Cómo crecieron los reclamos de comunidades mapuches por terrenos del Ejército en Bariloche

A pesar del fallo judicial favorable que el Ejército obtuvo en 2010, la disputa con comunidades mapuches por el predio de la Escuela Militar de Montaña, en Bariloche, se mantiene activa y cada vez comprende más extensiones de tierras.

Aquel fallo, que resolvía un litigio por 43 hectáreas con la comunidad Millalonco Ranquehue, no se pudo ejecutar, luego del relevamiento realizado en 2012 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en virtud de la ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban las comunidades de pueblos originarios, y suspendió la ejecución de sentencias.

Los desalojos, así, se frenaron y hoy la comunidad Ranquehue reclama como propias 180 hectáreas, a lo que se suman las pretensiones de las comunidades Trypay Antú (270 hectáreas) y Quijada (350 hectáreas), lo que conforma una superficie de 800 hectáreas del predio militar de Bariloche.

La situación en el predio militar coincide con la instalación de grupos mapuches en terrenos en Villa Mascardi, lo que genera un fuerte malestar entre los vecinos, que responsabilizan al gobierno nacional.

Tras el reciente incidente en los terrenos de la escuela, los mapuches presentaron documentos respaldatoria del INAI y el Ejército decidió no seguir realizando allí actividades para contribuir a tranquilizar los ánimos. Pero fuentes castrenses afirman que los terrenos pertenecieron siempre al Estado nacional y la Escuela Militar de Montaña los utiliza para sus adiestramientos y cursos.

En el INAI explican que su única intervención fue el envío a la Justicia, en su momento, de toda la documentación existente en el organismo, que data de 2012. También en el Ministerio de Defensa remitieron cualquier consulta a la justicia federal de Bariloche.

El predio de la Escuela Militar de Montaña ocupa unas 3600 hectáreas, que fueron cedidas al Estado nacional en 1937. El Ejército custodia y conserva las tierras desde entonces, a través del Ministerio de Defensa, y en 1965 se instaló la escuela, que imparte cursos de entrenamiento y especialización para la tropa militar de montaña. A lo largo del año reúne a más de 500 oficiales y suboficiales.

"Es un pulmón verde para la ciudad y actualmente, cuando la institución militar no usa las instalaciones, el predio es utilizado por la comunidad, con actividades recreativas al aire libre", contó una fuente cercana a la escuela.

Incluso, está en marcha un proyecto con el gobierno provincial de Arabela Carreras y el municipio de Bariloche para crear en el predio un Parque Central, para reforzar el concepto del uso comunitario. Esta propuesta es resistida por las comunidades indígenas.

Qué dicen los mapuches

La comunidad Millalonco Ranquehue, en tanto, afirmó que dio "por concluida la situación suscitada con el Ejército" y anunció que seguirá utilizando el territorio comunitario en el que estamos construyendo un invernadero, con los vecinos de Villa Los Cohiues, en el marco del proyecto de huerta comunitaria intercultural".

Su abogado, el doctor Matías Schaer, dijo a LA NACION que "nunca hubo una toma ni se ocuparon terrenos", aunque ratificó que el predio pertenece a los mapuches. Confirmó que la superficie reivindicada por la comunidad Ranquehue es de 180 hectáreas y que así lo ratifica la mensura oficializada.

Schaer recordó el fuerte arraigo que une a los Ranquehue con la ciudad de Bariloche, al señalar que "actualmente vive la séptima generación de la familia en la zona" y advirtió, además, que "el INAI no tiene facultades para entregar tierras" y que "el territorio reconocido y mensurado se encuentra a ambos lados de la ruta 82".

Al respecto, el predio en cuestión no formaba parte de la superficie judicializada. Está ubicado entre la ruta 82 y el lago Gutiérrez y la comunidad mapuche alega que usa con frecuencia el terreno para, lleva a sus animales a pastar, juntar leña y realiza ceremonias.

En el momento del incidente, la patrulla del Ejército advirtió que se había levantado una construcción precaria y se habían talado árboles. A raíz de ello realizó una denuncia ante la Dirección de Bosques por deforestación y tala indiscriminada, pero no por ocupación irregular del predio.

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