Seis claves para entender el expediente en Nueva York que salpica a funcionarios kirchneristas

Otra vez la justicia de Estados Unidos incomoda a Axel Kicillof. Pocas semanas después del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la forma en que se estatizó en 2012 el 51% de las acciones de YPF, un juicio perdido en Nueva York por la Provincia expuso supuestos movimientos de dinero de al menos cuatro funcionarios del gobierno bonaerense y del secretario massista José Ignacio de Mendiguren.

El origen de esas revelaciones es un litigio iniciado por los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings contra la provincia, tras rechazar el canje con el que Kicillof reestructuró la deuda provincial de US$7148 millones en 2021. Aunque el gobernador celebró en su momento un “acuerdo total” con los bonistas, hubo un 2,5% de los tenedores de deuda que no entró en el canje. Glacial y TRSE plantearon un reclamo en Nueva York por una cifra total de 27 millones de dólares. El abogado litigante es Dennis Hranitzky, viejo conocido de la Argentina, porque fue quien consiguió en 2012 el embargo de la Fragata Libertad en Ghana, como parte del reclamo de un grupo de holdouts.

La jueza del Segundo Distrito de Nueva York Mary Kay Vyskocil resolvió el 20 de marzo de este año en favor de los demandantes, al considerar que el gobierno de Kicillof “negoció de mala fe con los inversores e impulsó una reestructuración hostil y coercitiva”. Glacial y TRSE obtuvieron una sentencia favorable que obliga a la Provincia a resarcirlos con un total de 35.092.958,41 dólares, más los intereses que se generen hasta el pago. Buenos Aires se niega a pagar.

¿Cómo se llega a investigar a funcionarios del kirchnerismo?

Ante la negativa de la Provincia a pagar el juicio, el 2 de mayo los demandantes consiguieron que se intimara a 11 bancos de Estados Unidos a proveer información sobre eventuales bienes que puedan ser vinculados a Buenos Aires, con la intención de reclamar su embargo y satisfacer así la sentencia.

Lo que se busca son registros de transferencias y otras transacciones financieras vinculados a entidades del gobierno provincial, empresas públicas y funcionarios o individuos que puedan haberse apropiado indebidamente de fondos pertenecientes a esos organismos. Siempre con la intención de identificar dinero que pueda ser derivado al pago a los bonistas que ganaron el juicio.

¿A qué funcionarios pusieron en la mira?

Para decirlo en términos simples, los demandantes tiraron el mediomundo. El pedido de información financiera a los bancos incluye a Kicillof, su esposa, todo su gabinete de ministros, decenas de funcionarios de segunda línea, todos los intendentes del conurbano y alrededores, directivos de empresas públicas provinciales y algunos contratistas. Pero no se quedan ahí: reclaman un rastrillaje sobre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, un centenar de funcionarios nacionales, todos los gobernadores de provincias, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, legisladores nacionales y provinciales, además de instituciones públicas y una larga lista de personas involucradas en investigaciones de corrupción en la Argentina. Los dividen en tres niveles de prioridad.

Por una u otra razón, están en los listados los cinco candidatos a presidente que competirán el domingo 22: Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti.

Exigen que se les informe sobre cualquier movimiento vinculado a estas personas o entidades que supere los 25.000 dólares desde 2013 hasta la actualidad.

¿Qué información obtuvieron hasta ahora?

A partir de ese proceso, los abogados de los fondos lograron que ocho de los bancos les aportaran la información requerida. En un escrito presentado el martes ante la jueza, indican que en esa primera búsqueda aparecieron movimientos sospechosos que atribuyen a Carlos Montaña, jefe de la unidad ministro de Sergio Berni; a Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; a Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, a la abogada Ana María Bazán, de la Asesoría General de Gobierno de Kicillof, y del secretario nacional de Producción, José Ignacio de Mendiguren.

El detalle de las transacciones que mencionan en el escrito que se conoció ayer está incluido en el expediente judicial pero es información que se etiquetó como “clasificada”, a la que solo pueden acceder las partes.

¿Qué dice el nuevo reclamo de los demandantes?

El documento que publicó en exclusiva Carlos Pagni en LA NACION es una nueva petición a la jueza, en la que los demandantes piden una moción que obligue a rastrear y entregar información al Bank of New York Mellon (BoNY), su subsidiaria Pershing y American Express.

Según explican en su presentación, existen indicios de que BoNY y Pershing “tienen un papel muy importante en la transferencias internacionales de dinero desde Argentina”. Explican que desde mayo los representantes de los bonistas que litigaron contra la Provincia se reunieron con funcionarios de esos bancos, pero no logran avances en la entrega de datos.

Añaden que, pese a acordar una limitación de la cantidad de nombres y de la ventana temporal a revisar, los bancos respondieron primero que solo podrían buscar 5 términos a lo largo de seis meses. Después ampliaron la oferta a 20 de los casi 250 nombres que los demandantes consideran prioritarios. Los litigantes aceptaron revisar en principio esos 20 términos de búsqueda, sin resignar el derecho a pedir datos sobre el resto. La primera tanda de prueba, indican, llegó el 2 de agosto. “Aunque limitada, contiene una alta proporción de registros relevantes”, escribió Hranitzky. Dos semanas después pidieron ampliar la búsqueda, pero el BoNY y Pershing se negaron a aceptar más de 40 términos.

Empezó entonces una negociación inconducente que derivó en este pedido de intervención de la jueza para que resuelva quién tiene razón.

En el caso de American Express denuncian que no han encontrado disposición por el momento a discutir la entrega de información sobre giros de dinero desde Argentina.

¿Por qué tienen tanto interés en lo que digan esos bancos?

Los demandantes indican que en las bases de datos del BoNY y de Pershing pueden aparecer fondos del exjefe de Gabinete Martín Insaurralde. En el escrito judicial, los abogados indican que el exfuncionario “inexplicablemente pagó US$20 millones en un acuerdo de divorcio y fue fotografiado mientras disfrutaba lujos que no podría justificar legítimamente”. Sostienen que hay sospechas de que Pershing movió esos millones, usando como apoderada a la financiera uruguaya Pro Capital.

¿Cómo sigue ahora el caso?

La jueza Vyskocil debe decidir si aprueba la orden para obligar a los bancos a entregar toda la información sobre los funcionarios considerados objetivos prioritarios por los bonistas.

La producción de pruebas tendiente a buscar fondos que puedan satisfacer la sentencia continuará mientras el gobierno bonaerense no pague los 35 millones de dólares más intereses. Cuando tengan toda la información buscada, los demandantes pueden reclamar al tribunal el embargo de bienes que considere atribuibles al deudor que perdió el juicio.

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