Juicio por usurpación en Villa Mascardi: la machi de la comunidad mapuche será “amicus curiae”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En la segunda jornada del juicio oral y público que se realiza en esta ciudad contra miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, el juez resolvió que la machi Betiana Colhuan declare bajo la figura de “amicus curiae” y se limite a “explicar sobre cosmovisión mapuche”.

Colhuan estaba entre los ocho imputados por los delitos de atentado a la autoridad y usurpación entre 2017 y 2022, a raíz de la ocupación de dos predios ubicados en Villa Mascardi, pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, la machi fue ayer absuelta, ya que era menor de edad en el momento de los hechos (tenía 16 años)

Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados, indicó que si bien Colhuan quedó fuera de la causa tras la absolución resuelta por el juez Hugo Horacio Greca, los defensores pidieron que sea incorporada como testigo. En cambio, el juez resolvió hoy que la machi se presente como “amicus curiae”. Esa figura procesal representa una vía para proporcionar argumentos y opiniones por terceros ajenos al proceso ante un tribunal, como una herramienta que permite clarificar criterios clave para la resolución de la disputa judicial.

La intención de la defensa era que Colhuan declarara como testigo, “para que detalle cómo se realizó el violento desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el 23 de noviembre de 2017″. Consideraron que “es muy importante su palabra porque sufrió en carne propia el violento desalojo que llevaron adelante las fuerzas federales″.

Desde la Gremial de Abogados agregaron que, a partir de la decisión del juez, “el testimonio de Betiana Colhuan deberá acotarse a informar sobre qué significa el levantamiento de una machi al este de la Cordillera de los Andes, la importancia espiritual del territorio recuperado en 2017, pero no podrá dar detalles sobre los hechos de la causa”.

El resto de los imputados son Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Cristian Germán Colhuan y Gonzalo Fabián Coña.

“Cuando ocurrió la usurpación, en 2017, esta comunidad dejó sin abastecimiento eléctrico a toda Villa Mascardi y cuando el juez y el fiscal fueron al lugar los amedrentaron y fueron violentos con ellos. Luego se ordenó un allanamiento y cuando la Policía Federal y la Gendarmería se presentaron, los recibieron con piedras y palos”, dijo a LA NACION el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

Luego de la primera audiencia, celebrada en el Escuadrón 34 de la Gendarmería nacional, con una mínima cantidad de público, Larsen puntualizó que tras el cambio de gobierno, en diciembre de 2019, hubo inacción. “Nadie se presentó para dar impulso a la causa y quedó dormida, con pocos avances, a pesar del buen trabajo de la Fiscalía”.

La Administración de Parques Nacionales se constituyó luego como querellante en la causa por usurpación que es considerada la “causa madre”, ya que existen varios expedientes abiertos en la Justicia relacionadas con estos hechos.

La controversia que ahora llegó a juicio –las audiencias continuarán el viernes y el lunes– se originó luego de que el 10 de noviembre de 2017, un grupo de personas que se autodenominó como perteneciente a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu ingresara a un predio ubicado en el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 Sur propiedad de Parques Nacionales.

La primera usurpación se extendió luego a otros terrenos lindantes, pertenecientes a entidades públicas, sindicales, religiosas y personas particulares.

“Estamos impulsando la causa. El 19 de octubre operaría la prescripción, así que entiendo que tras estos tres días de audiencia habrá una sentencia antes de esa fecha. Se trata de mostrar la voluntad del gobierno nacional, que hay nuevos aires y no vamos a tolerar que se usurpen tierras de parques nacionales. Esperamos una sentencia favorable, que sea condenatoria”, explicó Larsen.

“La idea es dar un mensaje: no nos da lo mismo que los parques estén usurpados o no. Y no es un hecho puntual. También lo hacemos en otros lados, en Los Alerces, con la usurpación de la seccional El Maitenal; en Ciervos de los Pantanos, donde hay una ocupación y también nos presentamos a la Justicia y estamos a punto de obtener el desalojo. Hay otro caso en el parque Aconquija, en Tucumán”.

En Parques Nacionales destacaron que trabajan de forma conjunta con la gran mayoría de las comunidades mapuches en todo el país, como sucede en los parques Lanín y Nahuel Huapi.

Actos de violencia

“Hay otras comunidades violentas, que prefieren estar en la clandestinidad y ejercer actos de violencia contra los funcionarios de Parques Nacionales. Muchos guardaparques fueron golpeados y sufrieron agresiones. No lo vamos a permitir”, señaló Larsen.

-¿Acepta la raigambre mapuche de los miembros de Lafken Winkul Mapu, que fue cuestionada por los vecinos de Villa Mascardi?

-Ese tema le corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Hay muchas comunidades que no son originarias. Jones Huala vivía en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Hay muchos delincuentes que se hacen pasar por mapuches para obtener la propiedad de las tierras y no lo vamos a tolerar.

-¿Qué condena esperan lograr en esta causa?

-La máxima condena que el Código Penal prevé para delitos de usurpación, que es de 3 años de prisión.

-¿Qué planes tienen a futuro para esos terrenos de Parques sobre la ruta 40?

-Ahí está situado el rewe o sitio sagrado, en un terreno en el que estaba el hotel IOS, que fue destruido durante la usurpación. Está previsto hacer una Escuela de Guardaparques. Por eso es muy importante que el tótem que forma parte del rewe se retire. Es simbólico y es el lugar donde se produjeron los hechos de violencia. Para que podamos comenzar la construcción de la Escuela de Guardaparques, ese rewe debe ser retirado. Hoy la Justicia no permite ninguna modificación en ese espacio, pero esperamos que con la sentencia podamos empezar a poner las cosas en su lugar.

Todos los predios ocupados sobre la ruta 40 fueron desalojados en octubre de 2022 durante un operativo del que participaron la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante el gobierno de Alberto Fernández, luego de ese desalojo, el Estado nacional se comprometió a reconocer el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad mapuche en Villa Mascardi. El acuerdo, cuestionado por los vecinos y la oposición, se concretó en junio de 2023.

En tanto, en la Gremial de Abogados consideraron que la sentencia condenatoria “ya está escrita y firmada” y denunciaron que “los racistas y supremacistas nos encerrarán en un cuartel de la Gendarmería, una fuerza nacional de ocupación responsable de asesinatos y desapariciones en los últimos años de democracia”. Transmitieron, así, su desconfianza y rechazo a los funcionarios judiciales, la Administración de Parques Nacionales, las fuerzas federales y muchos vecinos de Bariloche y la Comarca Andina.

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