintendente [por Soria] o de los funcionarios cuestionados; por el contrario, quedó evidenciado que dichos fondos eran utilizados para solventar los gastos del proyecto político y para distintas obras de bien común, destinadas a los vecinos más carenciados”.

Inconforme, el denunciante apeló esa decisión. Entre otros motivos, por una presunta conducta inapropiada de la fiscal Villa, como así también por supuestas irregularidades en la investigación. “Soria no estaba ni imputado y se reunió en la Fiscalía, mientras que su abogado defensor, Santiago Silva, también declaró como testigo y como informante por parte de la Municipalidad. Solo le faltó firmar como fiscal”, ironizó Suárez Colman, ante la consulta de LA NACION.

Deslinde en febrero

Tras el levantamiento de la feria judicial de verano, de todos modos, la investigación registró un giro sustancial en febrero de este año. La jefa de la Unidad Fiscal en General Roca, Teresa Giuffrida, deslindó a Soria de la pesquisa penal, que centró en las entonces responsables del área contable del municipio que lideró el ahora ministro designado entre 2011 y 2019.

Según Giuffrida, quedó probada la existencia de los aportes “para el proyecto político de Soria”. También, que se entregaron “en efectivo” y sin que la operatoria quedara “reflejada en el recibo” de sueldo de cada uno de los aportantes. Pero coincidió con la fiscal Villa que lo ocurrido no podía encuadrarse como un delito.

El dictamen de la fiscal benefició así a Soria y a quienes por entonces integraban el Tribunal de Cuentas comunal, Marta Pellegrini, Luciana Osácar y Juan Pablo Urquiaga. “Con la información reunida hasta ahora, no hay elementos que permitan atribuirle un delito”, afirmó.

Aun así, Giuffrida consideró que la investigación penal debía continuar. Estimó que, dado que la operatoria fue “sumamente informal, sin registraciones contables”, quedaban eventuales responsabilidades por determinar. “Corresponde investigar si los funcionarios de la Dirección de Contabilidad y Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad durante el período denunciado cumplieron con el procedimiento administrativo contable en el manejo de fondos públicos que habilitaba el descuento”, sostuvo.

De este modo, la pesquisa se centrará ahora en la entonces directora de Contabilidad y Finanzas comunal, Roxana Vallogia, como así también en la exsecretaria de Hacienda -y actual secretaria de Gobierno- de General Roca, Mariana Soler, quien habría sido quien recolectaba los aportes, cada mes, y se los entregaba “en mano” a Soria, de acuerdo a la denuncia.

Apelación en ciernes

Después de que Giuffrida ordenó en febrero profundizar la pesquisa, el expediente quedó en manos de otra fiscal, Norma Reyes. Deberá tomar las medidas necesarias para que el perito contable del Ministerio Público designado, Gastón Lehner, complete su análisis sobre los expedientes de pago a los funcionarios que integraron el gabinete hasta 2019.

Giuffrida confía en que ese peritaje “permitirá aclarar si los funcionarios en el marco de sus funciones cumplieron con el procedimiento administrativo contable en la liquidación de los sueldos donde no se consignaron los aportes voluntarios, en los depósitos en cuenta sueldos por importes menores a los que figuraban en los recibos y en los pagos en efectivo de los aportes voluntarios. O si por el contrario, actuaron al margen de los deberes que la función les imponía en el manejo de los fondos públicos”.

Para el denunciante Suárez Colman, en tanto, el arribo del expediente a primera instancia significó dos novedades. Por un lado, la notificación formal de que Soria quedó deslindado de la pesquisa cuando su nombre ya sonaba para el Ministerio de Justicia. Por el otro, la posibilidad, según afirmó, de apelar esa decisión.

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