Comenzó la transición en Derechos Humanos, que seguirá siendo una secretaría pero quedó bajo la lupa
Se reunieron el nuevo titular, que es el exjuez Alberto Baños, con el saliente, Horacio Pietragalla Corti; garantizaron que no van a despedir a los empleados que trabajen
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La transición en la Secretaría de Derechos Humanos comenzó este martes, tras una larga reunión que mantuvieron el secretario entrante, el exjuez de instrucción Alberto Baños, con el saliente, Horacio Pietragalla Corti, ligado a La Cámpora e hijo de desaparecidos durante la última dictadura. Tras el encuentro, comunicaron a los empleados de esa dependencia que “no hay plata” pero que “nadie que estuviera trabajando se iba a ir”, dijeron a LA NACION fuentes oficiales.
La Secretaría de Derechos Humanos es una de las áreas del Ministerio de Justicia donde puso el ojo el ministro Mariano Cúneo Libarona, que anticipó que quiere recortar en un 33 por ciento la cantidad de empleados de su cartera, con los contratos que se vencen a fin de año. Solo esta secretaría tiene cerca de 1600 empleados.
Baños se reunió con Pietragalla durante más de dos horas, junto con el abogado Marcelo Ruiz. Tras el encuentro quedó confirmado que Derechos Humanos conservará su jerarquía de secretaría con Baños a cargo. Se especuló con que podía cambiar de estatus y convertirse en dirección, ya que el nuevo ministerio dejó de incluir la denominación Justicia y Derechos Humanos y pasó a ser sólo Justicia en el decreto que diseñó la nueva estructura del Estado.
La reunión fue cordial, dijeron fuentes de la Secretaría, y Pietragalla se ofreció a colaborar en la transición. Seguirá coordinando el proceso con los referentes de las distintas áreas en los próximos días, cuando se vayan cubriendo los cargos.
A pesar de la amenaza de un recorte en el personal, en principio no hay ánimo entre los empleados de llamar a una protesta. Baños comunicó que se revisarán los contratos, sobre todo los del último año, con los directores de cada área.
En su reunión fue muy claro en que “no hay plata”, pero eso no disparó amenazas de protestas de los trabajadores. “No olvidan que Milei ganó las elecciones con más del 50 por ciento de los votos”, dijo una fuente del organismo. “Hay que ver cómo se van dando las cosas. Pero la idea es tranquilizar a los trabajadores acerca de que nadie que esté trabajando se va a ir”, agregaron, luego de la reunión de transición.
Baños es un juez que estuvo en funciones hasta septiembre pasado, cuando el expresidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia. Se trata de un magistrado de la “vieja guardia”, que siempre se desempeñó en la justicia nacional de instrucción. Su causa más resonante fue la del robo de las manos del General Juan Domingo Perón.
La designación de Baños es sugestiva, ya que fue la propia Secretaría de Derechos Humanos la que pidió que el juez se apartara de la causa en la que se investiga la desaparición del Policía de la Ciudad Arshak Karhanyan. Allí, la Secretaría de Derechos Humanos es querellante y en un largo y durísimo texto acusó al entonces juez de “no tener intenciones de conducir la investigación hacia la búsqueda de la verdad” y le reprochó irregularidades en la investigación.
Los perfiles de Baños y Pietragalla Corti no podrían ser más opuestos. Pietragalla Corti es hijo de desaparecidos, restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Es hijo de Liliana Corti y Horacio Pietragalla, nació el 11 de marzo de 1976, unos meses después de que su padre fuera asesinado en Córdoba. Vivió con su madre hasta agosto de 1976, cuando fue asesinada en un operativo en Villa Adelina. Inmediatamente, fue llevado a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, donde los niños secuestrados por la dictadura eran entregados a familias de militares o de las fuerzas de seguridad.
El juez Baños es recordado en la justicia de instrucción por ser implacable y duro a la vieja usanza. En su carrera atravesó innumerables casos difíciles. Un preso le confesó que lo dejaron salir de la cárcel de Caseros para asesinarlo. Baños también integra la Especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), donde Cúneo Libarona fue el decano de la Facultad de Derecho hasta asumir en el Ministerio.
La Secretaría ocupa parte del predio de la ex-ESMA. Allí funciona el museo del centro clandestino de detención, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos, además de albergar a distintas organizaciones de derechos humanos.
Una de las ideas que planteó Cúneo Libarona es trabajar sobre un sistema de control de acceso y egreso de personal, que permita establecer quiénes son los que concurren a trabajar, dónde y las tareas que desempeñan. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el exministro Germán Garavano planteó trasladar a la ex-ESMA la sede del Ministerio de Justicia, desde el microcentro porteño, pero la idea no prosperó.
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