Comenzará en 2025 el juicio contra Andrea del Boca y exfuncionarios kirchneristas por el finaciamiento para una novela que no se terminó

La causa en la que la actriz Andrea del Boca y exfuncionarios del kirchnerismo, entre los que se encuentra Julio de Vido, fueron procesados por defraudación al Estado, llegará a la instancia de juicio oral y público. El cierre de la instrucción y elevación, por parte juez federal Sebastián Ramos, se hizo en abril de 2019 y recién el viernes pasado, más de cinco años después, se definió la fecha para el comienzo del juicio en el que se investiga el reparto irregular de fondos públicos para una telenovela y una miniserie que no se habrían terminado.

La audiencia inicial se hará el jueves 6 de marzo de 2025 y habrá, a partir de entonces, audiencias semanales . Los imputados son Julio Miguel de Vido, exministro de Planificación Federal; Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo y Hugo Jorge Nielson.

Se citaron a 97 testigos, entre los que están los actores Marcelo Mazzarelo y Fabián Mazzei, figuras del espectáculo como Fernando Dente, políticos como diputado de Pro Hernán Lombardi y Tristán Bauer, exministro de Cultura, entre otros. Quedaron pendientes las convocatorias a Alejandro Alfie, periodista, y Sebastián Ortega, el director de cine, pedidos por el abogado Juan Pablo Fioribello, que defiende a Andrea Del Boca.

“Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Si, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujo deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”, dijo Del Boca en un comunicado en sus redes sociales.

En la causa se investigaron presuntos ilícitos que se habrían cometido con la intervención de exfuncionarios y empleados de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa). Los convenios investigados son los que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora privada A+A Group SRL para la telenovela Mamá Corazón, que no se habría concretado.

Según la defensa de Del Boca, los capítulos se hicieron, pero no se publicaron. “El error radicó siempre en que se decía que la novela nunca salió a la luz. Andrea, por contrato, no le correspondía exhibirla. Andrea lo que tenía que hacer era solamente dar el contenido al banco audiovisual. Nunca exhibirla. Ella dio la totalidad del contenido, 100%. Es el banco el que todavía no la exhibió. Ahí radica el error sustancial en esta causa. La novela fue hecha, la novela fue rendida, la novela fue auditada. No se exhibió porque quien tenía que exhibirla por contrato decidió no terminarla y no exhibirla. Pero la función de Andrea era dar el contenido, te repito”, dijo Fioribello.

El circuito involucró, según la instrucción, la actuación de funcionarios y empleados para la firma de dos convenios por $344 millones (los ACUDGDyME N° 1234/11 por $232.433.300,00 y el N° 1226/15 por $121.008.105,90) para financiar dos producciones: la miniserie El Pacto (antes denominada Será Justicia y otros) y la telenovela Mamá Corazón.

En el procesamiento, en 2018, el juez Ramos enumeró 20 irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en los contratos y en el flujo de dinero. La principal crítica es que se contrató a productoras privadas para las realizaciones cuando el Convenio contemplaba que eran parte de los trabajos que haría la Universidad de San Martín.

En el primer tramo de cada una de las maniobras, se desviaron presuntamente los fondos mediante los convenios con la UNSAM, lo que permitió eludir los controles. La Universidad percibiría un canon del 10% de los recursos comprometidos, en concepto de honorarios y gastos administrativos. Las productoras privadas, además de obtener el financiamiento con fondos públicos, generarían sus propias ganancias. Todo ello, habría provocado un perjuicio económico para las arcas del Estado por la innecesaria tercerización para la producción de los contenidos audiovisuales.

Para transferir la plata a las productoras se habría armado un sistema de triangulación. Primero se firmó un convenio con la UNSAM para producir contenidos digitales con un presupuesto de $232.433.300,00. Luego se firmó un convenio con el INCAA para la producción de contenidos audiovisuales para el fortalecimiento del sistema de televisión SATVDT y se licitaron diez series en HD.

“Después de tanto tiempo, la justicia le puso fecha de inicio a este juicio. Andrea lo tomó muy bien, estaba muy contenta. La verdad que creo que no hay persona más interesada en que se aclare la verdad que ella misma, porque esto le ha hecho un daño enorme a su vida, en lo personal, a su carrera, en todo, de manera que estaba muy muy segura y muy confiada en esto”, comentó Fioribello.

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