Pablo Bertuzzi avanza arrastrando un gran bolso negro con rueditas. Entra al gigantesco galpón, elije un escritorio y se sienta frente a la computadora. Saca un bolso térmico azul con un dibujo del hombre araña y se prepara para que empiece el examen, que está previsto que dure ocho horas.
Bertuzzi es uno de los 55 candidatos que se presentaron hoy a rendir la "prueba de oposición" en el concurso 461, que abrió el Consejo de la Magistratura para cubrir dos vacantes en la estratégica Cámara Federal porteña. Su caso no tiene precedente: una de las vacantes que se concursan es la que él mismo deja. Había llegado a la Cámara por traslado y, después de una dura batalla legal, la Corte resolvió el año pasado que no podía considerarse definitivo ese traslado (ni el suyo ni el de Leopoldo Bruglia, que no se anotó para rendir hoy). "Mis expectativas en este concurso son cero", le dijo Bertuzzi a un colega.
Para cumplir con el protocolo de pandemia, el examen se toma en un pabellón de Tecnópolis que mide unos 110 metros por 90. Está pegado a uno todavía más grande en el que se apilan camas de cuando en Tecnópolis se montó un centro para pacientes con coronavirus.
Es un concurso clave, de enorme relevancia política. Quienes ganen integrarán el tribunal que revisa las decisiones de los doce jueces de Comodoro Py. Unos metros atrás de Bertuzzi entró, con un carry on y una mochila, uno de esos doce jueces: Sebastián Casanello. Vino de traje, a diferencia de casi todos los demás. Mientras a él le toman la fiebre y le ponen alcohol en las manos, detrás de una línea amarilla espera su turno el juez penal económico Javier López Biscayart, de jean, camisa blanca y zapatillas.
López Biscayart ya concursó para este cargo y quedó incluso en la terna, pero ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri lo eligieron. Fue el primer juez del caso Skanska. Como la mayoría de los que hoy rinden, tiene una larga experiencia en concursos.
Entre los 55 candidatos en carrera hay jueces y fiscales. Cecilia Incardona, la fiscal federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la AFI macrista, comparte un escritorio doble –blindex de por medio- con Casanello, el hombre más felicitado del día (fue el instructor de la causa en la que Lázaro Báez terminó condenado). También estaba anotado para rendir Federico Villena, a quien Incardona denunció por la restitución irregular de casi medio millón de dólares a una hija de Hugo Moyano, pero Villena fue uno de los 83 inscriptos que no se presentaron. Tampoco rindieron los jueces de Comodoro Py Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos, que se habían anotado.
A dos escritorios de Incardona está, de remera verde, Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata devenido en "el hermano de" desde que la pandemia puso en primera línea de fuego a Nicolás, viceministro de Salud de la provincia.
Son las 9:15 y ya están todos sentados, cada uno en un escritorio, a tres metros de separación del siguiente, con una computadora sin conexión con el exterior y un pequeño velador. "Conseguimos casi todos blancos, pero algunos son rosas", cuenta un encargado de la organización. Montar esta enorme aula con 130 puestos fue todo un desafío.
Ingrid Jorgensen, la secretaria de la Comisión de Selección del Consejo, toma el micrófono y explica cómo será el examen. "La secretaria sabe porque tiene unos añitos de antigüedad en el cargo", dice fuerte, como un reconocimiento, la presidenta de la Comisión, la consejera Graciela Camaño, hoy al frente del operativo, que avanza sin sobresaltos. "Las vueltas de la vida…", sonríe un funcionario que las conoce bien. Jorgensen llegó al Consejo de la mano del kirchnerista Carlos Kunkel, su padrino político y el hombre a quien Camaño le pegó una cachetada en plena Cámara de Diputados.
"Vamos a poner en el bolillero cuatro bolillas y vamos a proceder a desinsacular", dice Jorgensen. Todos judiciales, a ninguno le sorprende la expresión. Lo que van a sortear es cuál de los cuatro exámenes que preparó el jurado -y que entregó en sobre cerrado- es el que se va a tomar. Jorgensen les muestra cada bolilla, para que vean bien el número, a los cuatro consejeros presentes (además de Camaño, están el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; el abogado Diego Marías y el flamante presidente del Consejo, Diego Molea); a los dos jurados que vinieron, Javier De Luca y Claudia Rezsek, y a una cámara que lo registra todo.
Salió el dos. Jorgensen toma el sobre de papel madera con ese número y lo abre. "Es el caso tres", dice y antes de leerlo en voz alta, abre los otros dos sobres para que los jurados constaten que contenían los otros tres casos. Empleados de la comisión hacen las 55 fotocopias que repartirán por las mesas. Todo se hace en el mismo pabellón.
Los concursantes tienen que resolver un caso -inventado por los jurados- como si estuvieran integrando ya la Cámara. Deben revisar el fallo de un supuesto juez que resolvió una causa sobre un grupo de trabajadores traídos ilegalmente de Paraguay. Tendrán ocho horas para hacerlo. Desde hace doce años, el reglamento les permite consultar los libros y fallos que hayan traído (eso explica las valijas), pero no tienen acceso a internet y debieron dejar sus teléfonos en bolsitas con cierre hermético, sobre una mesa, junto a la entrada.
"¿Quiénes son fumadores? Levanten la mano", dice Jorgensen. Son siete. Van a salir a fumar de a uno. Los concursantes no pueden conversar entre ellos. La idea es que no se encuentren ni siquiera en el baño. "La letra debe ser Arial, interlineado uno y medio. Sin negritas ni mayúsculas ni ninguna información que permita que se los identifique. Y no sean autorreferenciales... Es para garantizar el anonimato", les dice.
En la historia del Consejo hubo concursos seriamente sospechados de corrupción. En 2009, en Entre Ríos, a un fiscal que se presentó a rendir examen para un tribunal oral le encontraron el caso que se iba a tomar un día después, en otro concurso para el que también competía. Mucho menos escandaloso, pero también polémico, fue el caso del concurso para cubrir la vacante de Sergio Torres en el juzgado federal 12 de Comodoro Py: después del examen, tomado hace un año, apareció una prueba sin su número identificatorio que no pudo ser asignada a ninguno de los 77 concursantes. El concurso sigue frenado.
A las 9:34 empieza a correr el reloj para los concursantes y el silencio es tal que el canto de un grillo se escucha en todo el salón. Entre los escritorios avanza una cuadrilla de cinco jóvenes, de chaleco amarillo flúo, que limpia. Una pasada es con balde y mopa; otra, con un pulverizador cargado de desinfectante.
Rezsek, jurado, pregunta cuántos concursantes se presentaron. Ella y De Luca sonríen. Que hayan faltado tantos es una buena noticia. Creían que tendrían unas 100 pruebas para corregir. Los otros dos jurados que participarán de la corrección son Alberto Montbrun, profesor de la Universidad de Cuyo, y Mirta Sotelo, jueza de Corrientes.
De los 55 que rindieron hoy, 13 son mujeres. La justicia federal de Comodoro Py tiene a pocas mujeres en cargos estratégicos y ninguna en la Cámara Federal, pero es probable que eso cambie. El nuevo reglamento exige que se incluya, como mínimo, a una mujer por terna.
Desde el fondo del salón un concursante levanta la mano. Se le desconfiguraron los márgenes. Los candidatos escriben en un procesador de texto, que es lo único que tienen cargado las máquinas. Durante horas, solo podrán levantarse para ir al baño, salir a fuman o hacerse un café en alguno de los dos puestos que están junto a la entrada.
Cada concursante que termina su prueba avisa. Personal de la Comisión de Selección se acerca a su escritorio con un pendrive limpio ("Son recién salidos del blíster", dijo un miembro del equipo de tecnología a LA NACION) y el candidato copia en él su examen. Ese pendrive lo entrega al funcionario encargado de imprimir cada prueba. El postulante la toma de la impresora –que también imprime una ficha con los datos personales del candidato-. Cada examen tiene un número para su identificación, y ese mismo número queda en la ficha con los datos de cada aspirante. Exámenes y fichas van a cajas diferentes.
Cómo sigue
Los exámenes se guardarán esta noche en la caja fuerte de la Comisión de Selección, que se abrirá el lunes. Ese día, los números que identifican a los exámenes deberán ser reemplazados por una clave de tres letras. Se realizarán cuatro copias de todas las pruebas y cada jurado recibirá un juego.
Los jurados tendrán 30 días hábiles para entregar las notas. Después, se analizarán los antecedentes de los candidatos, se abrirá un tiempo para impugnar las calificaciones, se tomarán las entrevistas personales y se elaborará un orden de mérito. Sobre esa base, los consejeros decidirán las ternas y darán por terminado el concurso. Pero todo esto es solo parte del proceso. Luego, el Presidente tiene que elegir a su candidato de la terna y el Senado, darle su acuerdo. Un largo camino.
El último concurso para la Cámara demoró diez años y un mes. Esta vez, los consejeros dicen que van resolverlo en cuestión de meses.
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