Comedores: limitados por la falta de alimentos solo tienen productos para dos semanas más

“Ya no tenemos nada”. Hasta los primeros días de enero Marcela Juárez manejó un comedor en el partido de Merlo. Junto con una veintena de personas garantizaba una merienda diaria y tres comidas semanales. Fueron ajustando las porciones. Pasaron del gas a la leña. Promovieron algunas ventas para sostener, pero no alcanzó. Su comedor era la rueda de auxilio para más de 100 personas y uno de los tres que la organización William Cooke tenía en el territorio. No hubo donación ni rifa que pudiera reponer la mercadería que falta para su funcionamiento. “No hay plata en la calle. No conseguí nada por ningún lado. Ya no podemos abrir”, explica Juárez. Fin.

Con el objetivo de recortar el poder territorial de las organizaciones sociales e instalar un nuevo esquema de asistencia en los comedores -concluida una auditoría-, el Gobierno discontinuó la entrega de alimentos “secos” apagando algunos de los puntos de una muy ramificada red de contención, que comienza a mostrar signos claros de saturación. Los espacios que siguen asistiendo, sobrecargados por la creciente demanda, recortan los días de asistencia, achican las entregas, y dibujan algunos cálculos.

“Nos queda para 10 o 15 días”, estima Laura Civelli, dirigente de la UTEP, el gremio que nuclea a los trabajadores de la “economía popular”. En el barrio de Constitución tienen uno de sus comedores. Por un gran portón negro se entra a un patio profundo, flanqueado por dos construcciones bajas. En continua marcha, militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se dividen las tareas que comienzan con las primeras horas de la mañana.

Al calor de 20 ollas –hasta hace poco eran 13- el comedor despacha comida tres veces a la semana para 1700 personas, según afirma Marcos Almada, uno de los encargados. “Son 2400″, corrige, con el cuaderno en la mano. Asegura que muchos de los comedores de la zona cerraron y parte de esa demanda se volcó sobre el comedor de la UTEP. “Estamos como en la pandemia”, grafica Civelli, en alusión a la asistencia que reciben.

Allí, recuentan, administran y estiran lo último que queda de los recursos recibidos a fines del año pasado. Es dinero que el exMinisterio de Desarrollo Social -hoy degradado en Secretaría- bajó a través de convenios a algunas de las organizaciones sociales con el objeto de paliar la urgencia alimentaria y enmendar un problema estructural que heredó la nueva administración: la reticencia de los empresarios a iniciar procesos con un Estado que demora en sus pagos en un contexto de alta inflación.

Es la solución que la última gestión encontró para sortear los tiempos del Estado y no cortar con la entrega de alimentos. Algunas organizaciones lo recibieron en octubre, otras en noviembre. Es lo que, según Civelli, se acaba en algunos días, y parte del desmanejo denuncia el nuevo Ministerio de Capital Humano. “Más del 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia que recibían”, apuntan.

Este viernes, luego de no poder abrir el miércoles, el comedor recibió un nuevo aluvión de vecinos que entre las 11 y las 15 formaron dos largas y sostenidas filas. Por momentos, tocaban las esquinas de la calle Pedro Echagüe. De un lado, se estiraba la hilera de quienes llegan con algún tipo de recipiente para volver con la comida a sus hogares. Del otro, formaban aquellos que reciben una “bandejita” y se acomodan en el alfeizar de alguna ventana, se sientan en el cordón de la vereda, o comen parados.

“¿Hay una ducha libre?”, pregunta, a los gritos, un visitante desde la valla que ordena el ingreso al comedor por el portón. La asistencia no se agota en lo alimentario. El espacio cuenta con peluquería, un centro de primera escucha, una oficina para encauzar trámites, guardería, apoyo escolar y ambulancias con enfermeros. En noviembre del año pasado, la UTEP, que cuenta con casi medio millón de afiliados –la UOCRA, por caso, tiene 800 mil-, celebró sus primeras elecciones y coronó a Alejandro “Peluca” Gramajo como su nuevo secretario general. Hubo acuerdo y presentaron lista única. “Nosotros queremos orden. Está todo bien con la auditoría, no estamos en desacuerdo”, explica un dirigente. “Busquemos los mecanismos que hagan falta, pero ordenemos la entrega. Orden”, repite.

Con todo, las organizaciones sociales miran de reojo la iniciativa “tarjeta” que busca implementar el Gobierno. Es que la medida se cimenta sobre un axioma: debilitar a las organizaciones para eventualmente hacerlas a un lado. Por fuera de ese objetivo, distintos dirigentes observan un problema al resaltar una ley del mercado: atomizar la compra de alimentos en los comedores comunitarios –tal como promueve el Gobierno con la tarjeta– reduce la cantidad de comida que se puede comprar. “Es compra minorista”, señala un dirigente. Es lo que sucede, explican, con los convenios que otorgó el Gobierno anterior. Además, por lo bajo, algunos reniegan de la sobrecarga administrativa que supone el proceso de compra.

Almada, uno de los tres encargados del comedor de Constitución, concluyó su labor por la tarde y partió en su Berlingo camino a la costa. Se fue para Las Toninas, a otro comedor que ofrece alimento a los que emprenden tareas de limpieza y cuidado de la playa. “Todos hacemos un poco de todo”, explica. Entre las ocupaciones diarias, se encuentra la tarea de apagar las tensiones que la espera y los lugares de la fila despiertan en los que asisten al comedor. “Son las mañas de la calle”, desliza un referente.

Sin asistencia

Entre el barrio la Prosperidad y el complejo “Los privilegiados”, se encuentra Manitos Unidas, un merendero que atiende una vez en la semana en el partido de Berazategui.

“Andrea x 6; Daniela x 4; Mirta x 7″, reza el registro que lleva Romina Mereles González de los asistentes y las raciones que llevan. Con ese cuaderno se planean las compras y las entregas, al tiempo que se monitorean las necesidades del barrio. Hace unos pocos meses, incluyeron a “la gente de Marítimo”, un barrio a 30 cuadras del merendero.

La frecuencia de apertura está atada a la recaudación de la semana: a través de un programa municipal, recolectan cartón, vidrio y plástico para, cuando lo permite el volumen acumulado, llamar al camión para su retiro. El cartón “de primera”, a 50 pesos el kilo, es el corazón del negocio que les permite abrir una vez a la semana, en ocasiones dos.

Las encargadas del merendero, militantes del Movimiento Evita, desmienten los señalamientos recurrentes de otras agrupaciones sociales: que el Evita, por sus terminales políticas con el gobierno anterior, siempre recibió más y mejor mercadería. Aseguran que hace un año y medio no tienen auxilio del Estado y que se autosustentan con el negocio del cartón y el apoyo de los comercios barriales. Cuando no se puede abrir siquiera una vez, cada una de las que puede pone mil pesos para sostener la entrega semanal.

Este viernes ofrecieron “roscas”: una masa de harina, cebo y azúcar que fritan en aceite. En 17 minutos entregaron todo lo que planifican desde la mañana entre 8. De tanto en tanto, si pueden superar el guiso, ofrecen una comida. “Tratamos de que sea distinta a la de la casa. Una vez hicimos empanadas”, recuerda González. ”Por como estamos, ahora sí deberíamos pedir ayuda al municipio”, considera.

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