Cómo se gestó el grupo de empresarios que apoya a Milei, organiza un cacerolazo contra el paro de la CGT y por qué fue cuestionado

En el sector privado el río está revuelto. Empresas y pymes sienten que la representación que ofrecen sus entidades se ha desvirtuado en negociaciones políticas o ha sido tomada por actores cuya opinión no refleja a todas las organizaciones que contienen. En medio de los análisis y posturas que surgen en torno a la desregulación laboral, sindical y tributaria del mega-Decreto de Necesidad y Urgencia y la ley ómnibus, se gestó un grupo de cerca de 3000 pequeñas y medianas empresas, que incluyen a productores y emprendedores, cuya intención es mostrar apoyo público a las medidas del presidente Javier Milei. También organizan un “cacerolazo”, este domingo, contra el paro de la CGT convocado para el 24 de enero.

El grupo, llamado “PEP”, se reunió con varios legisladores, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó una cautelar en contra de las medidas del decreto de necesidad y urgencia. El mayor revuelo se generó el viernes pasado, cuando desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado oficial en apoyo a esta nueva organización y agradecieron “su respaldo”. Las suspicacias por parte de la oposición surgieron a partir de que se trataba de un grupo no reconocido formalmente y con poco tiempo de vida.

Sus impulsores, entre los que están Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari y Alejandra Bada Vázquez, iniciaron una convocatoria a otros empresarios utilizando como grupo base el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, creado a partir del trabajo de Florencia Arietto con Pymes que habían sufrido problemas en su normal operatoria por el actuar de los sindicatos. Llegaron, a través de grupos de WhatsApp y un formulario online, a unas 3000 empresas.

Llanos, uno de sus principales voceros, explicó a LA NACION que se trata de un impulso genuino del sector privado y que no tienen vínculos con funcionarios del Gobierno. Comentó que nunca habló con Milei y que incluso le envió un mensaje tras su victoria, pero fue bloqueado por el flamante mandatario. “El comunicado fue una sorpresa total, el chat explotaba porque no lo podían creer”, aseguró. La intención de PEP es interceder con los actores necesarios para que el DNU quede vigente y que la ley se apruebe. Pidieron reuniones con múltiples organizaciones: desde la Unión Industrial Argentina a la Sociedad Rural, pasando por Coninagro, la Cámara de la Construcción y la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

“Les estamos armando un lío tremendo a esas cámaras”, dijo Llanos. “Algunas quedaron muy atrapadas en el proceso electoral. Por lo bajo, dicen que están de acuerdo en su mayoría, pero cada una tiene sus relaciones y negociaciones políticas”, agregó. Por otra parte, sobre la Pymes opinó que muchos dirigentes tienen “temor” a entender que “el mundo está bajo otro paradigma”, aunque no ve deshonestidad sino miedo a perder lo conseguido.

El “Comité PEP”, según Llanos, no tiene líder, ni jefe, ni personería, aunque ya tiene página web (creada el 12 de enero). Según sus estimaciones, el 40% de los miembros tienen relación con el campo y “están dispuestos a bancarse las retenciones si es para sacar el país adelante en un año”.

A principios de enero, le entregaron un petitorio a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Cuando un grupo de 20 personas, aproximadamente, se acercó a ingresarlo por mesa de entradas formalmente, solicitaron una reunión con los magistrados, que accedieron. Fueron recibidos por la presidenta de la sala de feria del tribunal, María Dora González, que falló en contra de la cautelar, y Andrea Érica García Vior, cuya decisión fue a favor.

“Reconocemos que el DNU representa un cambio de paradigma y entendemos que requerirá un esfuerzo colectivo. No obstante, estamos profundamente convencidos de que, sin estas transformaciones vitales, el pueblo argentino quedará sumido en la más inhumana pobreza”, decía el petitorio.

El comunicado, que fue enviado al Presidente, decía: “Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino. Queremos dar un salto hacia adelante impulsando las propuestas que buscan ordenar los costos laborales para las Pymes y emprendedores, fomentando la pronta creación desempleo privado de calidad, generando un mayor bienestar para las familias argentinas que hoy se encuentran arrasadas por la caída del poder adquisitivo. Trabajamos juntos todas las vertientes del sector productivo en el mismo sentido”.

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