Comienza hoy la definición del juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública

El juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y fraude, por direccionar licitaciones para favorecer al empresario Lázaro Báez, ingresa el lunes en su etapa final, con los alegatos contra los acusados, donde la fiscalía probablemente pedirá severas condenas y los defensores, la absolución.

El caso llegará a su fin con un veredicto, en el segundo semestre, cerca de fin de año. Pero ahora entra en la fase decisiva en medio de un clima enrarecido, porque se descubrió la semana pasada que se habían vulnerado los sobres lacrados con la información detallada del patrimonio de los jueces a cargo del juicio, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

El problema no es el patrimonio, que es público, sino que en esos anexos reservados están los domicilios, los datos de las esposas e hijos de los magistrados, sus gastos de tarjetas de crédito, números de cuenta y detalles de inversiones personales. Sin bien los jueces no hablaron sobre el tema, en tribunales sus colegas interpretaron que la irrupción en la oficina de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura podría querer intimidar a los magistrados.

La primera en alegar este lunes será la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el único querellante que quedó en pie en el juicio, pues la Oficina Anticorrupción (OA), que era el otro acusador, se bajó del juicio por decisión de su titular, Félix Crous, que desde que llegó al cargo con el gobierno del Frente de Todos entiende que esa tarea corresponde a la fiscalía.

La UIF tiene tres días para organizar su alegato: el lunes, el miércoles y el viernes. El abogado de la UIF es Diego Duarte. Es una incógnita cual será la actitud de la UIF: si mantendrá el rol de acusador o si por el contrario desistirá de acusar y pedirá absoluciones para los acusados, o tal vez para algunos de ellos, sobre la base de lo que se viene escuchando en el juicio.

Luego de las tres audiencias previstas para esta semana, sean utilizadas o no en su totalidad por la UIF para concluir su alegato, comenzará la feria judicial de invierno. Tras dos semanas de vacaciones, la actividad judicial se reanudará el 1 de agosto.

Para esa fecha está previsto que sea el turno de la fiscalía a cargo de Diego Luciani, que tendrá nueve audiencias para formular un resumen de las evidencias que se escucharon hasta ahora contra Cristina Kirchner y los 13 acusados.

La fiscalía no adelantó si va a pedir condena o no contra la vicepresidenta, pero por la dinámica que tiene el juicio, que ya lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, aún cuando declaró Alberto Fernández como testigo, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que pretende dejar expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de pena, aunque nadie lo confirma en los tribunales, ni siquiera extraoficialmente.

Cristina Kirchner se enfrenta a la posibilidad de que le pidan una condena de entre 5 y 16 años de prisión, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado.

Durante la instrucción del caso, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques lo escribieron así: “La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

De mantenerse esta calificación en el alegato, el jefe de una asociación ilícita es castigado con penas que llegan a los 10 años de prisión y el que comete fraude en perjuicio de la administración pública, con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real, se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir da entre los cinco años de mínima y los 16 años de máxima.

Esto se aplica también a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que son Julio de Vido, José López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados, la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.

Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala penal para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibañez.

Los alegatos serán transmitidos en vivo por TV y YouTube, según decidió el tribunal a cargo del proceso. Tras la fiscalía, el orden de los acusados para alegar es encabezado por Báez y le siguen Collareda, Daruich, De Vido, Fatala, Cristina Kirchner, Garro, Carlos Kirchner, José López, Pavesi, Periotti, Santibáñez y Villafañe.

Los jueces decidieron que todos los acusados deben estar presentes en el Zoom mediante el cual se realizarán las audiencias que son virtuales.

La vicepresidenta está acusada de administración fraudulenta al favorecer a Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas en la provincia Santa Cruz. Ese proceso se inició el 21 de mayo de 2019 y se desarrolló al comienzo de modo presencial y luego, a raíz de la pandemia, de manera virtual o híbrida.

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