Cómo funciona el organismo del que echaron más de 100 empleados y cuál será el próximo paso del Gobierno

Tras echar a más de 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Dpsca) –el 72% de su personal–, el Gobierno pretende avanzar con su completo desmantelamiento a través de una reforma en la ley de medios, la 26.522. El organismo, que funciona bajo la órbita del Congreso Nacional, tiene el objetivo de “difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios en todo el territorio nacional”.

El anuncio del recorte estuvo a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien a través de X, destacó la medida formalizada en el Boletín Oficial y aprovechó para transparentar la red de alianzas del Gobierno. En la publicación elogió a dirigentes puntuales de Pro y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero evitó nombrar a la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que mantiene una gélida relación con la Casa Rosada.

El guiño a diputados de Pro se da después de que muchos de sus referentes cuestionaran decisiones y actitudes del Gobierno y, puntualmente del Presidente, contra periodistas y medios críticos. Por caso, una de las medidas que más tensión generó con el macrismo fue el cambio en la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública por el que se acotaron los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó el alcance del concepto de “información pública” y lo redefinió como “cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

Sturzenegger elogió Soher El Sukaria, dirigente Pro y actual titular de Dpsca, y al jefe del bloque macrista en Diputados, Cristian Ritondo, quien enfrenta una denuncia en la Justicia por presuntas cuentas no declaradas en el exterior a nombre de su esposa. La semana pasada, Milei defendió a Ritondo públicamente, un gesto que fue interpretado como un intento de atraer a legisladores macristas hacia las filas de La Libertad Avanza (LLA). Contrastó con el silencio del jefe del partido amarillo, el expresidente Mauricio Macri, quien evitó pronunciarse al respecto. Con esta jugada, la Casa Rosada reitera su estrategia: en lugar de forjar un acuerdo global con Macri, busca cooptar individualmente a figuras clave del espacio, como ya hizo al incorporar a Patricia Bullrich y Luis Petri al gabinete.

En su tuit, Sturzenegger también deslizó que el Gobierno pretende eliminar por completo la Defensoría del Público. “El Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”, consideró el ministro. Fue rápidamente respaldado por la legisladora macrista, Silvana Giudici, quien consideró que hay que “disolver el organismo para eliminar definitivamente la supervivencia de ideas antiguas y totalitarias sobre el control de la tarea periodística o de la intervención del estado sobre la formación de la opinión pública”. A través de X, Giudici anticipó: “La 26.522 debe ser modificada a fin de barrer cualquier vestigio de imposición de hegemonía estatal sobre la comunicación social, la libertad de elección de las audiencias y la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos”.

Según informó El Sukaria a LA NACION, Dpsca “tiene los mismos derechos y obligaciones que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que depende del Poder Ejecutivo”. La titular del organismo precisó, además, que el organismo “tiene un presupuesto de $300 millones que se utilizaban en un 96% para pagar sueldos de empleados que se dedicaban principalmente a brindar capacitaciones con la agenda del kirchnerismo en diferentes organismos, como cárceles y ONGs”. Y evaluó: “Estas actividades que realizaba no tenían nada que ver con la ley. Llevaban adelante una persecución ideológica contra periodistas y medios críticos del Gobierno anterior”.

El Sukaria fue nombrada en agosto por resolución del Senado y Diputados. Desde su llegada, puso en venta el trailer que se utilizaba para hacer capacitaciones itinerantes, el auto del organismo y desmanteló dos inmuebles utilizados para guardar material de la Defensoría. Según detalló a este medio, cada empleado cobrara, en promedio, $1,3 millones. “Era una fiesta del empleo público”, consideró. Y sumó: “Esta medida refrenda el cambio cultural impulsado desde Pro. La libertad de prensa es la garantía de la república”.

La decisión del Poder Ejecutivo fue duramente criticada por el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, que señaló: “Rechazamos este centenar de cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país y allana el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener”.

Competencias

La Defensoría del Público depende de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso y actúa como intermediaria entre los productores y emisores de contenidos y los receptores, representando los intereses y derechos de las audiencias. Sus principales funciones, según el artículo 19 de la ley de medios, son:

• Recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público relacionadas con radio, televisión y otros medios regulados por la ley de medios. La Defensoría también puede actuar de oficio ante violaciones a la ley.
• Dar seguimiento y llevar un registro de estas consultas y denuncias, informando públicamente sobre los resultados de su labor. Además, debe presentar un informe anual a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.
• Convocar a organizaciones, centros de estudios y otras entidades para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre los medios de comunicación.
• Organizar audiencias públicas en todo el país para evaluar, junto con la ciudadanía, el funcionamiento de los medios según las disposiciones de la ley de medios.
• Cuestionar la legalidad de normas vinculadas a su competencia y proponer modificaciones. También puede presentar recomendaciones a las autoridades competentes en relación con los servicios de comunicación audiovisual y a los titulares y profesionales de los medios de comunicación.

La titular de Dpsa destacó que los 40 empleados que continúan trabajando en el organismo cumplirán el mandato de la ley de medios y se focalizarán en “hacer un seguimiento de las denuncias, coordinar las audiencias públicas y realizar las recomendaciones pertinentes a los medios de comunicación”.

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