Comisión bicameral: dudas y críticas de los constitucionalistas al plan del Gobierno para investigar a la Justicia

Todavía no trascendió la letra chica de la iniciativa que busca crear una comisión bicameral para investigar al Poder Judicial. Sin embargo, las intenciones del Gobierno ya sembraron dudas en cuatro expertos en derecho constitucional consultados por LA NACION: Andrés Gil Domínguez, Alejandro Carrió, Raúl Gustavo Ferreyra y Marcela Basterra.

Dos de ellos, Gil Domínguez y Ferreyra, integraron el consejo consultivo convocado por Alberto Fernández que propuso reformas en el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Gil Domínguez, que también fue consultado por Fernández antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias, dijo a este medio que esta iniciativa no estuvo en el informe de la Comisión y que una comisión bicameral para investigar a la Justicia “no tiene andamiaje”.

“No sé si la llamaría inconstitucional, pero no tiene ninguna competencia concreta, no tiene andamiaje en nuestro modelo constitucional”, afirmó Gil Domínguez.

Y enfatizó: “Lo importante es que nosotros, en 1000 páginas, como Consejo Consultivo, no consideramos ni le recomendamos al Presidente que hiciera falta proponer una comisión bicameral. Y cuando yo hablé con el Presidente en ningún momento hablamos de esto. Esto es [Oscar] Parrilli”.

El abogado constitucionalista Alejandro Carrió fue más tajante: “Si agregás por debajo de la Constitución un mecanismo de control intermedio, estás haciendo añicos la Constitución”.

“Es un curso elemental de instrucción cívica -dijo Carrió-. En los artículos 114 y 115 de la Constitución está lo que se puede hacer para determinar si la conducta de los jueces merece algún grado de reproche. El Consejo de la Magistratura tiene entidad constitucional y es el órgano que determina si el desempeño de los jueces amerita un tipo de sanción.”

“Viola la Constitución”

“Si no les gusta esta Constitución, que la cambien. Pero esta Constitución no prevé una comisión investigadora del Poder Judicial, salvo que se trate de analizar qué necesita el Poder Judicial. Si se trata de analizar las necesidades de los jueces a la hora de atender casos en los que, por ejemplo, un hombre que tiene una perimetral acosa y le pega a su exmujer, si es para saber qué recursos tienen los jueces, está bien”, agregó Carrió.

Para Marcela Basterra la iniciativa viola la Constitución Nacional. “La creación de una comisión bicameral para investigar a los jueces es inconstitucional -dijo Basterra-, toda vez que implica la intromisión arbitraria de un poder (el Poder Legislativo) en la esfera de otro (el Judicial). Las inconductas de los jueces deben canalizarse constitucionalmente, por lo que corresponde al Consejo de la Magistratura y al Jurado de enjuiciamiento hacerlo conforme a la ley”.

“La creación de esta comisión en los términos señalados públicamente constituye un mecanismo de amedrentamiento y de presión sobre la Justicia, comportamiento inaceptable en la República y el Estado de Derecho”, consideró Basterra.

Con otra perspectiva, el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, que también participó del consejo consultivo que asesoró a Fernández, dijo: “Las competencias de los poderes constituidos del Estado son determinadas y excluyentes. Muy rara vez una zona de reserva admite la convergencia de otro poder, pero todavía en esos supuestos son hipótesis de ‘cooperación’ entre ellos, no de confrontación”.

“Las comisiones investigadoras tienen larga prosapia en el derecho constitucional escrito de la Argentina. De acuerdo con sus reglas y principios de la Constitución federal y de la inveterada práctica parlamentaria deben funcionar en el ámbito de las competencias del Congreso detalladas por la Ley fundamental sin invadir, lesionar o afectar la zona de reserva del resto de los órganos constituidos para el gobierno federal de la República”, concluyó Ferreyra.

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