Comenzó el debate en Diputados para bajar la edad de imputabilidad: el Gobierno quiere llevarla a 13 años

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, defendió en Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El funcionario explicó a los integrantes de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia, y Presupuesto y Hacienda los argumentos del Gobierno para implementar un nuevo Régimen Penal Juvenil, que prevé un máximo de 20 años de reclusión como la pena máxima para los menores condenados.

Mientras que los defensores del proyecto buscan reemplazar una ley de 1980 (22.278) por una nueva norma que se adapte a las mutaciones de la delincuencia; los detractores del proyecto del Ejecutivo solicitan un abordaje integral de esta temática para proteger los derechos de la juventud y evitar su estigmatización.

“Creemos que es una demanda que tiene la sociedad y que, como Poder Ejecutivo, debemos atenderla y trabajarla. Estamos convencidos de que esta ley es muy superadora de la ley del año 1980″, señaló Amerio, un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con tentáculos en todo el gabinete libertario. Como argumentos para impulsar la reforma, Amerio listó “la falta de credibilidad del sistema judicial frente a la falta de atención de los casos de menores que generan impunidad”, el “desfase entre el derecho penal juvenil y el derecho constitucional”, y la “elevada reiterancia del crimen juvenil”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no estuvo presente durante la defensa de la iniciativa del Poder Ejecutivo, a pesar de la exigencia de la oposición. Sin embargo, estuvo reunido en el Palacio Legislativo junto a Martín Menem. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados subió a sus redes sociales una imagen de este encuentro. “Vamos a terminar con la impunidad de los delincuentes. Y vamos a cuidar implacablemente a los argentinos de bien que merecen vivir en libertad, sin miedo y con la Justicia que merecen”, escribió Menem para sostener el proyecto oficial.

El viceministro de Justicia fue escoltado por el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, y el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer. “La ley que queremos reemplazar es una ley rústica, que no cuenta con una diversificación punitiva. Apuntamos a encontrar formas de castigo más racionales y proporcionaes para lograr resultados a menor costo. Este proyecto ofrece una paleta de opciones punitivas como no punitivas y buscamos darles a jueces y fiscales un conjunto de herramientas que pueda adecuarse al perfil de los imputados en los casos que tengan que resolver. Creemos que la reforma sería una innovación muy importante considerando la escasez de repsuestas que plantea la ley vigente”, explicó Nanzer.

Desde la oposición, la diputada chubutense Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) enfatizó la necesidad de dar un debate “serio y profundo”. “Si el poder judicial no es creíble es por muchas otras cosas que no nos traen hoy acá. ¿Cuáles son las políticas públicas para niños que va a llevar adelante el Gobierno?”, consultó la legisladora, que solicitó la presencia de funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo. Alianello es la autora de uno de los proyectos que busca reemplazar la Ley Penal Juvenil actual. Si bien dicha iniciativa no contempla una baja de la edad de imputabilidad, apuesta a fortalecer el sistema de protección integral y del servicio de protección de derechos de los adolescentes.

Por parte del radicalismo, la diputada santacruceña Roxana Reyes, presentó un proyecto que busca establecer un régimen específico para menores de 18 años que hayan infringido la ley penal, adecuándose a los estándares internacionales y garantizando los derechos fundamentales de los adolescentes. Propone que el nuevo régimen se aplique a menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos según el Código Penal. Los menores de 14 años quedarán exentos de responsabilidad penal, garantizando así que no sean perseguidos ni se les impongan medidas restrictivas.

La multiplicidad de proyectos –de diferentes espacios políticos– relativos a este tema da cuenta del consenso que existe para reformar la ley vigente. Actualmente existen 13 proyectos que apuntan a modificar el régimen penal juvenil actual, tanto de referentes del dialoguismo como del kirchnerismo.

Detalles del proyecto

“Tenés 13 años: si las hacés, las pagás”, tuiteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para anunciar el envío al Congreso del proyecto que busca bajar la edad a partir de la que una persona se considera penalmente responsable.

La iniciativa contempla que si la Justicia impone una condena condicional “se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.

Si la condena impuesta es de entre tres y seis años y “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por “amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”.

En el proyecto también se establece que “en los casos de menores no imputables (menores de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.

En el artículo 4 del proyecto de ley se afirma: “La finalidad principal del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley, procurar que tenga un futuro de vida en paz y armonía con integración social”.

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