Cómo el abogado Fernández complicó al presidente Fernández

El primer tema que aparece con un gran “No” en el manual para la campaña que difundió entre sus dirigentes el Frente de Todos es “Justicia”. Alberto Fernández decidió no atenerse al manual y lo hizo ni más ni menos que en su propia causa.

Lejos de evitar al mundo de los tribunales, se presentó sin que nadie lo citara en Comodoro Py, en la causa en la que está denunciado por haber violado la cuarentena, el año pasado, cuando él mismo había ordenado el aislamiento más estricto. Y lo hizo sin abogado. Fernández ya se había arrepentido públicamente dos veces de haber participado del cumpleaños de la primera dama. Pudo haber cerrado el asunto así y haber derivado el manejo de su causa penal en un abogado defensor con experiencia en frecuentar los tribunales, pero no tomó esa distancia. Él mismo escribió y firmó el pedido de sobreseimiento -con la ayuda de asesores de la Casa Rosada, cuentan en el Gobierno- y linkeó su causa con otro escándalo que sacudió a su gestión y que iba quedando atrás: el caso del vacunatorio vip. Era una cita que bien podría haber resuelto de otro modo porque lo que decía es que no todo comportamiento que genera indignación o repudio es delito. Para colmo, ayer la Cámara Federal revocó ese fallo y ordenó reabrir toda la causa del vacunatorio.

El Presidente incluyó además en su escrito un pasaje que demanda un acto de fe. “El momento particular de la foto que trascendió, tal como se reconoció desde un comienzo, fue la excepción dentro de la reunión donde fuera de ese momento concreto se respetaron los protocolos”, escribió.

En cuanto al trámite de la causa, al haberse presentado sin abogado quedó sin intermediarios oficiales entre los investigadores y él. Y para el afuera, su voz defendiéndose no hizo más que amplificar la entidad del caso, que desde lo estrictamente penal lo investiga por un delito menor, de los menos graves que contempla el Código Penal.

“Elige una centralidad donde no la debería tener. Debería correrse a un costado”, dijo a LA NACION un abogado de consulta del oficialismo que, como otros colegas, está sorprendido por el camino elegido. Según él, hubiera sido más razonable o bien una estrategia de dilación apostando a pasar las elecciones sin sobresaltos, o bien un corte rápido, que impidiera que el caso creciera. “Al proceso no hay que agregarle ni una foja, no hay que entrar en la vorágine de medidas”, sostuvo, en referencia a las medidas de prueba necesarias para chequear cada uno de los argumentos de defensa.

Eso podría haber sucedido si el Presidente se hubiera abstenido de discutir en los tribunales si el caso era o no delito y hubiera ofrecido directamente la reparación económica. De haberlo hecho, además, es probable que hubiera evitado que sea en San Isidro donde se resuelva su caso. Él proponía la reparación, acordaba con el fiscal y el caso llegaba a Casanello casi cerrado. Incluso si el juez se declaraba incompetente, en San Isidro no hubiera quedado casi nada por discutir.

En la Casa Rosada temen que, confirmado el pase a San Isidro, el caso termine en el escritorio de Sandra Arroyo Salgado, la exmujer del fiscal fallecido Alberto Nisman. Es un terreno peligroso para el Gobierno. Arroyo querelló para que se declarara que a Nisman lo mataron y dijo que el gobierno de Cristina Kirchner actuó como “una dictadura ante el crimen” y “formó un grupo de tareas” para desprestigiar a su exmarido. En aquellos tiempos, con Fernández la relación era distinta. Él fue a la marcha por la muerte del fiscal y decía tener dudas de que se hubiera suicidado, dudas que desde el año pasado ya no tiene más.

La estrategia defensiva que eligió Fernández le garantizó sucesivas instancias, con visitas aseguradas a la Cámara de Apelaciones (probablemente, la de San Martín). Es decir, una prolongación de la causa en el tiempo. “¿Qué querés que te diga? Lo manejó él”, dijo a LA NACION un funcionario kirchnerista.

Por un lado, Fernández planteó una “excepción de falta de acción”, alegando que no hay delito por investigar. Más allá de que con los antecedentes del fiscal Ramiro González el planteo bien podría haber prosperado (el fiscal había cerrado una causa por una reunión social en lo de Facundo Moyano), en este contexto Fernández se expuso a la posibilidad de un dictamen adverso del fiscal o un fallo adverso del juez -noticias indeseables en plena campaña-, más un paso por la Cámara, todo antes de llegar a la solución que planteó como subsidiaria: la “reparación” del daño causado.

Si algo le reconocen en los tribunales a Fernández es que al menos evitó presentar como defensor a Gregorio Dalbón, que fue su abogado en otros casos y había contado -sin que el Gobierno lo desmintiera- que estaba resolviendo con el Presidente la estrategia para esta causa mientras acusaba por la radio al fiscal del caso de ser “coimero” y decía que el juez le importaba “un huevo”.

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