Comienza el proceso de apelación de la condena contra Cristina Krichner por corrupción

La condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción comenzó su proceso de apelación. El expediente llegó a la Cámara de Casación Penal que notificó hoy a la vicepresdienta de quiénes son los jueces que revisarán el fallo para que la ella decida si los recusa o no.

Los magistrados que recibieron el caso integran la Sala IV de la Cámara de Casación. Son Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Se descuenta que Cristina Kirchner recusará a Hornos y a Borinsky, pues les cuestionó en esta causa y en la que fue sobreseída por la firma del Memorándum con Irán que hubieran visitado a Mauricio Macri en la Casa de Gobierno o en la Quinta de Olivos cuando era presidente de la Nación.

El presidente de la Sala IV, Gustavo Hornos, informó a los acusados y al fiscal de la radicación del caso Vialidad en su sala y los intimó a que mantuvieran sus recursos de apelación. El fiscal Mario Villar, que actúa ante la Casación, insitirá con el pedido del fiscal Diego Luciani para que Crtistina Kirchner sea condenada no solo por fraude sino también por asociación ilícita. Asimismo, pedirá que se revoquen las absoluciones que beneficiaron a otros imputados.

Por otro lado, las defensas de los condenados pedirán que se revise esa sentencia que a fin de 2022 impusieron los jueces Rodrígo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Con esos recursos, Hornos, Carbajo y Borinsky decirán si mantienen o no la decisión del tribunal oral federal.

Quienes recurrieron ante la Cámara de Casación el fallo del tribunal oral son las defensas de Lázaro Báez, que impugnó la condena de 6 años de años de prisión; Mauricio Collareda, que cuestionó la condena a 4 años de prisión; Raúl Osvaldo Daruich, que recurrió la pena de 3 años y 6 meses de prisión; Cristina Kirchner, que impugnó la condena impuesta de 6 años de prisión; José López, que objetó la condena a 6 años de prisión; Raúl Gilberto Pavesi, que recurrió la condena a 4 años y 6 meses de prisión; Nelson Guillermo Periotti, que cuestionó la condena a 6 años de prisión; José Raúl Santibáñez, que impugnó la condena a 4 años de prisión, y Juan Carlos Villafañe, que impugnó la condena a 5 años de prisión.

Todos ellos fueron condenados –en distintos grados de participación- por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por otra parte, también se presentó ante la Casación el fiscal Luciani, quien recurrió las absoluciones de Lázaro Báez, Cristina Kirchner, José López, y Nelson Periotti por el delito de asociación ilícita. También impugnó las absoluciones de Abel Fatala, Héctor Jesús Garro por administración fraudulenta; de Julio De Vido, por administración fraudulenta y asociación ilícita, y de Carlos Santigo Kirchner. A su vez, el fiscal cuestionó el sobreseimiento por prescripción dictado en relación a Carlos Santiago Kirchner por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con la elevación a Casación y la notificación de la radicación de la causa en la Sala IV de la Cámara ahora se abre una de las etapas finales del proceso.

El fallo se ejecuta -es decir, se cumple con la prisión y la inhabilitación- cuando la última instancia, que es la Corte Suprema, rechaza el último recurso de los condenados.

Tiempos y plazos

Desde el momento en que el tribunal queda confirmado en su integración, comienza el plazo que se denomina “término de oficina”. Son 30 días hábiles (en este caso complejo, de lo contrario serían sólo 10) para que los abogados de las partes accedan al expediente y preparen los recursos que deberán exponer ante los jueces de la Cámara.

En ese término los abogados elaboran sus argumentos para sostener la necesidad de revocar las condenas y la fiscalía buscará que se confirmen. Los plazos dan para que el término de oficina venza en la segunda quincena de julio, días más o días menos. Muy cerca del final de la actividad judicial por la feria de invierno.

Por eso, en agosto, cuando se retome la actividad en los tribunales, los jueces estarían en condiciones de fijar fecha para una audiencia oral y pública en la que convocarán al fiscal Villar y a los abogados para que expongan sus posiciones. Esta audiencia puede ser reemplazada por la presentación de un escrito.

Pero, en otras ocasiones, Cristina Kirchner utilizó esta instancia para exponer oralmente ella misma sus argumentos y denostar a la Justicia.

Por prudencia y timing político, señalan fuentes de los tribunales, es muy improbable que los jueces fijen audiencia en agosto y en los meses subsiguientes, ya que las PASO son el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre.

Así las cosas, las audiencias podrían posponerse para finales de 2023 o febrero de 2024 con lo que la resolución del caso irá necesariamente al año próximo. Tras la realización de esa audiencia los jueces tienen 20 días hábiles para tomar una decisión, si confirman o revocan aunque sea parcialmente la sentencia.

Tras la intervención de la Casación, la fiscalía y los abogados defensores pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver. Es un pronunciamiento de la Corte el que confirma la condena y si es así entonces empieza a correr el cumplimiento de la pena de prisión e inhabilitación. Como Cristina Kirchner tiene más de 70 años, en caso de que se confirmara la sentencia, puede pedir cumplirla en arresto domiciliario.

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