Cómo hizo el “rey del tabaco” para que su empresa domine un negocio millonario
En las sombras del emporio de Pablo Otero, propietario de Tabacaleras Sarandí, asoman sospechas de evasión fiscal y cuentas offshore en paraísos fiscales; denuncian que influyó en la postergación de un debate sobre impuestos internos en el sector
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LA NACIONCamila Dolabjian
Detrás de la guerra entre las tabacaleras hay dos contendientes que, a simple vista, parecen estar en desigualdad de condiciones. Por un lado, una multinacional valuada en billones de dólares, con presencia en más de 100 países. Y, por el otro, un empresario dueño de una pyme nacional productora de los cigarrillos más baratos del mercado.
Esa imagen sorprende a quienes ven que Pablo Otero, de la Tabacalera Sarandí, logró posponer el debate legislativo sobre las condiciones de mercado que lo favorecen hace varios años y por las que logró absorber prácticamente un 33% del mercado de cigarrillos.
Otero argumenta que su compañía no debe pagar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos porque sería “injusto” frente a la capacidad económica de los grandes aglomerados presentes en la Argentina. Concretamente, Massalin Particulares (Phillip Morris) y British American Tobacco. Descalifica a quienes lo cuestionan y los acusa de querer destruir la industria nacional. Pese a ello, su compañía no compró ni un gramo de tabaco argentino a los productores locales en todo 2023, según los registros de las cámaras de Salta, Jujuy y Misiones.
En momentos de cierre total de importaciones, Otero tuvo acceso a las SIRA necesarias para traer del exterior cada kilogramo de materia prima que requirió para fabricar los cigarrillos que se venden con las marcas Red Point, West, Master y Kiel.
Según datos de las plataformas de importación oficiales, en 2023 Tabacalera Sarandí adquirió 7,9 millones de kilos de tabaco picado o en hebras por un total de US$44 millones. Un precio promedio de US$5,55 por kilo. En la Argentina, un kilo se vende a entre US$2 y US$4, según diversas fuentes del mercado.
El mismo Otero admitió en una entrevista radial que su empresa tiene cerca del 33% del mercado de los cigarrillos. El año pasado se vendieron alrededor de 1800 millones de atados en la Argentina, por lo que Tabacalera Sarandí expendió unas 603 millones.
Las cuentas no cierran con respecto a lo que tributan a la AFIP. El empresario dijo públicamente que factura unos US$800 millones por año, un valor promedio de venta de $1324 si proviniera solo de la venta de cajetillas. Sin embargo, a la agencia impositiva le reportan un precio entre $500 y $600 por atado. La mitad de lo que Otero declaró facturar.
Distintas fuentes coinciden en que hace tiempo yace en las oficinas de la AFIP una investigación reservada sobre presunta evasión de Tabacalera Sarandí.
La empresa cuenta con medidas cautelares para no pagar el impuesto interno mínimo y logró en la justicia contencioso administrativa que no le se le apliquen las normas que permiten registrar los movimientos de tabaco internamente en la Argentina. Argumenta que los requerimientos de la AFIP resultan “irrazonables”.
Sociedades en todo el mundo
Otero y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. En la Argentina, sus empresas más relevantes son Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, con el que controla a la primera y realiza inversiones en otras áreas (medios de comunicación). También controla Global Race, vinculada al automovilismo; Punt Vermell (producción y comercialización de obras y espectáculos) y Crossfinder SA (servicios de consultoría e informática). Casi todas comparten domicilio en Puerto Madero.
LA NACION pudo constatar empresas constituidas con su participación o la del Grupo Madero en Estados Unidos, mayormente Delaware y Miami, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis. Muchas de las sociedades y propiedades en el exterior tienen participación de otros Otero, Adrián y Silvia Alejandra, como también a Guadalupe Saldungaray, quien sería su pareja.
En Brasil tiene una compañía llamada Mercicler Importadora Ltd, fundada en 2004, conjunto con los socios Horacio Morales y Renato Fernandes De Oliveira Junior. El objeto de la empresa es el comercio de tabaco y bebidas alcohólicas. El domicilio reportado es un baldío en San Pablo.
Varias de sus empresas brasileñas fueron fundadas con la offshore Centauro Mobility LLC, con domicilio en Charlestown, Saint Kitts and Nevis, considerada un paraíso fiscal. Con esta se abrieron, junto con Fernandes de Oliveira Junior agencias de viaje en Brasil, como Viaggio Aviacam Turismo Ltda. Su socio y esta empresa tienen registradas cinco aeronaves: tres helicópteros (dos Robinson y un Bell), una avioneta Cessna y otra Cirrus Design.
Con Centauro Mobility LLC Otero compró varias sociedades en Estados Unidos, especialmente en Miami, con valores que superan los US$5 millones. Tiene un penthouse en Marina Palms Residences South y otro en The Harbour South Condo.
Otra de sus compañías es Grupo Madero Sur Corp. Fue fundada en Florida, en el mismo lugar que otras, como Costa Brava Realty Corp, Auriga Holding Investments, Zona Sur LLC, Limitless Boundary USA LLC y Proterra Food Trading. Todas están asentadas en 1000 NW 57th CT, Suite 1040,, en el centro de Miami. A través de éstas se llega a otras propiedades en Oceanía.
El discurso de Otero se distancia de sus operaciones comerciales y elecciones de compra. Se sospecha que no ganó la discusión sobre las condiciones tributarias de la industria con la idea de que beneficien a las Pymes, sino con sobornos. Hace dos días ingresó a la Justicia una denuncia de Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, por cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión y lavado de activos, contra Otero, el diputado Carlos Castagneto (extitular de la AFIP, entre otros.
La denuncia se basa en un mail anónimo, en el que se detallaba que el diputado Castagneto habría recibido US$4 millones por parte de Otero para “repartir entre miembros de su bloque y dos legisladores de Pro” para acordar en contra del capítulo tabacalero de la ley ómnibus. Asegura que hubo dos pagos, uno al principio de la “gestión” y otra “contra el resultado de la misma”.
Por Camila Dolabjian
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