Colectivos: el Gobierno busca recortar los subsidios a la Ciudad, pero sin tocar los giros en favor de la provincia de Buenos Aires
En otros distritos se quejan de que la Nación destine recursos para sostener el transporte entre CABA y el conurbano cuando no hace lo mismo en las demás jurisdicciones del país
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CÓRDOBA.- Al inicio de su gestión, Alberto Fernández pretendía una “tarifa federal” para el transporte urbano de todo el país con el objetivo de que el precio del boleto fuera similar al de la ciudad de Buenos Aires (hoy, 18 pesos), pero cuando el equipo del Ministerio de Transporte empezó a hacer los números, la idea se archivó. Ayer se avanzó en uno de los reclamos de los gobernadores: se anunció un proyecto para quitarle los subsidios a 32 líneas de CABA. Sin embargo, se mantienen para 268 líneas del AMBA, de las cuales aproximadamente la mitad unen el conurbano con territorio porteño.
Fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien insistió con el tema en respuesta a los planteos que, en conjunto, hicieron las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe, que la semana pasada aumentaron su boleto urbano.
Las 300 líneas de transporte que hay en CABA y AMBA son -junto a las que unen Resistencia con Corrientes y Neuquén con Cipoletti- las que están fuera del Fondo Compensador para las provincias que se creó con el pacto fiscal firmado en 2017 entre los gobernadores y el entonces presidente Mauricio Macri y que reemplazó los subsidios.
Ese Fondo Compensador, cuando asumió la actual administración, condicionó los giros a que el precio del transporte quedara congelado, una política que solo se pudo cumplir unos meses. Más allá de lo que pone la Nación (el año pasado $28.000 millones contra $180.000 millones para AMBA y CABA) todo el dinero extra que se necesita lo deben poner las provincias o los municipios.
Ese es el motivo de los reclamos de las provincias. Desde la Nación les advierten que ellas aceptaron esas condiciones y la respuesta es que de ese consenso muchos aspectos quedaron sin cumplirse, como por ejemplo, la eliminación progresiva de los subsidios para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, y que Aysa pasara a manos de CABA.
El documento con el que Transporte anunció la transferencia de las 32 líneas a CABA señala que la provincia de Buenos Aires “ya tiene en el conurbano a su cargo el financiamiento del sistema de las 128 líneas provinciales más las 114 municipales”. Según fuentes consultadas por LA NACION eso es “parcialmente” cierto ya que siguen siendo fondos de la administración central girados en forma de transferencias discrecionales las que tienen ese destino.
Es más, repasan que esa situación no comenzó con Axel Kicillof, sino que ya existió cuando María Eugenia Vidal era gobernadora de Buenos Aires. “Siempre hubo un trato diferente al que tienen el resto de los distritos”, se sincera un especialista que pasó por el Ministerio de Transporte.
Detalla que para las líneas que unen CABA y AMBA -denominadas líneas interjurisdiccionales- el fondeo original preveía que el 45% lo aportara Buenos Aires, igual cifra la Nación y 10%, CABA. “Sin girarlo como subsidio de transporte, la Rosada pone la plata de la provincia y completa lo que excede los $600 millones que usa la administración de Horacio Rodríguez Larreta para ese fin”, sostiene el especialista.
Los mandatarios del interior cuestionan por qué esas líneas interjurisdiccionales no existen en otras provincias (los únicos antecedentes son Corrientes-Resistencia y Neuquén -Cipoletti). “¿Por qué la Nación no cubre Santa Fe-Casilda o San Luis-Río Cuarto?”, se preguntan en Córdoba, donde el gobernador Juan Schiaretti volvió sobre las “inequidades” de los subsidios al abrir el año legislativo, hace unos días.
“El traspaso de 32 líneas a CABA es un gesto, pero la porción grande queda igual”, confió un funcionario municipal rosarino. Incluso dos exfuncionarios recordaron que Kicillof planteó en una reunión sobre el tema, apenas iniciada la gestión de Fernández, que le habían “asegurado” que su gobierno no pondría plata. Por eso hay giros nacionales que cubren esa diferencia.
También durante la gestión de Juntos por el Cambio, a comienzos de 2019, se eliminaron los subsidios al gasoil para las empresas de transporte urbano (el sistema se llamaba Sistau). Fue un golpe más al esquema y un alza en los costos de la prestación.
En ninguna ciudad del interior del país el boleto se paga 18 pesos, como CABA; en el caso de Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, cuesta $59,35. En Necochea, $80; en San Martín de los Andes, $79.89; en Bahía Blanca, $76; en Villa La Angostura, $65; en Bariloche, $62; en Villa Merlo, $60; en Junín $60; en Corrientes $60 y en Mar del Plata $59,90.
Reclamos generalizados
Además del planteo de los municipios de Córdoba, Rosario y Santa Fe, en un encuentro de la Juventud Radical en Entre Ríos, el jujeño Gerardo Morales -acompañado por legisladores nacionales- reclamó un proyecto de país “desarrollista y federal”. Dijo que creen en el equilibrio fiscal, pero no hacen “del equilibrio un fin en sí mismo”.
Además, un informe de la consultora Idesa señala que en el caso de la electricidad, la generación y el transporte son competencias de la Nación, mientras que la distribución al usuario final es competencia de las provincias. Bajo la misma lógica, el transporte urbano es competencia provincial y municipal. “Sin embargo, en el caso particular del AMBA, la distribución de la electricidad y el transporte urbano todavía siguen a cargo del Estado nacional”.
Es así porque no se trasladaron esas funciones a CABA en 1996. “Por esta razón, el Estado nacional termina financiando, con fondos federales, subsidios a los servicios públicos que deberían ser financiados por la CABA y la provincia de Buenos Aires en el Conurbano. Un avance ordenador clave es trasladar estas competencias a estas dos jurisdicciones, que ellas decidan si mantienen los subsidios y, de hacerlo, los financien con sus propios recursos”, añade el reporte.
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