Cómo fue el resurgimiento de Cristóbal López y Fabián de Sousa al calor del poder

El punto de inflexión para Cristóbal López y Fabián de Sousa fue en agosto de 2019. Las elecciones primarias que arrojaron un contundente triunfo para Alberto Fernández, que como abogado asesoró a sus empresas y que como candidato recibió fondos para su campaña electoral, significó un antes y un después para ambos. Siempre al calor del poder.

Menos de dos meses después, y antes de que se celebraran las elecciones generales, López y De Sousa recuperaron su libertad tras pasar meses detenidos. “Ya recuperé la libertad, ahora voy a recuperar las empresas”, anticipó López en cuanto salió de la cárcel.

López y De Sousa continuaron bajo la lupa judicial en múltiples investigaciones penales. Entre ellas, dos vinculadas a los llamados “cuadernos de la corrupción”, a las causas unificadas “Hotesur” y “Los Sauces”, a la llamada “causa Agosto SA”, y a otras del fuero en lo Penal Económico. Pero la suerte comenzó a cambiar para ellos, que pasaron a la ofensiva.

Ambos apuntaron contra el entonces presidente saliente Mauricio Macri. Lo acusaron de haberlos enviado a prisión con el apoyo de una “mesa judicial” liderada por Fabián Rodríguez Simón. Y que lo hizo por negarse a acatar una supuesta orden para encolumnarse detrás suyo y atacar a la expresidenta Cristina Kirchner desde el canal C5N, el diario Ámbito Financiero y otros medios de su holding.

Ya en plena pandemia llegó otro hito en el resurgimiento de López y De Sousa. El gobierno de Fernández impulsó aprobó una moratoria fiscal que la oposición calificó en el Congreso de “traje a medida” de los empresarios. Con esas nuevas facilidades, pudieron sortear las dos negativas que habían planteado los técnicos de la AFIP en sus intentos previos por regularizar la situación fiscal del Grupo Indalo.

Antes de que terminara 2020, llegó otro logro. La Justicia le adjudicó el gigante postal OCA al llamado “Grupo Clear”, la firma con la que López dio sus primeros pasos comerciales en la Patagonia, muchos años atrás, y que en la actualidad manejan algunos de sus alfiles. Oficialmente, López no tiene relación alguna con el “Grupo Clear”, aunque empresarios del sector postal afirman que es él quien los llamó a un par de reuniones.

Con la moratoria ya convertida en ley, en tanto, fue cuestión de tiempo hasta que la AFIP firmó el “avenimiento” con López y De Sousa, facilitándoles así que levantaran la quiebra de Oil Combutibles –corazón del Grupo Indalo–, con un plan de 97 cuotas y una tasa negativa con respecto a la inflación. Así lo dispuso la Justicia en lo Comercial en agosto de este año.

Envalentonados, López y De Sousa siguieron avanzando. Así, mientras que López se convirtió en un jugador político de peso en Chubut –donde se involucró en el armado del Partido Justicialista para las elecciones legislativas–, juntos demandaron a la AFIP con otra de sus empresas, Oil M&S, para que se la incorpore en el padrón de contribuyentes excluidos de los regímenes de recaudación del IVA.

Si a ellos les fue bien, el tercer acusado en el “caso Oil”, Echegaray, también acumuló buenas noticias. En octubre de 2019 fue sobreseído en una causa por violación de secreto y falso testimonio, en mayo de 2020 fue absuelto en un juicio oral por presunto contrabando agravado, dos meses después lo sobreseyeron en una causa por enriquecimiento ilícito, y en septiembre pasado también quedó exculpado en una causa por presunto encubrimiento de Lázaro Báez.

No todas fueron buenas, sin embargo. Así fue como la Justicia les propinó a López y De Sousa algunos disgustos. En Chubut, condenó e inhabilitó de por vida al juez Gustavo Toquier por prevaricar en 2016, en su afán por retener el entonces concurso preventivo de Oil Combustibles en aquella provincia, pago chico de López y De Sousa. También en esa provincia, la Justicia sobreseyó a la jueza en lo Civil y Laboral de Esquel, Alicia Arbilla, a la que López había acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en los juicios laborales vinculados a un frigorífico del holding, Establecimiento Santa Elena.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial determinó a fines de 2020 –y reafirmó a principios de 2021– que López y De Sousa gestionaron su deuda con la AFIP de manera “ruinosa” y fraudulenta”, hasta acumular un pasivo por miles de millones de pesos, y confirmó que el punto que marcó el declive del Grupo Indalo comenzó en 2011, cinco años antes de la fecha que sostienen los empresarios patagónicos.

Pero López y De Sousa siguieron en ascenso. En septiembre de este año, cosecharon nuevas alegrías. La primera, cuando la AFIP se retiró como querellante del juicio oral por “Oil Combustibles” apenas 24 horas antes de que presentar su alegato acusatorio y dejando en soledad –y debilitado– al fiscal Juan Patricio García Elorrio. La segunda, cuando al cabo de unos pocos días, otro de sus abogados, Aníbal Fernández, asumió como ministro de Seguridad.

El actual Presidente y Aníbal Fernández no son sus únicos abogados y amigos poderosos. Porque a ellos se suma, como vicejefe de Asesores de la Presidencia, Julián Leunda, un íntimo colaborador del binomio, y como letrado de De Sousa, Alberto Beraldi, quien también defiende a la actual vicepresidenta y líder del Frente de Todos, Cristina Kirchner.

Un mes después, en tanto, avanzaron en tribunales contra Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Los demandaron por su presunto mal desempeño cuando pretendieron liderar el “salvataje” del Grupo Indalo, en medio del presunto plan urdido por el macrismo para quedarse con el holding.

Allí no se acabaron las buenas nuevas para el binomio. El 19 de noviembre, Vialidad Nacional le preadjudicó un contrato por $6700 millones a la constructora CPC SA por un tramo de la ruta 3, contrato que el gobierno de Macri le había rescindido por incumplimientos varios. Y seis días después, aunque todos los focos periodísticos se concentraron en el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa “Hotesur–Los Sauces”, ellos también figuraron entre los beneficiados por la decisión del Tribunal Oral de no habilitar un juicio oral.

Mientras tanto, en el fuero en lo Penal Económico, López y De Sousa confían en que el tiempo juegue a su favor. Así fue como lograron, a principios de este mes, que el juez Juan Galván Greenway postergue hasta marzo próximo sus indagatorias por la retención indebida de los aportes previsionales de sus empleados y el impuesto a las Ganancias de la firma DH Com SA. ¿La meta de los empresarios? Suspender la acción penal, apoyados en que la empresa también se acogió a la moratoria.

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